Organizaciones LGBTI llaman a validar matrimonios y cambio de género y nombre
Piden denunciar si les niegan derechos ratificados en pronunciamiento de Corte Interamericana<br>
Organizaciones LGBTI celebraron la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instaron a las personas de esta comunidad a que exijan el cumplimiento de la misma.
Representantes del Frente por los Derechos Igualitarios hicieron un llamado este miércoles a las personas LGBTI a que se “muevan” para que hagan valer derechos como el matrimonio igualitario y el cambio de género y de nombre en el Registro Civil.
Larissa Arroyo, vocera de la agrupación, aseguró que a partir de este momento la gente puede ir a los juzgados a oficiar su matrimonio o buscar notarios para que los realicen.
“Si les niegan sus derechos o les discriminan, deben documentarlo e interponer las denuncias ante la Defensoría de los Habitantes, las contralorías de servicios o hasta la Sala Constitucional”, expresó Arroyo.
De acuerdo con la vocera, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer el martes, es clara en cuanto al reconocimiento de derechos.
"Teniendo este sustento jurídico que nos permite ir hoy mismo a un juzgado a solicitar el reconocimiento de un matrimonio o por ejemplo el cambio de nombre es algo que es posible, pero es la hora de actuar, tenemos que recurrir a esa exigencia de esos derechos que por fin fueron reconocidos", dijo Arroyo.
Asimismo, recordó que la Sala Constitucional ha sido “tajante” al señalar que las opiniones consultivas tienen el mismo caracter vinculante que la sentencia de un juez de la República.
Organizaciones LGBTI celebraron la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instaron a las personas de esta comunidad a que exijan el cumplimiento de la misma.
"Ante los cuestionamientos de que podría haber un gobierno conservador tenemos que recordar que hay una división de poderes y que hay un estado de derecho y una normativa que implica respetar el criterio de la Corte
“Quien no quiera reconocer la opinión consultiva no puede llamarse presidente de la República”, dijo Arroyo.
La vocera indicó que consideran que con el criterio no es necesario un cambio en el Código de Familia para hacer valer los derechos, pues la opinión deja claro que no se puede discriminar por orientación sexual, lo que significa que pueden tener acceso a las figuras jurídicas que ya existen como lo son el matrimonio igualitario y la unión de hecho.
"Siendo que no hay una restricción porque a diferencia de FIV que había riña con el derecho a la vida, en este caso no hay ninguna riña con ningún derecho de nadie más, porque si yo me quiero casar con una mujer no le afecta a nadie más, y de manera que al tener una normativa que es superior como la Opinión Consultiva, la interpretación que se puede hacer es que es equivalente a cualquier persona" , afirmó.
Por su parte, Tomás Campos, de la organización Siwo Alar, instó a las personas trans a acudir al Registro Civil para que exijan que su cédula sea congruente con su identidad y género.
Dayana Hernández, representante de Trans Vida, por su parte añadió que esta posibilidad de corrección de nombre y rectificación de género en los documentos de identidad se traduce en la posibilidad de continuar en centros educativos, tener títulos universitarios y por lo tanto aspirar a trabajos dignos.
"El impacto positivo que tiene esta resolución se traduce en libertad, dignidad y respeto, en garantizar los derechos básicos de todos los ciudadanos", aseguró Hernández.
La decisión de la Corte responde a una consulta realizada por el gobierno de Luis Guillermo Solís sobre los derechos de las personas LGBTI.
En el pronunciamiento que fue notificado este martes a Casa Presidencial, la Corte IDH resolvió que "El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”.
Esa orden se extiende además a los 20 estados que reconocen la competencia de ese órgano.
