Este viernes, Poder Judicial, TSE y Asamblea Legislativa fueron notificadas de la opinión de Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por: Irene Vizcaíno 12 enero

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Judicial comenzaron este viernes el análisis de la orden emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para implementar en el país el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el primer caso, el estudio se le encomendó a una comisión conformada por el oficial mayor civil y la jefa de la oficina de Inscripciones– ambos del Registro Civil– un letrado y el asesor legal del Tribunal.

Así lo informó el jerarca del TSE, Luis Antonio Sobrado, este viernes, en conferencia de prensa. La intención es que este grupo proponga a los magistrados las medidas de corte registral necesarias.

El Tribunal es el ente rector del Registro, entidad que lleva la información de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros datos de los ciudadanos.

Mientras, en el Poder Judicial, la Dirección Jurídica será la encargada de realizar la revisión de la opinión consultiva para entregarle un informe a la Corte Plena, según confirmó la Oficina de Prensa.

No fue posible consultar a la Asamblea Legislativa.

Las acciones se dan luego de que al mediodía de este viernes se realizara la notificación oficial del pronunciamiento de la Corte IDH por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Verónica Vega, jefa de prensa de esa entidad, explicó que a las instituciones se les envió una copia certificada de la opinión consultiva, para que cada una tenga conocimiento en detalle de los alcances de la misma.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto procedió a comunicar oficialmente los alcances de la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa a la solicitud de opinión formulada por Costa Rica sobre las obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo", dijo la Cancillería en un comunicado.

La gestión se realiza tres días después de que el tribunal internacional entregara al país la respuesta a una opinión planteada en mayo de 2016, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo y entorno al cambio de nombre de la población homosexual.

09/01/2018. Fuente de la Hispanidad, San Pedro de Montes de Oca. Miembros de la comunidad LGBTI celebran en la Fuente de la Hispanidad, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, la opinión de la Corte Interamericana, el martes. Mayela López
09/01/2018. Fuente de la Hispanidad, San Pedro de Montes de Oca. Miembros de la comunidad LGBTI celebran en la Fuente de la Hispanidad, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, la opinión de la Corte Interamericana, el martes. Mayela López

"En la Opinión Consultiva OC-24, la Corte reconoce ampliamente los derechos a la identidad de las personas trans y a la orientación sexual, específicamente el cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y los documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de género auto-percibida.

"Asimismo, señala que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, garantizando el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio", señaló la Cancillería.

Este pronunciamiento alcanza a los 20 países que reconocen la potestad de la Corte IDH.

Instituciones deciden cómo

Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, precisó que el Ejecutivo no le puede indicar a las instituciones implicadas las medidas a tomar.

"Nosotros no le podemos decir a la Corte (Suprema) o al Tribunal Supremo de Elecciones (rector del Registro Civil) o a la Asamblea Legislativa qué tienen qué hacer. Lo que hacemos es comunicarles oficialmente la opinión consultiva para que cada uno tome acciones en el ámbito de sus competencias", explicó.

Un día después de que se conociera el pronunciamiento de la Corte, la organizaciones LGBTI (de defensa de derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) instaron al Gobierno a validar los derechos ratificados por la opinión consultiva.

No obstante, las instituciones responsables, como el Registro Civil, estaban a la espera de ser notificadas para determinar las medidas.

Colaboró la periodista Sofía Chinchilla