EscucharEl Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil, del Primer Circuito Judicial de Alajuela, ordenó un embargo preventivo contra un segundo creador de contenido, a solicitud de la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., que tiene terrenos del Estado, en concesión, en playa Panamá, en Guanacaste.
Se trata del divulgador y economista argentino Javier Adelfang, conocido en redes sociales como @javiereleconomista, a quien esa compañía acusa de difundir información falsa que, según afirma, ha dañado su reputación y minado la confianza pública en el proyecto turístico Bahía Papagayo.
El embargo alcanzará su salario, cuentas bancarias, valores en distintas entidades financieras y un vehículo, confirmó su representante legal, Walter Brenes Soto. La resolución, en poder de La Nación, se emitió el 29 de julio pasado.
Este es el segundo embargo preventivo que Enjoy Hotels & Resorts presenta contra un creador de contenido. La empresa también mantiene una querella por supuesta difamación contra el costarricense Juan Bautista Alfaro Rojas, conocido como @juambacaminando.
En ese caso, el tribunal ordenó embargar dinero de sus cuentas bancarias y otros bienes como medida provisionalísima.
Tras consultas de este medio, Enjoy Group reiteró a las 3:15 p. m. que, con respecto a los procesos legales en curso, “que la compañía ha actuado de forma responsable y dentro del marco regulatorio vigente, ante los daños que considera haber sufrido. Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, así como nuestro respeto absoluto por las instancias judiciales y nuestra disposición a seguir cada proceso con total transparencia y responsabilidad”.
Sostuvo que trabaja de forma “activa, respetuosa y transparente” con la comunidad de playa Panamá y sus alrededores, y que su objetivo es construir confianza a partir de “información verificada, espacios de diálogo y la participación abierta de la población”.
Por último, la firma dijo que colabora con las instituciones públicas que soliciten información sobre este proyecto.
¿Qué se le cuestiona a @javiereleconomista?
Al argentino Javier Adelfang, la empresa le achaca varias declaraciones que considera inexactas. Por ejemplo, que el proyecto turístico provocará gentrificación, que se ubica en una zona con manglares y que contempla la construcción de un campo de golf que pondría en riesgo los recursos hídricos de Guanacaste.
Enjoy Hotels & Resorts asegura que esas afirmaciones son falsas y presentó pruebas para desmentirlas. Entre otros documentos, entregó el plan maestro del proyecto, donde se especifica que no incluye un campo de golf, y evidencia de que los manglares se encuentran fuera del área concesionada.
Así consta en la solicitud que los abogados Robert Morales Vargas y Luis Felipe Fernández Quirós, del bufete BLP, enviaron a ese tribunal el 1.° de julio anterior.
Daño grave e incertidumbre
Según la empresa, la difusión de estas afirmaciones ha causado un daño grave a su reputación, generado incertidumbre entre inversionistas, socios comerciales y clientes, y provocado rechazo al proyecto en comunidades locales y otros sectores del país.
El embargo busca impedir que Adelfang oculte o disponga de sus bienes, lo que podría dificultar una eventual compensación en el proceso judicial principal.
Por su parte, el abogado Adelfang, Walter Brenes Soto, aseguró que el caso se relaciona con un clamor ciudadano en defensa de las comunidades y los recursos naturales de Costa Rica.
Añadió que asumió el caso “con toda la seriedad y profesionalismo” y de forma gratuita para respaldar el trabajo del divulgador.
Precisó además, que una “debida forma de comunicar” no debería derivar en acciones judiciales contra personas que apoyan causas ambientales.
La semana pasada, La Nación informó que la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz abrió, de oficio, una investigación penal por el presunto delito de tala ilegal en terrenos con cobertura boscosa, en el polo turístico Papagayo, donde Enjoy Hotels & Resorts S. A. desarrolla un proyecto hotelero y residencial de lujo.
Como parte de esa investigación, el Ministerio Público decomisó los expedientes de la concesión en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y en la Municipalidad de Carrillo.
El caso, bajo el expediente N.° 25-000008-1791-PE, se originó por una denuncia de “socola” o corta de vegetación menor en Playa Panamá, en un terreno concesionado por el ICT a la empresa. De momento, el posible delito se sigue contra ignorado, es decir, no hay una persona o empresa directamente señalada por los hechos.
