Daniela Cerdas E.. 30 marzo
La Contraloría investigó los depósitos ordenados por Villalobos y, tras los hallazgos, recomendó al MEP, en el 2016 despedirlo sin responsabilidad patronal y con inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años. Foto: Rafael Pacheco
La Contraloría investigó los depósitos ordenados por Villalobos y, tras los hallazgos, recomendó al MEP, en el 2016 despedirlo sin responsabilidad patronal y con inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años. Foto: Rafael Pacheco

En las cuentas aparecieron ¢20 millones a favor de la Junta de Educación Escuela La Trinidad de Moravia para “mejoras de infraestructura”.

Sin embargo, la presidenta de esa unidad escolar, Carmen Mercedes Barrantes, indicó que “la Junta no solicitó ni recursos ni presentó proyectos de infraestructura” para recibir esos dineros de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIIE), la oficina del MEP responsable de construir y reparar escuelas públicas.

Ese es solo uno de los casos que recopiló la Contraloría General de la República para exigir el despido del ingeniero civil Carlos Villalobos Argüello, de 52 años, quien transfirió el dinero cuando fue director de esa Dirección entre el 2008 y el 2014; actualmente se mantiene como subdirector.

Un informe de la Contraloría, del 4 de agosto del 2015, acusa al alto funcionario de “negligencia y descuido” “al no crear los procedimientos para controlar el uso y manejo” del dinero público.

Los fiscalizadores tomaron una muestra de siete transferencias que hizo, como director, a Juntas de Educación, y descubrieron que "en gran parte de los casos antes analizados converge la carencia del sustento técnico que justifique los montos girados a esas organizaciones”. Esto provocó que el dinero destinado a obras escolares estuviera engavetado, sin uso, hasta por tres años y cinco meses.

El reporte, que hasta ahora se conoce, llevó al Ministerio de Educación Pública (MEP) a despedirlo en el 2016, sin responsabilidad patronal, tal y como ordenó la Contraloría. Esta última entidad también instruyó para inhabilitarlo en cargos públicos por dos años al encontrarlo responsable de “culpa grave”.

Sin embargo, Villalobos acudió a los tribunales a reclamar el despido y, un juez contencioso administrativo ordenó, como medida cautelar, reinstalarlo mientras se resuelve el caso, lo cual, hasta ahora no ha ocurrido.

La DIEE es una oficina que pese a tener 119 funcionarios, entre ellos, ingenieros, arquitectos y abogados, es acusada por la propia Auditoría Interna del MEP de ser ineficaz para invertir correctamente los millonarios fondos que destina el Estado para construir y reparar escuelas. Igualmente, se le señala de otorgar contratos irregulares a empresas privadas y de tener trabajadores “despreocupados y conflictivos” que llevan a la paralización de los proyectos.

Al 29 de marzo de este año, las Juntas de Educación y Administrativas de los centros educativos tenían, sin ejecutar, ¢141.000 millones en sus cuentas de caja única.

Además, las órdenes sanitarias que gira el Ministerio de Salud para arreglar problemas en centros educativos han ido en aumento. En marzo del 2017, eran 440 centros los que tenían una orden sanitaria; en agosto del año pasado, la cifra subió a 633.

“Debilitó el control interno de la DIEE”

Villalobos aún toma decisiones en la DIEE pese a que la Contraloría lo cuestionó con dureza.

“Consideramos que (las conductas de Carlos Villalobos) fueron cometidas con culpa grave, precisamente porque su actuar negligente y descuidado debilitó el control interno de la DIEE y ocasionó impactos negativos en las finanzas de la Institución al mantener fondos sin rédito alguno y por tiempos prolongados en las cuentas de la Caja única del Estado".

De acuerdo con la Contraloría, las faltas cometidas por Villalobos fueron gravísimas a tal punto que infringieron las normas que integran el Sistema de Fiscalización de Hacienda Pública (...)

"Con sus acciones y omisiones el señor Villalobos incumplió los deberes funcionales en el desempeño de director de la DIEE, cargo para el cual había sido contratado. Prueba de ellos es que de manera negligente y con pleno descuido ordenó las transferencias de los fondos públicos a las Juntas de Educación y Administrativas sin contar con el respaldo técnicos respectivo para cada proyecto de la cartera”, añadió el órgano contralor.

La Nación se comunicó con Villalobos para preguntarle por qué hizo depósitos sin ninguna razón, pero indicó que no se iba a referir porque es un “asunto privado” el cual está en discusión en los tribunales.

¿Por qué la Contraloría solicitó el despido?

La Contraloría solicitó a Villalobos, el listado de los centros educativos que tenían dinero transferido en el 2009, pese a no existir proyecto o aval alguno de la DIEE.

Él envió una lista de 45 centros a los que se les había trasferido, en total, ¢2.231 millones, pese a que “no tienen proyecto de infraestructura asociado o aprobado”.

De esos 45, la CGR tomó una muestra de siete para investigar por qué se les había hecho el depósito y quién lo había autorizado.

Se comprobó que se trasfirieron ¢219 millones a esos en siete centros. Los montos oscilaban entre los ¢15 millones y ¢50 millones.

Por ejemplo, la Contraloría descubrió el caso de la Escuela Trinidad de Moravia, pero una situación similar se dio en la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís de Goicoechea.

Esta Junta recibió ¢15 millones, en 2009, para “mejoras en infraestructura”, pero en mayo del 2012, el presidente de la Junta afirmó que tampoco habían solicitado recursos ni presentaron proyectos durante el periodo 2008-2011.

También se hicieron depósitos a centros en Liberia, Heredia, San Carlos San Ramón. En la mayoría de los centros, los dineros continuaban ociosos hasta tres años después de su depósito, sin que en la DIEE se le diera seguimiento de qué ocurrió con ese dinero.

Villalobos alegó a la Contraloría que si bien había dinero ocioso, “no había sido por falta de criterio técnico”. Indicó en ningún momento ha utilizado esos recursos para el beneficio propio.

“Alegó que cuando inició su labor como director de la DIEE, no existía ningún tipo de planteamiento o estrategia para realizar su trabajo como director, por lo que tuvo que implementar algunos controles. Alega que no es cierta la afirmación de que la DIEE no estableció prioridades, pues siempre ha velado para que los estudiantes de las instituciones educativas en mayor riesgo social y de marginalidad continúen realizando sus estudios”, dijo la Contraloría.

Para defenderse, Villalobos presentó pruebas documentales. Sin embargo, la Contraloría advirtió que estas eran un cúmulo de fotocopias sin certificar, por lo cual, “se presume de su autenticidad e integridad”.

“No es aceptable su alegato de defensa en cuanto a los errores cometidos en los depósitos a la Junta Coope San Juan y El Palmar puesto que no se vinculan a ningún proyecto formal, si no que ahora él pretende justificarlos alegando que esos centros tenían otras necesidades.

"Lo cierto es que todos los centros tienen necesidades de infraestructura y equipamiento, y es por eso, que la obligación de elaborar un sustento técnico como es un estudio de prefactibilidad, factibilidad y presupuesto u otros es precisamente para maximizar la utilización de los recursos. Se nota la duplicidad de recursos depositados por errores groseros, por inadecuados controles, tales como la falta de procedimiento formal y registro adecuado de los códigos de centros los centros educativos”, indicó la Contraloría.

El órgano contralor realizó la investigación contra Villalobos luego de haber dado a conocer el estudio DFOE-SOC-IF-16-2011 sobre el proceso de planificación de la infraestructura educativa, desarrollado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), en el cual se detectaron anomalías en la DIEE.

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