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La Sala Constitucional frenó las cesantías de hasta 18 años que pagaba el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) a sus trabajadores, al momento de culminar el vínculo laboral.
Para ello, los magistrados del alto tribunal anularon el artículo 119 de la convención colecitva de ese centro de educación superior.
Esa normativa señalaba que, “al concluir un contrato de trabajo por acuerdo mutuo, incapacidad permanente, pensión o muerte, el Instituto deberá pagarle al trabajador o a sus causahabientes, por concepto de auxilio de cesantía, una suma equivalente a un mes de salario por cada año o fracción no menor de seis meses laborados en el Instituto, hasta por 18 años”.
Bajo ese esquema, por ejemplo, un profesor con 18 años de laborar para el Instituto y que goza un salario de ¢1 millón, recibiría un auxilio de cesantía de ¢18 millones.
La resolución de la Sala Constitucional a la acción presentada por el exdiputado Otto Guevara, contra la convención colectiva del Tec, definió que el auxilio de cesantía no puede superar los 12 años.
Tomando en cuenta el mismo ejemplo, el académico dejaría de recibir ¢6 millones.
Luis Paulino Méndez, nuevo rector del Tecnológico afirmó que la universidad acordó con el sindicato de trabajadores respetar la decisión de la Sala de rebajar el tope de cesantía.
"En el Tec entendemos la situación y estamos de acuerdo. La Sala Constitucional ha sido consistente en las últimas resoluciones. Ya esto está consensuado con el sindicato que está en la misma línea con la administración", afirmó Méndez.
De acuerdo con Méndez, actualmente hay 18 mesas de trabajo para analizar los cambios en la estructura salarial que podría efectuar el instituto, con el fin de darle sostenibilidad financiera al centro académico.
“Nosotros estamos en alerta amarilla y a veces casi roja desde 2017, dado que el crecimiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) disminuyó, por lo que los gastos no pueden seguir creciendo en la forma que venían creciendo”, afirmó.
Una de las opciones que estudian junto a docentes y trabajadores, es aumentar la base salarial contemplando la carrera y el grado académico de los funcionarios, con el objetivo de reducir los pluses.
La Contraloría advirtió a esa academia que, de no corregir el plan de gastos actual, sus ingresos corrientes no serán suficientes para cubrir sus gastos operativos para el año 2025.
En los últimos dos años, la Sala recibió 47 acciones en contra de convenciones colectivas del sector público.
En esas acciones, los magistrados estudian si los sobresueldos salariales, subsidios a trabajadores y beneficios económicos a sindicalistas transgreden la Constitución Política.
“Un beneficio de una convención colectiva se convierte en un abuso cuando quebranta los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, cuando ese beneficio comparado con otros trabajadores del sector público y el sector privado resulta desproporcionado”, había manifestado Fernando Castillo, presidente de la Sala IV a La Nación, en una entrevista publicada el 3 de junio anterior.
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En la primera resolución emitida el 5 de junio de 2018, esa instancia anuló una serie de artículos de la convención colectiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), entre ellos el reconocimiento de 20 años por ese beneficio.
En ese entonces, la Sala encontró irracional y desproporcionado que esa entidad bancaria (ahora absorbida por el Banco de Costa Rica) pagara cesantía por más del doble de lo que dicta el Código de Trabajo.
A partir de ese momento, los fallos de ese tribunal anularon los topes de cesantía superiores a los 12 años, en otras instituciones que han analizado.
En mayo pasado, los magistrados anularon el beneficio de hasta 20 años de cesantía y otros 10 privilegios que ofrecía la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a sus empleados.
En otra de las sentencias anularon las cesantías irrazonables en la Universidad Nacional (UNA), así como en las municipalidades de Santa Cruz y Coronado.
En ese mismo mes declaró inconstitucionales los artículos de las convenciones colectivas de los gobiernos locales de Abangares y Carrillo, que reconocían 20 y 17 años, respectivamente, por ese mismo beneficio.
La Sala todavía tiene pendiente de resolver los acuerdos laborales de al menos 18 municipalidades, 13 entidades descentralizadas y la del Ministerio de Educación Pública (MEP).
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