
Las funcionarios de la dirección de infraestructura del MEP que cometen errores en los cálculos de los presupuestos, los cuales ocasionan que se giren millones de más a las juntas y grandes atrasos en los procesos de contratación, no reciben ninguna sanción por parte del Ministerio.
Este es uno de los hallazgos del informe de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública (MEP) 86-16, que consistió en determinar si los procesos asignados al Departamento de Contrataciones, uno de las siete dependencias de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP, se realizan con eficiencia, eficacia y de forma transparente.
Este departamento es el encargado de, entre otras cosas, hacer análisis de las ofertas para la reparación o construcción de un centro educativo con base en los presupuestos referenciales enviado por otros departamentos de la DIEE, entre estos el Desarrollo de Infraestructura Educativa.
Este informe detalló que se presentaban deficiencias y atrasos en el proceso de contratación de ese departamento debido a "inconsistencias" en el presupuesto de la obra tanto en el monto global como el detallado por línea, lo que implica un reproceso al solicitar la corrección de la información.
"Las debilidades del procedimiento de contratación ordinario (que se realiza en su totalidad por la DIEE) se originan en que no se tienen controles de cotejo del presupuesto previo al inicio del proceso de contratación o en su defecto a la falta del cuidado profesional del responsable de esta tarea, lo que amplía los plazos para resolver el proceso de contratación. También se observó que no hay acciones correctivas aplicadas a los responsables que cometen estos desaciertos y que comprometen la eficiencia en el uso de los recursos públicos", explica el informe.
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Un oficio de junio del 2017 alertó a las autoridades del MEP que, debido a esos errores de los profesionales de la DIEE, a las juntas de educación se les estaba girando hasta ¢120 millones de más de los que necesitaban para construir o reparar escuelas y colegios. Según el oficio, estos yerros se generaron porque los profesionales hacían mal las sumas en el presupuesto estimado de una obra.
El estudio de la auditoria logró comprobar que la cantidad de procesos de contratación concluidos para desarrollar una obra en un centro educativo era baja para la cantidad de personal del Departamento de Contrataciones. Se determinaron "tiempos excesivos" en el proceso de contratación.
"Resalta la tardanza en el caso de la Escuela Jicotea (en Turrialba), según datos suministrados, el proyecto ingresó al Departamento de Contrataciones el 7 de marzo del 2013 y la autorización (para la contratación) es dada con fecha 15 de enero del 2015", indica el análisis.
Según el informe, el retraso en el proceso de contratación en varios casos analizados se da, en ocasiones, por falta de información correcta de los datos del presupuesto global, el detallado y el referenciado de la obra, suministrados por el Departamento de Desarrollo de Infraestructura Educativa, otra dependencia de la DIEE.
Añade que la devolución del expediente para realizar las correcciones provoca la utilización de mayor tiempo y un costo adicional por el atraso a causa de las debilidades en el proceso de planificación, supervisión y revisión de los cálculos y documentos incorporados al expediente de cada proyecto de construcción. Además, provoca que el proceso de contratación para construir o reparar un centro educativo se detenga hasta que no se cuente con la información del presupuesto referencial para el análisis de las ofertas.
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Debido a las anomalías encontradas, la Auditoría pidió al director de la DIEE, Wálter Muñoz, entre otras cosas, solicitar al jefe del Departamento de Desarrollo de Infraestructura Educativa que los proyectos tanto en sus planos como en los presupuestos sean remitidos al Departamento de Contrataciones "sin errores en los cálculos y con la documentación obligatoria y completa".
Además, se le solicitó al jefe del Departamento de Contrataciones elaborar una bitácora de inconsistencias en el transcurso de cada contratación a fin de determinar responsabilidades en el personal que incurre en errores por negligencia, los cuales "entorpecen el desarrollo de la contratación y en la infraestructura educativa".
