La protesta a la cual Feitec se negó a asistir se dio este miércoles en las afueras de la Asamblea Legislativa, justo durante el acto de inauguración del nuevo edificio. Al final contó con pocos participantes, entre ellos, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) llamó a la marcha para mostrar su oposición al proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el cual pretende ordenar los salarios en el Estado, con la introducción del esquema de salario global, en el que ya no existirían los pluses.

Según el Conare, este proyecto afecta la autonomía universitaria. Por ahora, en la Asamblea Legislativa se rechazaron 17 mociones, entre ellas, varias para excluir del plan de ley a las universidades.

Poco margen de maniobra

Alcides Sánchez, quien estudia Administración de Empresas, declaró que el presupuesto del Tec está muy comprometido, sobre todo, dijo, porque la partida de salarios absorbe cerca del 90% de los recursos que reciben del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual financia a las cinco universidades.

Al Tec, que tiene 10.000 estudiantes, le corresponde el 11,5% de ese fondo. De los ¢490.000 millones de todo el FEES para este año, le asignarían ¢56.000 millones.

“Ese margen de maniobra limita acciones inmediatas de la institución a favor de los alumnos”, dijo.

Insistió en que la prioridad en el gasto de la universidad son las remuneraciones.

La Nación contactó al rector del Tec, pero respondió: “No me voy a referir al respecto, por ahora”.

En sus redes sociales, la Feitec emitió un pronunciamiento donde afirma que “estandarizar salarios” en el sector público “no violenta nuestra autonomía y responde al interés público”.

El presidente de esa federación estudiantil dijo que en el documento que el rector no firmó, demandan “fortalecer los fondos de becas socioeconómicas” de forma tal que se aumente el número de estudiantes beneficiados y “el acceso a la educación superior de las personas provenientes de los sectores más vulnerables del país”.

Además, solicitan reformar los esquemas salariales de las universidades públicas “para que sean más justos para las personas trabajadoras y que sean atractivos para personas profesionales jóvenes y competentes, y no solo premiar la antigüedad”.

Las universidades públicas premian a sus empleados con pluses que incrementan sus salarios hasta los ¢9,9 millones, como es el pago que recibe una profesora de Estadística de la Unversidad de Costa Rica, o ¢2,6 millones, como el que recibe un chofer de vehículo liviano del Tec.

“Los esfuerzos que debemos hacer para lograr sanear las finanzas públicas deben venir de todos. Es por esto que nos unimos en el consenso nacional de propiciar un esquema salarial de empleo público responsable”, dice la Feitec.

Advierte que no está de acuerdo con la propuesta incluida en la reforma al empleo público para que el Poder Ejecutivo sea rector de la materia, pero sí en que “estandarizar salarios, vacaciones y demás condiciones laborales, no violenta nuestra autonomía”.

De hecho, el pliego de peticiones planteado por los estudiantes a Méndez incluye cambiar “los obsoletos esquemas de evaluación docente” e implementar un nuevo sistema de evaluación del desempeño del personal.

Según el presidente del Feitec, el rector alegó que no puede comprometerse porque hay aspectos que no son solo de su competencia, sino del Consejo Institucional.

“Dijo que los plazos (que se establecen en el pliego de peticiones) no son razonables para la realidad de la institución. Dijo que siguiéramos con la lucha y que él nos apoyaba”, narró Sánchez.

En atención a la sugerencia del rector, el representante estudiantil relató que contactaron a miembros del Consejo Institucional. Ese es uno de los órganos superiores del Tec, encargado de fijar las directrices para orientar y fiscalizar la ejecución de las políticas generales que defina la Asamblea Institucional Representativa, que es la máxima autoridad del Tecnológico.

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Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron pues ninguno de los miembros, salvo los tres representantes estudiantiles, se negaron.

“Nadie firmó. Encontramos anuencia a colaborar. Nos decían que había una disposición, pero que hay que hacer estudios técnicos”, relató.

¿Que incluía el documento que el rector y los miembros del Consejo Institucional se negaron a firmar?

El documento tenía dos partes. La primera consistía en un pliego de solicitudes generales que la Feitec y las federaciones de estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), la Estatal a Distancia (Feuned) y la Universidad Técnica Nacional (UTN) presentaron el 22 de febrero del 2021, en la sesión ampliada del Conare. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr) no la firmó.

Los universitarios entregaron esas peticiones el lunes anterior, día en que los rectores de las universidades públicas, incluido el Tec, firmaron una declaración conjunta para la integración de reformas y consolidación de un sistema de empleo público universitario acorde a las leyes, los estatutos orgánicos y la Constitución Política, garantizando la sostenibilidad del Sistema de Educación Universitaria Estatal.

Esas solicitudes generales de los estudiantes a las autoridades universitarias abogaban por:

1. Fortalecer los fondos de becas socioeconómicas de manera tal que se aumente su cobertura de una manera sostenible y así posibilitar el acceso a la educación superior de las personas provenientes de los sectores más vulnerables del país.

2. Reformar desde una perspectiva autocrítica los actuales esquemas salariales de las universidades públicas “para que sean más justos para las personas trabajadoras y que sean atractivos para personas profesionales jóvenes y competentes, y no solo premiar la antigüedad”.

“Esta reforma de los esquemas salariales deberá garantizar la sostenibilidad financiera en el largo plazo de las instituciones y reducir las desigualdades para el personal interino”.

3. Reformar los “obsoletos” procesos de evaluación docente, de manera que los resultados de las evaluaciones realizadas por los estudiantes sean proporcionales y además vinculantes en la toma de decisiones institucionales. Estos deberán de ser públicos, transparentes y accesibles a la comunidad estudiantil.

4. Implementación de un mecanismo de evaluación administrativa que garantice un buen desempeño de los funcionarios y una mejora de la gestión universitaria.

5. Definir un cronograma en el 2021, acerca de la negociación para la redistribución del FEES entre las universidades públicas.

6. Desarrollar una estrategia agresiva de captación de recursos externos que permitan mantener y mejorar el quehacer de las universidades públicas.

Según dijo Alcides Sánchez, los rectores se comprometieron a convocarlos para discutir las propuestas en una sesión del Conare.

El pliego de compromisos que se negó a firmar el rector y los miembros del Consejo Institucional del Tec también añade obligaciones específicas para los alumnos del Instituto Tecnológico.

Por ejemplo, la exoneración total del monto de alquiler de residencias a estudiantes que reciben la beca Mauricio Campos, asimismo que la Administración asuma el costo de los insumos que se pagan con los ingresos por alquiler.

También, propone evaluar y crear un sistema de reajuste anual de las becas para que sean apegadas al costo de vida y tengan ajustes de acuerdo con la inflación.

Se plantea realizar una modificación al reglamento de becas para que los estudiantes del Tec que concluyen sus estudios de bachillerato y sigan la licenciatura no continua, puedan optar por cualquier tipo de beca.

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Solicitan un incremento del 30% al 50% en el pago de horas de asistencias y tutoría a los estudiantes que realizan las mismas, ya que la remuneración “es poco llamativa, precaria y no compensa el aporte que dan los estudiantes Tec”.

Igualmente, piden una disminución de la tasa de interés de la beca préstamo en un 50% para los becarios de esta modalidad, pasando de 5,5% a un 2,75% anual.