El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) reinstalar en su puesto a una educadora interina que estuvo en huelga desde el 10 de setiembre del 2018 hasta el 21 de febrero anterior.
La profesora, vecina de Curridabat, fue cesada el 5 de junio anterior por abandono de trabajo. Ella pertenece al Sindicato Patriótico de la Educación (Sinpae), que no era reconocido por el Ministerio como organización gremial.
A pesar de que la mayoría de los sindicatos de educación finalizaron la huelga contra la reforma fiscal el 7 de diciembre (89 días); el Sinpae mantuvo el movimiento hasta febrero aduciendo que iban a esperar hasta que el Tribunal Laboral del II Circuito Judicial de San José declarara la legalidad o ilegalidad del movimiento, lo cual sucedió el 20 de febrero.
El Juzgado ordenó al MEP, además, pagarle a la docente cesada los salarios no depositados desde su despido hasta su reinstalación y los intereses.
Como el MEP no reconocía a Sinpae como sindicato no realizó diligencias para que este movimiento fuera declarado ilegal
En la sentencia 19-001065-0166-LA, el juzgado laboral alegó que la funcionaria estaba cubierta por el derecho a huelga y de afiliación sindical.
“Al no iniciar diligencias para que su llamado a huelga fuera declarado ilegal en la vía judicial, nunca lo fue y, por lo tanto, no puede sancionarse la participación de la actora (...). Del 10 de setiembre del 2018 al 21 de febrero del 2019 a la actora le cubrió el derecho constitucional y legal de huelga y, por lo tanto, al no haberse solicitado su ilegalidad, nunca se le otorgó dicha cualidad y cualquier sanción derivada de este ejercicio es completamente nula y así se declara”, explica la sentencia del 6 de agosto.
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Según el MEP, a 50 educadores afiliados a Sinpae se les abrió un expediente por abandono de trabajo. De ellos, 37 tenían plaza en propiedad y su gestión de despido estaba en manos del Tribunal del Servicio Civil.
Nueve de ellos, entre ellas la educadora de Curridabat, eran interinos y fueron cesados de su puesto y los restantes cuatro aún tienen expedientes en trámite en el MEP.
Según explicó Juan Carlos Quirós, abogado de planta del Sinpae, el Tribunal del Servicio Civil resolvió, en julio pasado, declarar sin lugar la gestión de despido de un docente en propiedad, de apellido Salas, presentada por el MEP.
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Este Tribunal manifestó que él “tiene derecho”a permanecer en su puesto.
Quirós dijo que falta aún que el Juzgado de Trabajo resuelva el caso los otros ocho funcionarios interinos que fueron despedidos por haber alargado la huelga hasta febrero.
La Nación consultó al Ministerio sobre la resolución del Juzgado de Trabajo, pero indicó que no se van a referir hasta que la sentencia esté en firme.
