Cuatro meses después de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) decidiera romper el convenio del Programa de Informática Educativa (Pronie) de la Fundación Omar Dengo, aún las entidades no se ponen de acuerdo sobre la devolución de activos, entre los que hay desde dispositivos informáticos hasta vehículos.
Uno de los motivos del conflicto es el costo del traslado y el pago de almacenamiento de los equipos.
Para Gabriel Macaya, presidente de la Junta Administradora de la Fundación Omar Dengo (FOD), ese es un asunto que debe ser asumido por el Ministerio, pues fue esa institución la que, de manera unilateral, decidió poner fin al convenio.
El MEP, por su parte, critica la posición de la FOD y se opone a costear el traslado, estimado en $157.040, que incluiría la movilización de 60 contenedores, el alquiler y el pago de un montacargas por cuatro semanas, así como el pago del salario de 25 personas durante cuatro semanas.
Macaya refuta esas afirmaciones. Dijo a La Nación que ellos no buscan dinero del MEP y que incluso la FOD le planteó un traslado ordenado de los equipos, el cual no fue aceptado.
“No es responsabilidad nuestra trasladarlos, no es cierto que estemos pidiendo plata para pagar salarios, no es cierto que estemos pidiendo nada, los equipos están disponibles (...) le toca al Ministerio hacerlo porque el Ministerio rompió el convenio. Es una irresponsabilidad del Ministerio no hacer trasladar esos equipos a los centros educativos y a los estudiantes”, aseveró el representante de la organización.
Fue enfático en que los equipos y materiales están listos, ordenados y a disposición del MEP.
“El Ministerio tiene toda la información y el listado de esos activos, nosotros lo que estamos diciendo simplemente es que el Ministerio pase a recogerlos. No estamos pidiendo en este momento nada más que pase a recogerlos y que asuma su responsabilidad utilizando esos equipos en beneficio de los estudiantes, son equipos nuevos, en sus cajas y disponibles de inmediato en el momento que el Ministerio diga a dónde se los quiere llevar”, añadió.
Entre los activos hay vehículos, computadoras, servidores, unidades de almacenamiento, equipos de red y comunicación inalámbrica, monitores, proyectores, impresoras y UPS. También hay 164.814 artículos que corresponden a diversos accesorios de equipo de cómputo como audífonos, ratones de computadora (mouse), maletines y más, valorados en ¢12.485 millones.
La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, declaró el pasado martes ante los diputados de la Comisión Especial de Educación que la FOD solo dejó 140,000 computadoras para un millón de niños y que la información que la Fundación proporciona no es cierta.
“Tenemos toda la documentación de que ellos nos quisieron cobrar más de ¢100 millones por realizar el inventario, no nos pudieron pasar el inventario, entonces no es así nomás que nosotros podemos entrar ahí y recoger esas cosas. Ellos pusieron todos los activos a nombre de la Fundación y entonces perdimos 11.000 licencias porque no las pudieron traspasar”, aseveró Müller.
Macaya insistió en que todos los equipos están a disposición de la educación costarricense. En cuanto a la ruptura del convenio, dijo que en la FOD están claros de que el MEP no quiere trabajar con ellos.
“Nuestra preocupación es cómo eso está afectando a los estudiantes porque de toda evidencia, el MEP no estaba listo para asumir los compromisos de la ruptura (...) los estudiantes no están recibiendo el apoyo en informática educativa”, aseguró.
En vía judicial
Este martes, también se dio a conocer que el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la solicitud de medida cautelar presentada por la FOD de dejar en suspenso la decisión del MEP.
Tras conocer la resolución, el Ministerio informó en un comunicado que falta información para la recepción de bienes y que “no sería responsable recibir los bienes en esas condiciones”.
Asimismo, dijo que la Fundación interpuso un proceso de consignación de activos ante el Juzgado Contencioso para que se acepte la entrega de los equipos.
No obstante, indicó el Ministerio, ahora la Procuraduría General de la República interpuso una adición al fallo sobre la medida cautelar para que el juez resuelva la contracautela por medio de la cual el Estado pretende la recuperación de los más de 215.000 activos en poder de la Fundación.