La Universidad de Costa Rica (UCR) ajustará el pago de remuneraciones a las reglas de la reforma fiscal para contener el crecimiento del gasto en salarios y evitar la insostenibilidad financiera.
Una de las modificaciones más importantes está en el cálculo de la anualidad o reconocimiento por año laboral, el cual será del 1,94% sobre el salario base y 2,54% para no profesionales, informó el rector de esa casa de enseñanza, Carlos Araya.
De esta forma, el cálculo se equipara al resto del sector público, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal, aprobada en diciembre de 2018.
La UCR paga un 3,75% de anualidad sobre el salario bruto (base más pluses) a sus docentes. La Universidad presupuestó cerca de ¢64.000 millones para ese incentivo en 2019.
El cambio en el cálculo regirá para 2020, afirmó el rector. Con el cambio, solo para este primer año, la institución estima un ahorro aproximado de ¢2.500 millones.
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Para la UCR, mantener una anualidad de 3,75% sobre el salario bruto era “insostenible”, reconoció en noviembre pasado el entonces rector, Henning Jensen, ante los diputados de la Comisión que investigó el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Como parte de los cambios para equilibrar finanzas, el nuevo jerarca universitario propuso al Consejo Universitario congelar el pago de incentivo llamado “escalafón” al personal administrativo.
Ese sobresueldo se otorgaba a docentes y administrativos, pero el año anterior la Sala Constitucional anuló el beneficio para los primeros. Este plus representaba una erogación de ¢4.300 millones anuales.
Araya considera que tampoco se le debe pagar a los administrativos, criterio que sometió ante el Consejo. De aplicar el cambio, el ahorro estimado para el primer año es de ¢700 millones.
Otra de las medidas dentro del plan, que fue anunciada la semana anterior, fue la suspensión del ajuste salarial por incremento del costo de vida a los casi 10.000 funcionarios de la institución. Esos recursos se detinarían a becas para estudiante.
Este año, las solicitudes de ayuda aumentaron en un 24% con respecto al mismo semestre del año anterior.
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En total, serán ¢3.600 millones adicionales que se trasladarán al fondo de becas.
Otros cambios
El rector también propondrá al Consejo Universitario de la UCR en los próximos días el congelamiento de salarios, según lo dispuesto en la reforma fiscal.
Esa normativa establece que los sueldos de los funcionarios públicos superiores a los ¢4 millones deben congelarse.
En la UCR, el 3,03% (302 funcionarios) de la planilla de 9.969 empleados gana más de ¢4 millones, según información divulgada por la Universidad.
Esto quiere decir que ninguno de esos sueldos es susceptible de incremento alguno; ni siquiera el relativo al aumento por costo de vida.
“Otro elemento de cambio tiene que ver con la forma de cálculo de los pasos académicos para los que tuvieron categoría catedráticos. El objetivo es que el egreso por salarios en la Universidad sea menor”, explicó
El rector aseguró que ya se han tomado otras medidas para la reducción del gasto como por ejemplo, la disminución del incentivo a las personas profesionales del sector administrativo. Explicó que si para un puesto se requiere ser licenciado en periodismo pero la persona tiene además una maestría, se le pagaba un incentivo de un 25% por esa maestría, ahora se paga 15%.
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“Todo esto es con el propósito de lograr ese equilibrio entre los ingresos y los gastos”, reiteró el jerarca.
Actualmente, el costo de los salarios en la UCR representa el 67% del presupuesto.
Para el 2020, las universidades recibieron ¢512.782 millones de Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). De esos recursos, la UCR recibe el 59%.
La Oficina de Planificación de la Universidad de la UCR emitió el año pasado un informe en el que indicó que alertó de una situación de “crisis” en la institución, más temprana de lo esperado. Se proyectaba un déficit de ¢25.782 millones en cinco años, según consta en el acta 6298 del Consejo Universitario.
La proyección de ingresos para el 2024 es de ¢327.606 millones y la de gastos era de ¢353.289 millones.
El ahora exrector Henning Jensen, en su comparecencia ante los diputados informó de que se habían aplicado 24 medidas de contención desde el 2014, pero que estas eran “insuficientes” . El principal problema, dijo, era la anualidad.
Los ajustes de los salarios en la UCR conforme lo dispuesto en la reforma fiscal se harán a pesar de que está en trámite una acción de inconstitucionalidad interpuesta por los integrantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en febrero de este año, contra esa ley. En el caso de la UCR, la gestión fue firmada por el anterior jerarca.
Los rectores universitarios pidieron en la acción que se anulara un artículo y un inciso del reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los cuales ponen límite al pago de incentivos como anualidades, carrera profesional y dedicación exclusiva en todas las instituciones públicas, incluidas las universidades.
Ante la Sala Constitucional, los rectores alegaron que tal normativa viola las disposiciones de la Constitución Política sobre el financiamiento de la educación superior pública, como la autonomía universitaria y la obligación de que cada año se dedique el equivalente a un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la enseñanza estatal.