La fiscalización del gobierno en la Terminal de Contenedores de Moín, administrada por la empresa holandesa APM Terminals, ha carecido del personal y la capacidad técnica necesaria, afirmó la contralora general, Marta Acosta.
Este martes, en la Comisión de Especial de la Provincia de Limón, Acosta dijo a los diputados que “las unidades responsables del control y la fiscalización no siempre cuentan con la cantidad de personal ni el nivel de especialización técnica que exige una concesión de esta complejidad”.
Estas limitaciones aumentan el riesgo de que ciertas obligaciones contractuales no sean vigiladas por las autoridades, agregó la contralora.
Este fue uno de los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) tras evaluar las condiciones de la concesión de enero del 2023 a diciembre del 2024. El contrato indica que APM Terminals administrará el puerto de Moín durante 33 años, hasta el 2048.
Algunas de las problemáticas surgen desde el manejo del canon de la concesión. La contralora señaló que un 1% de los ingresos brutos anuales del concesionario deberían ir a las labores de fiscalización, monto distribuido en partes iguales entre el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Sin embargo, la CGR detectó que del 2019 al 2023 CNC utilizó ¢2.745 millones de sus fondos propios para fiscalizar las labores de APM, en lugar de recurrir a los fondos del canon, lo cual en la actualidad ya está corregido.
“El CNC recientemente proporcionó información a la CGR y el Consejo Directivo (del CNC) ya ordenó depositar en las cuentas de la tesorería ¢2.745 millones producto de la revisión realizada, de manera que esos gastos ahora sí se están cubriendo con el uso de los recursos del canon", explicó Acosta.
Del 2020 al 2025, señaló la contralora, el CNC solo ejecutó un 67% del canon dedicado a fiscalización, mientras que Japdeva ejecutó un 73%. Los fondos no ejecutados no quedan en las arcas estatales, sino que son devueltos a APM Terminals, según lo establece el contrato.
“De ahí la importancia de un uso efectivo de los recursos disponibles para el control robusto de las obligaciones contractuales y cumplimiento de los fines de la concesión”, dijo.
Asimismo, un 5% del canon de explotación se dedica para el desarrollo regional del Caribe, labor a cargo de Japdeva, entidad que “carece de una adecuada visión estratégica y planeamiento a largo plazo”.
Según la contralora, Japdeva estableció criterios para calificar a un proyecto como de alto impacto, sin embargo, del 2022 al 2024 ninguno de sus proyectos cumplió con sus propios criterios. Tampoco se aplicaron criterios de equidad territorial para distribuir los recursos entre los seis cantones de Limón.
