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Los 450 alumnos del Liceo de Tierra Blanca de Cartago nunca han tenido un edificio propio. Desde la creación del centro educativo reciben clases distribuidos en ocho anexos en la comunidad como en cocheras, casas, oficinas y el salón parroquial.
Sin embargo, ya no caben en esas ocho instalaciones; las autoridades van a solicitar un avalúo de las instalaciones de la antigua funeraria de la iglesia del cantón para colocar ahí las oficinas administrativas del centro educativo y usar el inmueble en el que actualmente están estas oficinas como aula.
El Liceo de Tierra Blanca eran uno de los 103 centros que iban a ser beneficiados del fideicomiso educativo por $167,5 millones que se aprobó en 2013. Sin embargo, ese dinero no alcanzó para hacer 47 centros, entre ellos el de Tierra Blanca.
Ahora, para construir este y los otros 46 centros pendientes del fideicomiso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe conseguir $138,5 millones.
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“Estamos dentro de las 47 instituciones que quedaron sin presupuesto del fideicomiso. Supuestamente nos dijeron que nos van a dar prioridad pero pueden imaginar qué prioridad con 47 instituciones que no se construyeron. La distancia que tienen que recorrer los alumnos en las calles de la comunidad para ir a recibir clases en cada anexo va desde los 100 hasta 900 metros. Estamos en cocheras, en espacios que nos han abierto en casas, en una asociación, en la iglesia, casas, cocheras, en antiguos bancos; pero ninguno es apto para impartir lecciones”, dijo Sandra Figueroa, directora del Liceo de Tierra Blanca.
El noveno anexo se requiere debido a que por la falta de aulas, los alumnos han tenido que recibir lecciones a cielo abierto en el parque de la comunidad. Cuando llueve, se tienen que ir a sentar en las gradas de la iglesia.
Actualmente, este centro tiene el terreno para construir el centro educativo nuevo y el anteproyecto fue lo único que les alcanzó con el dinero del fideicomiso.
“Los estudiantes no tienen un centro de recreación; en el parque de localidad es el recreo. Andan de un lado a otro, a veces nos afecta el clima para trasladarnos entre anexos, y lógicamente, las lecciones no son de 40 minutos son menos por el tiempo de traslado entre anexos”, manifestó la funcionaria.
Los fondos del fideicomiso provienen de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir 80 centros educativos y 23 canchas techadas. El fideicomiso lo administra el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), mientras que el MEP figura como la Unidad Supervisora del proyecto.
La Nación ha informado en distintos reportajes sobre los problemas de infraestructura de los centros educativos del país y las dificultades en la DIEE para ejecutar los millones que hay en caja única.
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Uno de los casos más críticos son los centros educativos de Limón, calificados por el ministro, Édgar Mora, como los peores. Asimismo, la espera por arreglos de alumnos de 39 escuelas y colegios, afectados por el terremoto de Nicoya, de 2012.
La crisis ocurre a pesar de que el dinero para reparar o construir los centros se encuentra depositado en las Juntas de Educación. Actualmente, organizaciones tienen depositados y ociosos ¢133.000 millones en caja única. Para acceder a los fondos, deben tener el aval de la DIEE.
Sin embargo, el “decadente” clima organizacional en esta Dirección es una de las causas del rezago en infraestructura del país, según informes de la propia Auditoría Interna del Ministerio.
