Los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología dictaminaron de forma unánime el nuevo texto para impulsar la formación dual en los centros de educación públicos y privados del país.
Este proyecto de ley propone programas educativos en los cuales los estudiantes adquieren los conocimientos teóricos en las aulas, al tiempo que los aplican en prácticas técnicas y profesionales en las empresas.
Sin embargo, con el recién dictaminado van tres los textos discutidos. Los dos primeros no llegaron al plenario por desacuerdos entre las bancadas y falta de entendimiento con el Gobierno.
En esta ocasión “hay mejor ambiente” para que reciba las dos votaciones afirmativas en el plenario legislativo, estima Wagner Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
“Confirmamos el interés de las distintas fracciones legislativas para que pronto exista una normativa para la educación dual”, añadió.
Esta propuesta incorpora tres cambios con respecto al texto anterior: el aporte de las grandes empresas al fondo de becas, póliza estudiantil de seguro y principio de alternancia.
Excepto las pequeñas y medianas empresas, las corporaciones que reciban estudiantes de educación dual para prácticas profesionales deberán aportar ¢120.000 mensuales al fondo de becas para alumnos en esta modalidad, que será administrado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Anteriormente, las empresas no estaban obligadas a esa contribución, al considerar que todos los patronos ya aportaban recursos al INA como parte de sus cargas sociales, por lo que de ese dinero saldrían los fondos para becas.
El nuevo aporte cubriría aspectos como transporte, alimentación, vestimenta, equipo de protección y el costo del programa. Estudiantes de centros públicos o privados podrán solicitar una beca al INA.
Además, el proyecto también autoriza a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), otorgar créditos a los estudiantes que cursen programas duales.
Finalmente, los centros de educación o las empresas formadoras estarán obligadas a adquirir la póliza de seguro respectiva para los aprendices en formación dual. Con ese fin, el Instituto Nacional de Seguros (INS) aplicará descuentos a los centros educativos o empresas para la adquisición de las pólizas respectivas.
Las empresas formadoras y los centros educativos podrán negociar ese gasto.
Por último, el principio de alternancia obliga a que todos los programas de formación de educación dual incorporen la práctica profesional desde el inicio de los estudios. El texto anterior no establecía un momento específico para la práctica.
Mejorar empleabilidad
La experiencia laboral es el principal atractivo para los estudiantes que matriculen programas de educación dual en colegios técnicos, institutos, universidades y en el INA.
Según la Encuesta Nacional de Puestos de Trabajo, la principal barrera con la que topan los jóvenes para conseguir empleo es la falta de recorrido profesional.
Los empleadores en servicios solo permiten contratar profesionales sin experiencia en 18 de cada 100 puestos disponibles.
