No llega a la población que más debe interesarle formar y la capacitación que brinda sigue sin llenar las necesidades que tiene el mercado de trabajo en Costa Rica.

Estas son dos conclusiones de la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoría dada a conocer en diciembre, según la cual, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) presenta una baja eficiencia en su labor.

La fiscalización sobre el servicio del INA abarcó los programas de Inglés; Informática y Comunicación; Electricidad y Electrónica; así como Telecomunicaciones y Telemática. La evaluación comprendió del 1.° de enero del 2017 al 31 de agosto del 2020.

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Entre otros aspectos, el órgano contralor analizó las variables de cobertura entre los mayores de 15 años provenientes de distritos de bajo o muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico, que deben tener la prioridad. Asimismo, revisó la pertinencia de los cursos ofertados con las necesidades del país.

“Se determinó un nivel bajo en la eficiencia del servicio de capacitación y formación técnica profesional, ya que hay un decrecimiento en el nivel de productividad marginal, originado de un efecto combinado de disminución de la oferta de productos (horas, programas y personas egresadas) que supera proporcionalmente la reducción de los presupuestos ejecutados, lo que implica que cada vez se requieren más recursos (presupuesto) para producir el mismo nivel de servicio”, concluyó el informe.

Con respecto a la cobertura, se mostró una tendencia decreciente en el periodo 2017-2019 con un 1,3%, y 1,0%, respectivamente. En 2017 se atendieron a 51.100 personas de los 3.839.007 individuos mayores de 15 años que había en el país para ese momento. En el 2019, se atendieron a 41.644 de esa población, que en total aglutinaba a 3.946.474 personas.

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En lo referente a egresados provenientes de distritos de muy bajo o bajo índice de desarrollo social, la Contraloría determinó que, aunque la cobertura relativa pasa de 29,1% a 29,5% entre 2017 y 2019, la cantidad total de egresados provenientes de esos segmentos disminuyó de 4.496 a 3.120.

“El INA se enfoca en atender a las poblaciones en desventaja que están incorporadas a los programas de formación y capacitación técnica profesional, sean referidas por otras instituciones o que acuden por iniciativa propia.

“Sin embargo, no se evidencian esfuerzos para la captación de participantes de esas poblaciones, ni se cuenta con una oferta formativa con diseños específicos o a la medida para las poblaciones en desventaja social, especialmente a la población con discapacidad”, indicó la Contraloría.

Frente a los señalamientos, el INA reconoció una serie de limitaciones internas que atribuye a sus competencias legales, regulaciones administrativas, modelo de organización y de gestión, entre otras. Todas estas, justificó, afectan sus posibilidades para ampliar su cobertura, incrementar su impacto, alcances y resultados.

“Estas limitaciones inciden en su capacidad de adaptarse a las dinámicas complejas y cambiantes del mercado laboral, que cada vez más requieren respuestas ágiles, oportunas y pertinentes para desarrollar programas y estrategias de competencias acorde a las demandas de un mercado laboral”, respondió el Insituto ante consultas de La Nación.

Demanda laboral

¿Y el mercado de trabajo? De acuerdo con el informe de la Contraloría, el INA tampoco atiende la demanda de las empresas, que han planteado la necesidad de “técnicos especializados”.

“No prepara a la población según los requerimientos del mercado laboral, lo cual tendrá incidencia en la inserción laboral”, dice el documento.

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Los resultados obtenidos en las variables relacionadas con el nivel de cualificación técnico especializado para el periodo 2017-2019, indican que hubo incrementos de 19,0% en la cantidad de horas impartidas y de 2,6% en la cantidad de módulos impartidos, sin embargo, hubo una disminución de 1,8% en la cantidad de participantes y de 21,2% en la cantidad de personas egresadas de dicha especialidad.

Los resultados muestran que para el sector eléctrico la oferta del INA presenta una tendencia creciente en cuanto a matrículas (6 %) y módulos (1,9 %); sin embargo, las personas egresadas muestran un decrecimiento de 3,1% y de 1,5% en las horas de formación.

Por su parte, el sector de comercio y servicios presenta una tendencia decreciente en cuanto a personas egresadas (-47,6%), matrículas (-17,6%) y módulos (-13,7%).

La Contraloría también realizó una encuesta a 232 personas egresadas durante el 2019 y 2020. El 31% de ellos indicó que no se incorporó a un puesto de trabajo porque la formación recibida no está acorde con las necesidades laborales, porque no existe suficiente demanda de trabajo o por motivo de la emergencia sanitaria del país.

Las personas egresadas de los programas de Inglés e Informática y Telecomunicaciones son quienes señalaron con mayor frecuencia a la Contraloría que no logran incorporarse en un puesto de trabajo.

En cuanto a los resultados generales de los programas de Inglés, cuyas pruebas TOEIC se empezaron a aplicar en el 2018, se determinó que los niveles de logro de las habilidades Speaking, Reading y Listening aumentaron en 3,8 puntos porcentuales en el 2019 respecto del año 2018.

No obstante, al 31 de marzo de 2020 se presentó un decrecimiento de 7,2 puntos porcentuales respecto al año 2019.

“De acuerdo con el criterio de las distintas cámaras de empresas, representaciones patronales y miembros de la academia consultados, específicamente en el sector tecnológico, se indica que es necesario incrementar la capacitación en nuevas tecnologías, en procesos, habilidades personales y multilingües”, señala el informe.

Según esas fuentes, agrega el documento, existe una brecha entre lo ofertado por la institución y la demanda de las necesidades del mercado, pues el INA se ha concentrado en egresar “trabajadores calificados” cuando el mayor requerimiento es de “técnicos especializados”, criterio que coincide con lo indicado en por el Estado de la Nación.

Las autoridades del INA explicaron que, partir del 2014, apostaron por la atención de la demanda a través de personas egresadas con el nivel de cualificación de técnicos y técnicos especializados y no de programas cortos o módulos específicos para el desarrollo de competencias, por lo que la cantidad de personas egresadas para el periodo evaluado por la CGR disminuyó en términos absolutos.

“Sin embargo, no es esta una señal de que el INA no haya apostado dentro del periodo evaluado, por cambios importantes en los servicios de capacitación y formación técnica profesional.

“Hoy se cuenta con los nuevos programas de Inglés y de pruebas de certificación de competencias, diseñados en conjunto con el sector empresarial a efecto de responder a la demanda del mercado laboral bilingüe, así como a la ampliación en la cantidad de personas egresadas de dichos programas”, explicó la institución.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) reconoce la labor histórica del INA, pero también señala áreas de mejora como virtualidad en los cursos que lo permitan, prospección para determinar las necesidades futuras en las áreas de capacitación y formación, así como un mejor vínculo con el sector productivo mediante los comités de enlace.

“Desde la Uccaep, estimábamos importante impulsar y escalar los programas de capacitación, y recapacitación, de la fuerza laboral, con el fin de garantizar mayor empleabilidad y garantizar alineamiento con los sectores dinámicos y los empleos que estos generan, para lo cual veíamos oportuno la modernización del INA para adaptarlo a los requerimientos de la 4ta. revolución industrial”, respondió a La Nación, William Rodríguez, asesor laboral de la Uccaep.

Esperanza

Precisamente, en diciembre anterior, se aprobó en primer y segundo debate en la Asamblea Legislativa, una reforma a la Ley Orgánica del INA.

La modificación, según el Instituto, le dará mayor flexibilidad en el régimen de empleo, agilidad en la contratación de bienes y servicios y una mejora en la administración de sus recursos.

Además, lo dotará de herramientas para la inclusión social, solvencia presupuestaria y promoción de la inserción laboral de los egresadas de los servicios de capacitación y formación profesional a partir de un nuevo marco normativo.

El plan, que ordena al Instituto actualizar sus programas de formación, permitirá a la entidad pagar becas a estudiantes en otros centros públicos o privados de estudio, cuando no los pueda atender con sus propios programas.

El principal objetivo será darle herramientas a las personas para que encuentren y mantengan empleos de calidad en las áreas que demanden las empresas, o para que emprendan con proyectos propios.

“La formación de capital humano calificado, la capacitación y la actualización de la fuerza laboral son herramientas vitales para promover una educación y formación técnicoprofesional de calidad, que ayude a atraer inversión extranjera”, expresó el asesor de Uccaep, organización que tiene gran esperanza en la nueva normativa.

“Para el sector productivo la reforma significa un salto en la calidad de la educación técnica, ya que permitirá contratar docentes con experiencia y a su vez se traducirá en talento humano más y mejor capacitado”, expresó Rodríguez.