Sin que fuera parte de su exposición ni lo tuviera entre sus apuntes, la ministra de Educación, Guiselle Cruz Maduro, acogió la propuesta de declarar emergencia educativa para encarar las enormes tareas que vienen a partir del 8 de febrero con el nuevo curso lectivo presencial en medio de pandemia.
El planteamiento vino de la diputada liberacionista Silvia Hernández durante la audiencia de la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) ante el plenario legislativo.
La congresista lanzó la idea como una vía para asegurar que todos los centros educativos ofrezcan las condiciones para recibir estudiantes y que todos los estudiantes se incorporen a las clases. Todo eso, consideró, no se logra con solo la emergencia nacional decretada en marzo de 2020.
“El MEP debe desarrollar una especie de declaratoria de emergencia educativa, no solamente quedarnos con la declaratoria de emergencia nacional”, dijo la diputada.
A diciembre, según la información del MEP, 36 centros educativos no volverían a clases presenciales porque no tienen agua del todo. La mayoría están en zonas indígenas y regiones alejadas.
Además, por la pandemia, solo el 50% del 1,1 millón de alumnos matriculados logró recibir educación a distancia en 2020. A eso, se suma otro rezago: el que provocó la huelga de tres meses de los educadores, en 2018.
La propuesta de la congresista Hernández es que con la declaratoria de emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) podría instalar agua potable en esos centros de educación y así no habrá excusa para evitar las clases presenciales.
Cruz no dejó pasar la oportunidad para pedir apoyo para “construir juntos” y conformar una mesa de trabajo dirigida a decretar esa declaratoria de emergencia para la educación, ante la claridad de que volver a las aulas es urgente y también las consecuencias en el aprendizaje y desarrollo que tuvo la no presencialidad en los alumnos.
“El retorno a la presencialidad es impostergable porque sabemos de todas las consecuencias que esto trae y además no solo las consecuencias, si no también porque tenemos que avanzar para nivelar a los estudiantes”, dijo la ministra en referencia al rezago en aprendizajes que requerirá una estrategia para compensar los temas no abordados durante la crisis sanitaria.
“Les ofrezco el espacio en el MEP para que juntos podamos analizar y poder avanzar en esa declaratoria de emergencia, y poder también contar con los recursos no solo económicos sino también de apoyo. Usted (diputada) lo mencionó muy bien, comparto que el tema del retorno a la presencialidad no le corresponde solo al Ministerio. Lo hemos llamado como una misión país, donde todos, desde la responsabilidad individual y colectiva, tenemos que llegar a ese proceso de presencialidad”, añadió la jerarca.
Con una declatoria de emergencia educativa, el MEP tendría la posibilidad de agilizar el giro de recursos para invertir en las escuelas y colegios que afrontan problemas para adaptar sus instalaciones a los protocolos sanitarios. La declaratoria permitiría contrataciones directas, entre otros.
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Cruz acudió este miércoles a la audiencia, programada desde setiembre, para que diera cuentas de todas las acciones del MEP para atender a los estudiantes a distancia, con las dificultades tecnológicas de más de 300.000 estudiantes que carecen de acceso a aparatos electrónicos o Internet.
Desde las 3 p. m., cuando le dieron la palabra, Cruz hizo una larga exposición sobre las medidas tomadas.
Expuso una línea de tiempo de las acciones que implementó la institución desde el 16 de marzo, cuando se dio el cierre de los centros educativos por los casos de covid-19, hasta la fecha.
Citó la entrega de alimentos, identificación de las necesidades tecnológicas de los estudiantes, divulgación e implementación de la estrategia Aprendo en Casa y las acciones para el cierre del curso lectivo.
La jerarca expuso a los diputados la estrategia Regresar para el retorno a clases presenciales a partir del 8 de febrero y explicó en qué consistían los protocolos sanitarios que se van a implementar.
También, adelantó necesidades, que incluirán posibles presupuestos extraordinarios para sufragar aspectos como el transporte estudiantil que se vio recortado.
Dudas de tres diputados
Durante el periodo de preguntas, solo pudo contestar y atender las inquietudes de tres legisladores liberacionistas ya que los diputados rompieron el cuórum a las 5: 37 p. m., una hora y 20 minutos antes de lo previsto.
Igualmente, fue interrogada sobre temas como infraestructura, tecnología y distribución de alimentos.
Wagner Jiménez le cuestionó que se le entregara paquetes de alimentos a familias que no los necesitaban ya que la cobertura en preescolar y primaria es universal. Cruz respondió que la entrega de esos paquetes a cerca de 850.000 alumnos se realizó de acuerdo a las listas de beneficiarios a los que antes de la pandemia se les atendía en el comedor.
“Todavía las Juntas de Educación están esperando las depósitos del año anterior, es decir, escuelas y colegios están esperando los depósitos de los comedores escolares y transporte estudiantil del año 2020. Es decir, el MEP ya tiene problemas financieros que arrastra del curso lectivo anterior ¿para cuándo se normalizarán esas deudas que se tienen?”, le preguntó Jiménez.
Cruz respondió que ya hicieron los trámites en Hacienda para cubrir ese déficit que alcanza los ¢9.000 millones.
La diputada María José Corrales le preguntó, entre otras cosas, sobre las debilidades en el desarrollo de infraestructura educativa y, en el particular, de que la Dirección de Infraestructura (DIE) sigue teniendo problemas para el trámite y ejecución de las distintas necesidades de los centros educativos. También le reclamó las obras pendientes del fideicomiso educativo que se aprobó en 2013.
“Le puedo poner un ejemplo, la escuela de El Saíno en Pital (San Carlos) desde mayo del 2019 se encuentra en el área de contratación (de la DIE) y no se tiene respuesta alguna”, dijo la legisladora.