EscucharVíctor Morales Mora, futuro ministro de Trabajo, sugiere levantar el veto con el que el Gobierno actual frenó la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral.
Se trata del proyecto de ley que pretende reducir los plazos de los juicios laborales mediante la introducción de procesos orales, pero que, a la vez, legalizaría las huelgas en servicios públicos esenciales, como los que ofrecen entidades como la Policía y los hospitales, entre otras.
“Recomendaría el resello. Esa es mi posición. Yo recomendaría que se apruebe tal como está, que se levante el veto. Tengo pendiente una conversación formal con el presidente electo (Luis Guillermo Solís)”, dijo Morales, quien actualmente se desempeña como alcalde de Aserrí.
El próximo jerarca argumentó que, si bien hoy las huelgas no son permitidas en los servicios públicos esenciales, en la vida real se producen, como ha ocurrido en los casos de los anestesiólogos o de los funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
“La realidad termina rebasando la normativa. El gran logro es que la Reforma propone que, al ir a esas huelgas, debe haber un acuerdo entre partes para garantizar una prestación mínima y, si no, un juez resuelve”, declaró Morales.
La presidenta Laura Chinchilla vetó la Reforma Procesal Laboral en octubre del 2012, luego de que el Congreso la aprobó, al calificar de inconstitucional la posibilidad de que se permitieran los movimientos huelguísticos en los servicios esenciales.
Sobre este tema la administración de Laura Chinchilla también argumentó que el texto, aprobado por 40 diputados, prohibiría al Gobierno contratar personal temporal para sustituir a los huelguistas cuando se interrumpen los servicios.
No obstante, Víctor Morales sostiene que la ruta correcta a seguir es aprobar la Reforma ya avalada en la Asamblea Legislativa y, luego, aprobar otro proyecto que subsane las preocupaciones que surgieron después de su aprobación, sobre todo en lo que se refiere al tema de la impunidad de las huelgas cuando estas son declaradas ilegales.
El futuro ministro hizo referencia a un proyecto de ley del diputado Luis Gerardo Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN), el cual propone que se permita aplicar rebajos retroactivos de salarios a los huelguistas cuando un movimiento de esta naturaleza recibe la declaratoria de ilegalidad en un juzgado.
Ese plan además establece que, si menos de un 30% de los empleados participa en la votación para decidir si van a huelga, el movimiento debe recibir el apoyo la mitad más uno de los presentes.
Villanueva sostuvo que esa sería la condición requerida para empezar el movimiento, cuya legalidad luego podría ser sometida al criterio de un juez.
El legislador añadió que este texto, que está en la Comisión de Asuntos Jurídicos fue negociado junto con empresarios y sindicatos, pero no así por la administración Chinchilla.
La fracción electa del Frente Amplio, por su parte, ya solicitó a Luis Guillermo Solís levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral y permitir que entre a regir tal como está.
Incluso, se lo planteó en medio de conversaciones para la conformación del Directorio legislativo que se elegirá el 1° de mayo.
Los empresarios, en tanto, consideran que lo más conveniente es aprobar un texto sustitutivo que solo incluya la agilización de los juicios laborales, sin tocar el tema de las huelgas.
“Llegamos a la conclusión de que el país necesita urgentemente una reforma procesal laboral. Nos dedicamos a consensuar un proyecto que viera la parte de agilizar los juicios laborales, dejando por fuera la parte colectiva de las huelgas. Lo que urge es la parte procesal”, dijo Juan Ramón Rivera, presidente de la Cámara de Industrias.
Él coordinó una comisión de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) que presentó un proyecto que ya entró a la corriente legislativa.
La Reforma Procesal Laboral fue redactada en el año 2005 por la Corte Suprema de Justicia.
