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Una empresa de autobuses de Heredia acusó penalmente a 13 de sus choferes de introducir nombres de ancianos de forma ficticia, en sus reportes de pasajeros, a fin de dejarse parte de los pasajes cobrados durante el día.
La práctica fue descubierta luego de que la Sala IV ordenara eliminar el sistema de tiquetes para los adultos mayores que usan el servicio de bus. Por ley, ellos pueden viajar en forma gratuita o con descuento, según la distancia del recorrido, pues los demás usuarios pagan por este beneficio en las tarifas.
Desde hace tres semanas, los ancianos solo necesitan presentar su cédula para subir al bus, pero entonces ahora los conductores anotan en una lista el nombre, la cédula y la hora de viaje de cada adulto mayor, lo que genera inconvenientes.
La compañía La 400, que opera rutas como Heredia-San José por La Uruca, descubrió que algunos choferes consiguieron listas de ciudadanos de oro para engrosar sus reportes.
Edgardo Campos, abogado de la compañía, comentó que incluso encontraron personas fallecidas entre las listas.
Además, sostuvo el abogado, algunos anotaban hasta cédulas con números continuos, lo que hacía sospechar que había fraude.
Ante ello, la empresa llamó a los ancianos anotados y estos desmintieron haber viajado en el bus.
Con unos 20 nombres ficticios, un chofer se podría ganar ¢45.000 en una semana en la ruta Heredia-San José.
El caso fue presentado en la Fiscalía de Heredia.
Campos sostuvo que lo ideal sería instalar un sistema electrónico que lea la cédula del adulto mayor, pero sostuvo que esa medida es muy costosa.
Por su parte, Daniel Soley, defensor adjunto de los habitantes, dijo que los autobuseros le dan un trato humillante y degradante al adulto mayor a la hora de exigirles la cédula para anotar sus datos, pues en ocasiones esto provoca la molestia de los demás usuarios.
Soley afirmó que los choferes ni siquiera pueden retener la identificación, como hacen en muchas ocasiones para anotar los datos.
“Los transportistas tienen derecho de tener mecanismos de control, pero estos controles no pueden violentar a los adultos mayores ni humillarlos”, continuó el defensor adjunto.
Según observaciones de la Defensoría, el 80% de los choferes no trata a los ciudadanos de oro en forma adecuada.
Un 10% de los pasajeros son adultos mayores en las rutas cortas y, en las largas, entre un 3% y 4%.
En tanto, Maritza Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, afirmó que el sector autobusero está alarmado por la vulnerabilidad que existe en el control interno de los pasajes desde que se aplica el nuevo sistema de cédulas.
“Muchos no comprenden por qué se ocupa el control interno. Todo se trata de boicotear porque es manejo de dinero en efectivo”, comentó Hernández.
La empresaria comentó que existen máquinas en el mercado que podrían registrar la cédula del anciano en forma ágil y confiable. Los aparatos cuestan entre $1.400 y $1.600 cada una.
Sin embargo, continuó la autobusera, el sector necesita que el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos avalen el sistema que se vaya a utilizar, además de que el costo pueda ser incorporado a las tarifas.
