La posibilidad de que estudiantes pobres reciban, finalmente, el servicio de Internet y los equipos necesarios para la educación a distancia dependerá de que se cumplan dos condiciones.
Uno es un convenio entre instituciones y otro la existencia de los llamados protocolos de actuación para el manejo de datos.
Ambos son requisitos que le puso la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) a las autoridades de educación, para permitirles trasladar al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) los números de teléfonos de los alumnos que requieren la ayuda.
El IMAS, a su vez, necesita entregar esos datos a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Una vez que la Sutel tenga la información puede comenzar el trámite con las operadoras de Internet para que conecten el servicio, y para proceder con la entrega de equipos a 215.000 estudiantes.
Ese plan está definido desde agosto del año anterior, pero todavía no se ha concretado.
Una de las razones del retraso es, precisamente, el criterio emitido por la Prodhab del 6 de abril, según el cual solo podrán transferirse datos personales cuando se cuente con el consentimiento de los titulares.
La exigencia es la que impide al Ministerio de Educación Pública (MEP) incluir en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), administrado por el IMAS, los números de teléfono de las 147.000 familias a las que pertenecen esos 215.000 estudiantes para que el Instituto las ubique.
A raíz de la limitación, Paula Villalta, viceministra de Planificación del MEP, envió un oficio el 1.° de junio a Elizabeth Mora, directora de la Prodhab, para solicitarle ampliar el criterio.
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“Se recomienda, tanto al MEP como a Sinirube que cuenten con sus protocolos de actuación; además de contar con el respectivo convenio entre las partes”, respondió Mora el día 3 del mismo mes, en el oficio APD-06-092-2021.
De esos dos requisitos, ya está el convenio entre el MEP y Sinirube. Está pendiente el tema de protocolos de actuación, que son necesarios para manejar toda base de datos, según explicó Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS.
“Esto permite que se establezcan los pasos a seguir en el tratamiento de los datos. La Prodhab recomienda que si el responsable de una base de datos debe transferir la información personal a otra entidad, entonces, que primero establezca sus propios protocolos de actuación”, dijo.
Después de contar con esos protocolos, se debe establecer un convenio entre las partes, y, en caso de que exista, ajustarlos al protocolo definido.
“El Sinirube y el MEP ya han suscrito un convenio para la transferencia de datos y hemos trabajado para finalizar los protocolos de actuación que corresponden al tipo de información que tratamos”, añadió el jerarca.
Según lo indicado por la Prodhab, ahora las instituciones están llamadas a garantizar que los protocolos de actuación se ajusten a lo pactado en el convenio, o bien, actualizar el convenio.
Ese trabajo, adelantó Bermúdez, concluiría a más tardar en la primera semana de julio.
La Prodhab recomendó, además, inscribir la base de datos de los alumnos del MEP ante esa agencia.
“No es una obligación legal. La normativa del país solo obliga a inscribir las bases de datos que comercializan información, y este claramente no es el caso. La Prodhab considera que la inscripción es una alternativa que debe ser valorada por las instituciones, pero no condiciona el avance del intercambio de información a que eso suceda”, declaró Bermúdez.
La falta de conectividad fue la principal razón para que el MEP optara por interrumpir el curso lectivo por cuatro semanas, en vez de continuarlo virtualmente. Según el Ministerio, 425.000 estudiantes carecen del servicio.
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Los niños no reciben clases desde el 24 de mayo y así continuará hasta el 12 de julio, pasadas las vacaciones de medio año.
Sin embargo, aún cuando regresen las lecciones no volverán a las aulas, sino que continuarán con modalidad combinada.
Metas incumplidas
Desde agosto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) definió las metas para conectar y dar equipo a los 215.000 estudiantes que el MEP identificó.
La primera meta era dotar de computadora e Internet a 46.000 familias, incluyéndolas en el programa Hogares Conectados, el cual ofrece los recursos por tarifas mínimas, que oscilan entre ¢3.500 y ¢10.200 al mes. La ayuda se da por hasta cinco años.
El MEP dijo que el 7 de mayo Sutel les informó de que habían conectado apenas a 17.000 hogares, pero la meta para abril eran 24.500 hogares.
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La segunda meta definida por Micitt era dotar solo de Internet (no equipos) a 100.000 hogares. Para abril, se debieron haber alcanzando a 40.684 pero, a finales de mayo, solo llevaban 1.902.
Según dijo Paula Villalta a La Nación, los incumplimientos se dan por la falta de infraestructura de telecomunicaciones, principalmente en zonas alejadas. Añadió que la Sutel les informó de que tienen ese problema en 111 distritos.
Federico Chacón, presidente del Consejo de la Sutel, atribuyó los incumplimientos a que el IMAS no tenía los números de teléfono actualizados de los estudiantes.
Ante el faltante del número de teléfono actualizado, el IMAS acudió a su propia base de datos para buscar a las familias y trasladar la información a Sutel.
No obstante, en la mayoría de los casos la información estaba desactualizada pues, según Bermúdez, es frecuente que las familias usen servicios prepago y cambien de número de teléfono.
Audiencia con diputados
Para este jueves, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa tenía previsto una audiencia con representantes del IMAS, el MEP y la Prodhab para analizar y resolver las dificultades que tienen para no lograr la conectividad de los estudiantes.
La sesión se canceló porque la directora de la Prodhab, Elizabeth Mora, no confirmó su presencia a esa mesa de trabajo.
Wagner Jiménez, presidente de la Comisión, explicó que intentaron localizar a Mora por los canales oficiales de la Asamblea Legislativa, pero no lo lograron. Por este motivo, debieron trasladar la audiencia a otra fecha, a la espera de que Mora confirme su participación.
“Desde el martes 15 de junio se le envió la convocatoria a la mesa de trabajo. No obstante, la funcionaria contestó hasta hoy (jueves) confirmando su participación para el próximo jueves 24 de junio de 2021”, informó Jiménez.