No estarán en las aulas, no estarán en la oficinas, ni bibliotecas, ni en las direcciones regionales. El MEP apartará de inmediato del sistema educativo a los docentes que sean denunciados por violación, abuso o acoso sexual, relaciones impropias, distribución de pornografía o cualquier otra falta de connotación sexual.
Los funcionarios serán suspendidos cuando la víctima presente la denuncia, recibirán salario siempre y cuando no sean detenidos. Antes eran sacados de las aulas, pero reubicados para otras labores con el riesgo de que surgiera una nueva víctima dentro del MEP.
Ante esta situación, el ministro de Educación, Edgar Mora, dio la instrucción a finales del año pasado a la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP de dejar la práctica de reubicarlos y suspenderlos de inmediato. Esta unidad es la que hace la investigación de los casos,
La medida se implementa a partir de este año; ya hay un funcionario de oficinas centrales del MEP que fue suspendido por acoso sexual a tres compañeras.
“El problema de reubicar a alguien (por faltas de connotación sexual) es que el sistema se hacía cargo de perpetuar las probabilidades de que algún niño o niña fuera violentado, a través de un artilugio legal y administrativo que era retirar de la escena donde se le había cuestionado pero llevarlo a otra escena donde hay personas reales, posibles víctimas”, dijo el ministro de Educación.
En 2018, el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibió 199 denuncias principalmente de alumnas contra sus profesores (hombres) por faltas de connotación sexual, especialmente en colegios.
De esas, 128 fueron por hostigamiento; 37 por abuso sexual, 14 por relaciones impropias y 20 por faltas de connotación sexual, como pornografía infantil.
El año pasado, de los 225 casos que se tramitaban (algunos del 2017), 52 terminaron en despido y 57 en suspensión sin goce de salario. Hay 116 casos que terminaron en absolutoria, archivo o procedimiento suspendido, no necesariamente porque el acusado no cometiera la falta si no porque la víctima desistió del caso por lo engorroso que era el proceso, explicó Dahiana Chacón de la Unidad de Procedimientos Especiales.
Solo por hostigamiento y abuso sexual, 415 funcionarios, en su mayoría docentes, fueron denunciados por estudiantes entre 2016 y 2018.
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De esos, 151 (36%) fueron suspendidos sin goce de salario o despedidos, según estadísticas del MEP. En el resto, el caso se archivó, al funcionario se le amonestó o se le absolvió. Las denuncias son, en su mayoría, en contra de hombres (406) y las víctimas son en su mayoría alumnas (400).
El hostigamiento ocurre más en colegios y el abuso sexual en escuelas, según las estadísticas del MEP.
Trámite en Servicio Civil
Un nuevo criterio de Tribunal del Servicio Civil estableció que ya no se iba a volver a hacer la investigación, desde cero, para ratificar o no la decisión del MEP de despedir, suspender o amonestar a un funcionario acusado de violación, abuso, acoso sexual y otr a conducta de connotación sexual.
Ahora, lo hará con base en el expediente de la investigación que ya hizo el MEP. No hará una nueva investigación.
Antes, cuando una alumna presentaba una denuncia por abuso o acoso o cualquier falta de connotación sexual de un docente; primero se hacía la investigación en la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP, que duraba alrededor de 3 meses, la cual requería de una permanente participación de la víctima, quien era obligada a relatar varias veces lo ocurrido en distintas fases y a presentar testigos.
Tras la investigación y las pruebas, el MEP solicitaba, por ejemplo, el despido del funcionario. Si el funcionario es interino, se despedía de inmediato, pero, si estaba en propiedad, el caso se traslada al Tribunal del Servicio Civil.
Este Tribunal de Servicio Civil iniciaba desde cero, una nueva investigación, que duraba más de seis meses, la cual también requería de la declaración de la persona afectada. Esta tenía que trasladarse, desde cualquier parte del país, hasta San Francisco de Dos Ríos, en San José, donde queda este Tribunal, a declarar con todo y testigos.
Muchas veces, las víctimas desistían de hacer ese viaje por falta de dinero o porque ya habían salido del sistema educativo, entonces, el caso terminaba en absolutoria, archivo o suspendido y el sospechoso regresaba a su lugar de trabajo, aún y cuando el MEP hubiera recomendado el despido del funcionario y tenía pruebas de que acosó o abusó de una alumna.
“Tenemos casos donde la víctima vivía en una zona limítrofe, y eran convocada, con todo y testigos, a las 8 a. m. a declarar en San José. Tenía que venirse la noche anterior, buscar hospedaje, pagar alimentación y muchas desistían de ese proceso por la falta de recursos, lo dejaban así.
"Pero ahora, (con la decisión del Tribunal del Servicio Civil) evitamos la revictimización, se cumple con el principio de celeridad y se reducen los plazos para que las víctimas vean resultados”, explicó Dahiana Chacón.
Chacón explicó que la mayoría de los funcionarios acusados por abuso o acoso sexual, son representados por abogados de los sindicatos de educación.
Durante toda la investigación, el funcionario es reubicado haciendo otras labores en las Direcciones Regionales del MEP. Si la denuncia era por abuso sexual o violación (delito penal) el docente pasaba reubicado mientras la Fiscalía investiga, puede tardar años.
“La decisión del Tribunal del Servicio Civil nos beneficia enormemente. Todo el caso se abrevia en una única investigación que se realiza en el MEP, por otra parte, le ayudamos a la víctima porque en el Ministerio hay disposiciones de que estos caso se resuelvan con celeridad. Garantizamos que la cantidad de tiempo que el investigado esté fuera de servicio, pero con pago, sea el menor posible”, dijo el jerarca del MEP.
Como parte del protocolo de atención de situaciones de abuso o acoso sexual, el MEP lanzará una campaña, en radio y televisión, para ayudar a los estudiantes a identificar situaciones de abuso y hostigamiento y cómo denunciarlos.
