La huelga contra la reforma fiscal, a la que los docentes se sumaron desde setiembre hasta diciembre del año pasado, impidió al Ministerio de Educación Pública (MEP) notificar e iniciar procesos de cobro a unos 1.500 trabajadores que habían recibido pagos de más por error.
Así se desprende de un informe de la Contraloría General de la República (CGR), sobre la liquidación presupuestaria de ese ministerio para el año anterior.
De acuerdo con la auditoría, el MEP encara una problemática en relación con la generación de las llamadas “posibles sumas de más”, que para el 2018 sumaron ¢47.934 millones. La suma es ¢2.325 millones más (5% más) con respecto a la suma que se había acumulado al 31 de diciembre del 2017.
Además de las “posibles sumas pagadas de más”, el MEP debe realizar estudios para determinar cuáles de estas son realmente “sumas pagadas de más".
Según la Contraloría, al 31 de diciembre de 2017, el saldo de las sumas pagadas de más alcanzó el 66% (¢31.840 millones) del total del saldo de las “posibles sumas pagadas de más” acumuladas a esa fecha, de los cuales se logró recuperar el 71%, es decir ¢22.469 millones.
"Ahora bien, acerca de la determinación de las SGM (sumas pagadas de más” y su recuperación, durante el año 2018, este órgano contralor identificó una disminución en los resultados obtenidos con respecto al período anterior, por cuanto se recuperaron 8% menos del saldo de SGM determinadas, producto de que en el 2018 se recuperó un 77% del saldo determinado para ese año, en tanto que en el 2017 se recuperó un 85% de ese saldo” cita el informe.
De acuerdo con el documento, el resultado obtenido en el año 2018 con respecto al 2017, refleja una disminución cercana al 30% (¢1.570 millones) en el monto determinado como SGM, así como una disminución del 36% (¢1.622 millones) en el monto recuperado en el 2018 respecto del año 2017.
“Los resultados señalados, según autoridades del Ministerio, son producto de los efectos de la huelga nacional iniciada a partir del mes de setiembre y hasta mediados de diciembre del 2018, situación que impactó negativamente los procesos de cobro que la Unidad había iniciado.
En particular se indicó que cerca de 1.500 funcionarios no pudieran ser notificados por encontrarse cerrados los centros educativos”, explica la CGR en la auditoría.
Además indica que la Unidad de Cobros Administrativos ha tenido que reprogramar las fechas de presentación de pruebas, comparecencias, acuerdos de pagos, notificaciones y demás procesos para mitigar dichos efectos.
Según la Contraloría, los montos por sumas pagadas de más aumentan año con año. Entre las razones están la persistencia de debilidades como falta de desconcentración del registro de los movimientos de personal que afectan la planilla salarial del MEP en las 27 direcciones regionales de educación.
Tal situación hace que el registro no sea inmediato, sino que los centros educativos y las direcciones regionales se tardan en la preparación de documentos para generar los movimientos de personal, y su envío a las oficinas centrales del MEP, para su procesamiento e inclusión en el Sistema Integra 2.
Entre los esfuerzos realizados por el MEP para enfrentar esta problemática, la Contraloría destaca medidas como la puesta en operación del sistema Integra 2 y la instauración, a partir de 2015, de mecanismos de control para efectos del pago de las remuneraciones y topes de lecciones para cada centro educativo de secundaria con base en los parámetros establecidos y las cantidades presupuestadas.
Esas herramientas, han ayudado a controlar la cantidad de lecciones que se pagan a los trabajadores por centro educativo.
También se procura registrar con mayor oportunidad los decesos de funcionarios e incapacidades de los funcionarios a través del desarrollo de interfaces entre el sistema Integra 2 y las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La huelga de educadores que se mantuvo durante tres meses, provocó, además de la pérdida de lecciones, que más de 79.000 alumnos se quedaran sin recibir alimentación porque más del 50% de los centros educativos estaban cerrados.
Además, hubo atrasos en la entrega de notas y los estudiantes de último año de colegio no tuvieron preparación para las pruebas de bachillerato. También complicó la tramitación de becas para 22.000 estudiantes pobres.
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El movimiento, sin embargo, fue declarado legal por el Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, al descartar violencia y afectaciones a los servicios esenciales.