Un defensor de derechos humanos presentó tres recursos de amparo y un hábeas corpus ante la Sala Constitucional por los hechos ocurridos este 14 de setiembre durante los actos cívicos en la Plaza Mayor de Cartago, con motivo del recibimiento de la Antorcha de la Independencia y la sesión del Consejo de Gobierno.
Aunque no se reportaron incidentes mayores, ambas actividades estuvieron marcadas por reclamos, luego de que a varias personas se les impidiera acudir al acto oficial en la Plaza Mayor y por roces entre manifestantes y grupos afines al oficialismo.
La Fuerza Pública colocó vallas para separar a los grupos, y algunas personas denunciaron que se les impidió el acceso al perímetro de la actividad.
Janekeith Durán Barberena fue quien acudió a la Sala IV porque considera que lo ocurrido el lunes anterior responde a un mismo patrón: uso de un espacio público bajo criterios de acceso y permanencia que, a su juicio, no se aplicaron de manera objetiva ni igualitaria, y que habrían afectado de forma diferenciada a personas con posiciones críticas frente al Gobierno.
Durán Barberena listó entre las presuntas víctimas a agremiados sindicales, periodistas en ejercicio de su labor y ciudadanos que participaban de forma pacífica en una manifestación cívica.
Los recursos de amparo buscan que se esclarezca si ese patrón respondió a criterios objetivos de seguridad o a una aplicación selectiva y discriminatoria de las facultades del Estado.
“Nadie en Costa Rica debe sufrir la violación de su libertad personal, de expresión o de prensa por manifestarse pacíficamente en favor de la democracia y la libertad, o por hacer su trabajo en una fecha en la que el país celebra, precisamente, la víspera de nuestra independencia y libertad”, declaró Durán en un comunicado.
Peticiones a los magistrados
El primer recurso de amparo se presentó a favor de agremiados de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) quienes se identificaron y se sometieron voluntariamente a la requisa de la Fuerza Pública, pero aun así se les impidió ingresar a la Plaza Mayor.
De acuerdo con la denuncia, por medios de comunicación, los agentes policiales invocaron una “orden superior” sin poder precisar su origen ni su fundamento. En contraste, asegura, simpatizantes del partido de Gobierno sí accedieron sin restricción al mismo perímetro.
El recurso pide que se declare arbitraria e ilegítima esa exclusión, por afectar la igualdad, la libertad sindical y el derecho de reunión pacífica.
También presentó un recurso de hábeas corpus a favor de personas no identificadas en beneficio de Dahian Barahona; un ciudadano quien fue trasladado por la Fuerza Pública en un vehículo policial y minutos luego liberado, bajo la condición de no reingresar al perímetro, sin que se le informara el motivo legal de la medida.
En ese caso, se solicita a la Sala Constitucional que ordene identificar a las personas afectadas a partir de los propios registros policiales y se determine la ilegalidad de las restricciones de libertad impuestas en el operativo. El recurso también cubre a cualquier persona privada de libertad, retenida, aprehendida o conducida por la Fuerza Pública ese día, aunque haya sido liberada en el sitio o poco después.
Otro recurso de amparo es a favor de periodistas de La Nación y Semanario Universidad.
El recurso busca la protección de Cristian Mora, periodista de La Nación, quien fue alejado del lugar mientras documentaba a manifestantes excluidos del acto oficial —al parecer, para evitar que sus protestas se escucharan durante la sesión del Consejo de Gobierno—, y a Ignacio Ortiz, periodista de Semanario Universidad, retirado por la Fuerza Pública tras ser hostigado verbalmente por simpatizantes del Gobierno.
Janekeith Durán argumenta que, ante agresiones de terceros contra un comunicador, el deber del Estado es proteger su labor y contener a los agresores, no desplazar a la persona agredida limitando su libertad de expresión y de prensa.
Finalmente, planteó tres solicitudes de información pública.
De forma complementaria, las solicitudes están dirigidas a la Presidencia de la República, al Ministerio de Seguridad Pública y a la Dirección General de la Fuerza Pública, para conocer, entre otros puntos: la identidad y el fundamento de la orden que excluyó a APSE; si existían listados previos de personas u organizaciones sujetas a control diferenciado y los criterios usados para el control de acceso.
Del mismo modo, la presunta exigencia de una “hoja de delincuencia” a una diputada; la instrucción que habría motivado la prohibición de determinados faroles y el costo total del despliegue policial —incluido el uso del vehículo blindado conocido como “la Bestia” en Cartago y en otras provincias con actos similares.
También detalle de una supuesta coordinación entre autoridades de seguridad y representantes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) para actividades de proselitismo dentro del perímetro oficial.
