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La exdirectora de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo (DNI), Tatiana Quesada Espinoza, señaló a Alexander Astorga Monge, actual jefe de despacho de la presidenta de la República, Laura Fernández, como responsable de un presunto nombramiento irregular, cuando ambos trabajaban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El supuesto hecho habría ocurrido a finales del 2024, cuando Astorga se desempeñaba como viceministro de Trabajo, durante la administración de Rodrigo Chaves Robles, y Quesada era la directora de Inspección, según manifestó la exfuncionaria en entrevista con La Nación.
Quesada, quien fue cesada en junio del 2025, sostiene que Astorga habría influido en un concurso interno para colocar a una persona de su confianza en la jefatura de Gestión, pese a que, presuntamente, no cumplía con los requisitos y no había participado del proceso de selección.
La exfuncionaria alega que el entonces viceministro, ante las observaciones que ella le hizo sobre el proceso de selección, anuló el concurso y nombró a dedo a una funcionaria en un puesto responsable de coordinar estadísticas e iniciativas de la Inspección Laboral y que le respondía, jerárquicamente, a la directora de ese despacho.
La abogada, quien es hermana del diputado oficialista Juan Manuel Quesada, asegura que denunció la presunta irregularidad ante el despacho del entonces ministro, Andrés Romero, a finales del 2024 o inicios del 2025. Indicó que no cuenta con un documento de respaldo porque perdió esa información cuando le cerraron la cuenta de correo institucional.
La profesional, de 49 años, sostiene que la relación laboral con Astorga fue tensa desde que ella comenzó a detectar lo que considera fueron actos de corrupción tanto por parte del funcionario como de otros trabajadores del Ministerio.
Sostiene que el conflicto escaló a presuntas represalias, amenazas y una campaña de desprestigio en su contra cuando se negó a modificar las calificaciones de ese concurso para la plaza de Gestión, tal como, según dice, le habría solicitado Astorga.
Ella considera que su despido, poco tiempo después, fue el culmen de las fricciones y por ello acudió al Juzgado de Trabajo de Heredia, donde alegó una violación al debido proceso.
Dicho conflicto trascendió esta semana, cuando se conoció el fallo de la jueza Melania Chacón Chaves, quien declaró nulo el despido de Quesada, al concluir que el Ministerio vulneró el fuero especial de protección que la amparaba como denunciante de presuntos actos de corrupción.
La sentencia, del pasado 15 de julio, ordenó su reinstalación inmediata, el pago de salarios caídos y una indemnización por daño moral. Sin embargo, Quesada asegura que, 20 días después de emitido el fallo, la institución aún no la ha reincorporado.
Las dos versiones del conflicto
Tatiana Quesada ingresó al Ministerio de Trabajo en abril del 2023 como directora jurídica y en febrero del 2024 asumió la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo. Desde ese cargo, bajo la supervisión directa de Astorga, asegura que comenzó a denunciar presuntas irregularidades dentro de la institución.
Esos presuntos casos de corrupción los presentó ante su propia dirección, de Inspección Laboral, y también lo habría hecho ante el Ministerio Público. Sin embargo, declinó detallar contra quiénes están planteadas las denuncias penales y si en ellas figura el viceministro, quien dejó el cargo cuando concluyó la administración Chaves Robles y pasó al despacho de la mandataria Fernández desde el 8 de mayo anterior.
“Yo estaba denunciando todo. Yo la verdad es que la ética no la negocio y yo estaba denunciando todo. A ellos a eso no les pareció, que yo denunciara todo, inclusive lo de ellos”, aseveró Quesada.
Consultado sobre los señalamientos de la exfuncionaria, Astorga indicó a este diario que son “abiertamente falsas”. “Sería bastante interesante que intentara probar algo de lo que dice porque nada de lo que dice es cierto”, indicó.
El ahora jefe de despacho indicó que a los señalamientos que la funcionaria hizo durante su paso por la Inspección se les dio trámite “como en derecho corresponde”.
“Yo nunca fui notificado ni invitado a comparecer por alguna investigación y, de hecho, mi expediente laboral, que ya es de más de 12 años de trabajar en administración pública, está completamente limpio. Nunca he recibido ningún tipo de sanción (...). Estoy analizando tomar medidas legales en contra de ella”, agregó.
Proceso en el Juzgado
La exdirectora Quesada presentó la demanda laboral contra el Ministerio de Trabajo el 28 de noviembre del 2025, bajo el expediente 25-002020-0505-LA.
Alegó que su despido respondió a represalias por su trabajo en la Inspección y que las mismas se intensificaron después del 7 de agosto del 2024, cuando presentó la primera de dos denuncias penales ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Una de ellas, según dijo, se relaciona con presuntos casos de corrupción dentro de la propia Inspección, en los que, en apariencia, se estaba protegiendo a empresas que ofrecen servicios públicos y mantienen contrataciones con el Estado.
Aunque la funcionaria prefirió no profundizar en esas denuncias debido a que permanecen en investigación, la segunda causa se tramitó inicialmente bajo el expediente 24-0000307-1218-PE y, posteriormente, se acumuló al expediente principal 24-0000292-1218-PE.
Desde entonces, quedó amparada por el fuero especial de protección establecido en la Ley de Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represalias Laborales, impulsada y publicada por el gobierno Chaves Robles en enero del 2024.
Pese a contar con ese amparo, en junio del 2025 se le notificó el cese de su nombramiento como funcionaria de confianza.
“Ellos no me hablan, nada más me entregan la carta de despido donde dice que es para hacer un cambio en la gestión de recursos humanos”, afirmó Quesada.
En el descargo del Ministerio ante el Juzgado de Trabajo, se argumenta que la funcionaria fue cesada dentro de un procedimiento ordinario cuando se trata de plazas de confianza y que a ella no la amparaba ningún fuero de protección.
Sin embargo, el fallo sostiene que el argumento del MTSS no es válido porque la ley de protección “no distingue entre cargos de confianza y otros puestos de trabajo, razón por la cual el fuero resulta plenamente exigible con independencia del cargo desempeñado”.
La Nación envió consultas a la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo desde este martes al mediodía pero, al cierre de esta información, no se obtuvo respuesta.
Trascendió que ese despacho planteó una gestión de adición y aclaración ante el Juzgado de Trabajo, sobre los alcances de la sentencia (que puede ser apelada), pero se desconoce si ya hubo un pronunciamiento de la jueza a cargo.
Natalia Vargas
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.
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