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La Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago, concluyó sus funciones el sábado 14 de Agosto, sin presentar el informe de labores para dar cuentas de su trabajo.
Esta falta de rendición de cuentas ocurre justo cuando el manejo de dinero por parte de ese órgano está bajo investigación por parte de una comisión especial a instancias del Concejo Municipal de aquel cantón.
El ayuntamiento pidió explicaciones en relación con supuestas anomalías denunciadas, pero la Junta terminó sus labores sin que se conozcan.
“Ha sido una irresponsabilidad de los miembros de esta junta irse sin cumplir el informe de labores anual que le exige el estatuto, ahora estamos corriendo para nombrar un nueva junta pero eso se llevará sus días”, expresó el regidor Jonathan Arce.
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Según Arce, el mismo profesorado pidió al Concejo denunciar las supuestas irregularidades ante la Contraloría General de la República (CGR).
“Estamos reuniendo pruebas y testimonios para ver sí lo planteamos al ente contralor”, explicó Arce.
Otro de los hechos que les preocupa, añadió el regidor, es que los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa también pidió a la Contraloría investigar al Colegio San Luis Gonzaga, porque es una de las entidades que incumplió la regla fiscal, que es un tope en el crecimiento de los gastos, establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“Nos abruma tanta cosa, pero vamos a dilucidarla por el bien de la benemérita institución, primer colegio que se fundó en nuestro país”, aseveró Arce, exalumno de ese centro educativo y padre de un estudiante.
El Colegio San Luis Gonzaga fue creado en 1842 aunque comenzó a funcionar en 1869.
La institución es carácter municipal por lo que su Junta, integrada por cinco miembros, es electa por el Concejo a partir de de ternas enviadas por los profesores, estudiantes, exalumnos, asociación de padres y un representante elegido directamente.
Actualmente, es el único colegio del país que no da clases presenciales alegando que no tienen recursos y que presentan un déficit.
Parte de los recursos con los cuales se sostenía el centro educativo provenían del alquiler de locales comerciales en el centro comercial San Luis, pero la pandemia hizo que muchos de los negocios no pudieron seguir adelante y eso, supuestamente, afectó las finanzas.
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La ley 4471, la cual reconoce la autonomía de este centro educativo, también obliga al Ministerio de Educación Pública (MEP) a darle apoyo financiero.
Inicialmente, el Ministerio solo pagaba los sueldos de los profesores pero, ahora, también debe pagar el del resto del personal técnico, docente administrativo y los salarios que requiera la administración de este colegio para cumplir con sus obligaciones.
Así lo dispuso una reforma a la normativa aprobada en febrero.
Entretanto, los 2.500 alumnos se encuentran en clases virtuales por la supuesta falta de recursos. Sin embargo, el MEP indicó a La Nación días atrás que había girado los recursos que corresponden del pago de docentes y gastos administrativos.
Actualmente, el Ministerio negocia con ellos para que lleven a cabo un plan de retorno a las aulas.
