“Por riesgo inminente” de explosión, cortocircuito o descarga eléctrica, el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Calle Blancos, en Goicoechea, San José, cerrará sus puertas este lunes.
La clausura del centro educativo fuer ordenada por el Ministerio de Salud debido al mal estado del sistema eléctrico.
Esta decisión afecta a poco más de 1.000 estudiantes, cuyos padres recibieron este jueves un mensaje de las autoridades educativas para que no los envíen a clases hasta que se encuentre una solución.
El problema no es nuevo, pues la primera ordena sanitaria por el mal estado del edificio se emitió en 2015, como informó la directora de la institución, María de los Ángeles Piedra. En abril de este año se emitió la segunda.
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“Salud le solicitó a la Junta Administrativa una certificación de un profesional competente sobre la parte eléctrica; el resultado que arrojó es que se debía hacer un cierre técnico por el riesgo eléctrico inminente que hay. Hay que cambiar el sistema eléctrico, si se encienden las computadoras, se apagan los aires acondicionados o viceversa. Se han quemado algunos equipos.
"(Hay un riesgo inminente) de electrocutación y en temporada de lluvia es peligroso ya que hay cables expuestos, instalaciones internas mal hechas. No podemos recibir a los alumnos; hay una orden de que el centro está clausurado, esa orden tiene que ser acatada ”, explicó la funcionaria.
Piedra añadió que están a la espera de que las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) les indiquen qué van a hacer. El colegio, además, presenta daños en la infraestructura en general.
Andrea Obando, de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP (DIEE), dijo que evalúan tres edificaciones para determinar si son adecuadas para albergar a los muchachos mientras se resuelve la situación en el centro educativo.
Con ese objetivo, comenzaron coordinaciones con la Dirección de Programas de Equidad para ofrecer transporte y alimentación requerida.
El cierre del CTP viene a sumarse a una larga lista de problemas en infraestructura, de los que La Nación ha informado ampliamente.
Uno de los casos más críticos son los centros educativos de Limón, calificados por el ministro, Édgar Mora, como los peores. Asimismo, la espera por arreglos de alumnos de 39 escuelas y colegios, afectados por el terremoto de Nicoya, de 2012.
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La crisis ocurre a pesar de que el dinero para reparar o construir los centros se encuentra depositado en a las Juntas de Educación. Actualmente, organizaciones tienen depositados y ociosos ¢133.000 millones en caja única. Para acceder a los fondos, deben tener el aval de la DIEE.
Sin embargo, el “decadente” clima organizacional en esta Dirección es una de las causas del rezago en infraestructura del país, según informes de la propia Auditoría Interna del Ministerio.