A principios de junio, el diputado oficialista, Manuel Morales, le preguntó al exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y asesor del actual director, Hans Sequeira, si la DIS sigue a congresistas o allegados de congresistas.
Las respuestas evasivas del funcionario detonaron la molestia de Morales, pero también desataron el debate en torno a esta policía de inteligencia. Posteriormente, el 29 de junio, La Nación reveló que, según una fuente del Ministerio de la Presidencia con conocimiento de causa sobre el accionar de la DIS, desde inicios de 2024, dicha policía comenzó a realizar seguimientos a los cuatro diputados a los que, meses después, Estados Unidos les revocó la visa.
Estos acontecimientos provocaron dudas sobre el accionar y los límites de la DIS y la Unidad Especial de Intervención (UEI), un equipo de fuerzas especiales cuya labor es proteger al presidente de la República, pero que tiene la preparación para realizar labores de inteligencia e investigación.
Para conocer detalles sobre la organización interna y cómo funcionan la DIS y la UEI, La Nación habló con el exdirector de esas dos entidades, Eduardo Trejos Lalli, quien ocupó esos cargos durante el gobierno de Carlos Alvarado.
Trejos explicó que la DIS y la UEI son organizaciones independientes entre sí, pero están adscritas al Ministerio de la Presidencia, que no tiene jerarca desde el pasado 30 de enero. Por lo tanto, ambas responden en la actualidad al presidente Rodrigo Chaves.
El exdirector aclaró que las investigaciones que hace la DIS tienen que estar necesariamente ligadas a la protección del Estado y sus posibles amenazas. Además, todo tiene que coordinarse con el Poder Judicial, ya que no tiene sentido realizar investigaciones que luego no puedan ser utilizadas en tribunales.
“Las investigaciones no deberían estar en función de la voluntad de un ministro, director o gobierno de turno, tienen que ser políticas de Estado. Ningún diputado o periodista debería ser vigilado por la DIS o la UEI, a menos que tenga una causa judicial o una investigación por ser parte de una estructura criminal. Durante los tres años que yo estuve dije, claramente, que no se iban a permitir seguimientos políticos, ilegales y desproporcionados, y eso lo sabía perfectamente Jorge Torres (actual director de la DIS)”, recalcó.
Según la Ley General de Policía, la DIS funciona bajo el mando exclusivo del presidente de la República, quien puede delegar esta autoridad en el ministro de la Presidencia. La legislación faculta a que dicha policía de inteligencia realice labores de vigilancia, siempre que se trate de materia de seguridad del Estado y se tenga la autorización previa del ministro.
Tradicionalmente, quien dirigía la DIS también asumía como recargo la dirección de la UEI. Ese fue el caso de Trejos. Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Chaves cambió esto.
Casa Presidencial confirmó que la DIS es dirigida por el exministro de Seguridad Jorge Torres, quien fungió como subdirector de la policía de inteligencia durante el periodo de Eduardo Trejos. Esta entidad cuenta con 115 funcionarios.
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Por su parte, la UEI tiene 55 empleados y es dirigida por Jeffrey Cerdas Lobo, quien, según publicó Crhoy en febrero del 2023, fue nombrado sin cumplir los requisitos para el cargo.
“La UEI tiene especialistas en distintas áreas: terrorismo, material explosivo, material nuclear, buzos, francobservadores. Por supuesto, lo más visible eran las intervenciones directas de organizaciones criminales de alta peligrosidad. Por ejemplo, en el caso de un secuestro, los compañeros de la UEI eran los que intervenían, yo autorizaba las operaciones que solicitaba el OIJ”, explicó Trejos.
El exdirector recordó que él autorizó la intervención de la UEI en 2019, cuando una persona colocó un explosivo en la ventada de la oficina de una diputada.
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Trejos reconoce que la DIS tiene pocos (o casi ningún) tope que regule su poder. Nadie la fiscaliza. No rinde cuentas a nadie más allá del presidente de turno. La Ley General de Policía solo establece una línea de restricciones: “No podrá dirigir allanamientos, realizar interrogatorios, emitir citatorios ni participar en detenciones”, cita el artículo 15.
Para el exdirector, esta es una enorme deuda que dejaron las administraciones anteriores.
“Tratamos de elaborar un proyecto de ley para darle esa institucionalidad a la DIS, porque está muy a merced de lo que el presidente diga que se tiene que hacer. Si tuviéramos un marco legal claro, los propios funcionarios de la DIS tendrían instrumentos para protegerse cuando dicen ‘no, eso no lo voy a hacer porque no está en nuestro marco regulatorio’ Pero ahora los funcionarios de la DIS están a merced de las voluntades políticas, sean buenas o malas”, reconoció Trejos.
A esto se suma que, según la Ley de Policía, los documentos de la DIS son confidenciales y pueden ser declarados secreto de Estado por el presidente.
“En los países más desarrollados en temas de inteligencia, lo que se hace es que se regula de dos formas: con presupuestos de la República, y con comisiones de inteligencia en los parlamentos o senados. Ahí, bajo secreto y con los mayores mecanismos de seguridad, se ventilan los grandes lineamientos de trabajo y los resultados”, explicó Trejos.
“Debería haber un organismo interpartidario, interinstitucional, que ayude a validar la planificación que hace la propia DIS, a validar los objetivos que se trazaron, los que se lograron cumplir, los que no. Eso se hace en los países donde la inteligencia se ha desarrollado de una manera más efectiva y eficiente. En este momento los resultados solo son validados por el presidente”, ejemplificó el especialista.
Trejos reconoce que los rumores de posibles seguimientos en la DIS son longevos. Por ejemplo, recordó que líderes de la oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2007, como Jorge Arguedas, Albino Vargas y José Merino, denunciaron haber sido objeto de vigilancia.
Finalmente, el exdirector alertó que la realización de seguimientos políticos llevaría a la destrucción de la DIS. “Se pudre la organización, y ya no te sirve después. Se cruzan todas las líneas rojas, todo se vale, si vale para un diputado, vale para un juez o un empresario. Destruís la democracia. La organización se corrompe, porque los funcionarios saben que esas no son sus funciones”, detalló.
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Recientemente, la diputada Priscilla Vindas Salazar, del Frente Amplio (FA), presentó un proyecto de ley para cerrar la DIS. Este es el octavo intento de clausurar la institución en los últimos 17 años. Aparte de las firmas del Frente Amplio, también apoyan la iniciativa las legisladoras independientes Kattia Cambronero, Cynthia Córdoba y Gloria Navas, así como del oficialista Manuel Morales.
“Este proyecto busca garantizar que los recursos designados a la DIS, que tienen un uso discrecional y no sabemos cómo se utilizan, sean utilizados para garantizar seguridad para toda la ciudadanía costarricense, repartiendo la mitad de los recursos para el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público, y la otra mitad para el OIJ”, señaló Vindas.