El Concejo Municipal de Cartago creó una comisión para investigar las finanzas del Colegio San Luis Gonzaga, debido a una supuesta situación deficitaria que le impide, entre otros, reanudar las clases presenciales.

Mario Redondo, alcalde de ese cantón, propuso la conformación del grupo ante denuncias y posiciones encontradas sobre la actuación de la Junta Administrativa de esa secundaria, la cual es nombrada por el ayuntamiento.

“Vienen presentando una situación deficitaria de finanzas que compromete la prestación de los servicios. Nos han dicho que tiene una orden sanitaria; en la planta sur tenían que hacer unas reparaciones, pero que no tenían recursos.

“Se está tratando de escuchar a todas las partes y conocer la situación y estamos a la espera del informe de la comisión”, expresó Redondo.

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Parte de los recursos que permiten sostener el centro educativo, que cuenta con cerca de 2.500 estudiantes, provienen del alquiler de locales comerciales en el centro comercial San Luis,

Sin embargo, los encargados alegan que la pandemia hizo que muchos de los negocios no pudieron seguir adelante y que eso, supuestamente, afectó los ingresos del centro educativo,

La ley 4471, la cual reconoce la autonomía de dicha institución, también obliga al Ministerio de Educación Pública (MEP) a darle apoyo financiero.

En febrero pasado, una modificación a dicha ley obligó al Ministerio a pagar los salarios de todo el personal y gastos administrativos del colegio.

Anteriomente, el Ministerio solo pagaba los sueldos de los profesores pero, ahora, también debe pagar el del resto del personal como técnicos, docentes administrativos y del resto de funcionarios que requiera la administración para cumplir con sus obligaciones.

Sin clases presenciales

Karol Zúñiga, jefa del viceministerio de Planificación del MEP, indicó que la mayoría de los alumnos del Colegio San Luis Gonzaga sigue en clases virtuales aunque se han girado los recursos para que puedan ser recibidos en las aulas.

Zúñiga detalló que el Ministerio le ha transferido los dineros correspondientes al pago de docentes y gastos administrativos. Indicó que estos últimos ascienden a ¢7 millones mensuales.

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La funcionaria comentó que aunque los responsables del colegio han solicitado recursos adicionales, por ley no corresponde darles más.

“Conocemos por varias comunicaciones de la Junta Administrativa que está enfrentando deficiencias para cubrir sus gastos; hemos tratado de recomendarles acciones para el saneamiento de sus finanzas.

“No tenemos detalle a qué se debe ese déficit. Por esa autonomía que tiene esa junta administrativa es complejo coadministrar con ellos”, expresó Zúñiga.

Por otra parte, manifestó que se les ha solicitado en varias ocasiones un plan de retorno a clases presenciales

“El supervisor de la regional de Cartago se ha reunido en varias ocasiones con la Junta. Sigue hacer un llamado de atención, tendremos que analizar la situación y qué consecuencias habría .

“Hay que negociar con ellos para que plasmen en un plan de retorno”, aseveró.

La Nación llamó en varias ocasiones al director del colegio, Franklin Solano, y a la presidenta de la Junta, Cindy Blanco, pero al cierre de esta información no habían respondido.

Solicitud de información

En junio pasado, la comisión nombrada por la Municipalidad de Cartago para investigar la situación del Colegio San Luis Gonzaga solicitó a la presidenta de la Junta Administrativa un informe financiero

Así consta en el oficio CECLG-02-2021. Además, el grupo requirió información sobre las deudas que tiene la institución con los proveedores y personal contratado por la Junta Administrativa.

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Los miembros de la comisión también pidieron cuentas sobre las razones por las que no se aprobó el presupuesto 2021 de la institución y las repercusiones de dicha decisión.

Además, pidieron el estado de ingresos y egresos del colegio en los últimos tres años e informes de la Contraloría General de República y de la auditoría del MEP sobre el centro educativo.

Finalmente, se le solicitó al director colegio explicar las razones por las cuales el Consejo de Profesores solicitó una auditoría financiera de la institución a la Contraloría, en febrero pasado.