La imposición de una tasa municipal en el distrito Carmen, en San José, desató un enfrentamiento entre los directores financieros de esa municipalidad y el alcalde, Diego Miranda Méndez.
En un oficio del pasado 18 de agosto, emitido por Edgar Sandoval Montero, gerente administrativo, financiero y de TIC, y por Rodolfo Fonseca Pérez, director financiero, denunciaron descalificaciones por parte de Miranda durante una reunión celebrada ese mismo día y señalaron las advertencias lanzadas sobre esa tasa.
“(Miranda) manifestó que “otra vez nos volvieron a sabotear el presupuesto”, por lo que ante dicha expresión indicamos nuestro desacuerdo y rechazamos que las actuaciones realizadas por estas dependencias pudieran ser calificadas como un acto de sabotaje al proceso presupuestario, máxime cuando se trata de nuestra actuación profesional, produciéndose posteriormente otra manifestación de su parte en la que indicó (de forma sarcástica) ‘sabe qué, don Rodolfo, me importa lo que usted piense’”, dice el documento, del cual La Nación tiene copia.
Sandoval detalló a este medio que no recibió ninguna disculpa por parte de Miranda. Además, Sandoval rechazó las afirmaciones del alcalde.
“Nosotros hicimos el oficio diciéndole que no estábamos de acuerdo ni aceptamos que diga que nosotros (Fonseca y Sandoval) somos saboteadores de presupuestos”, dijo el gerente administrativo financiero.
La Nación intentó obtener la versión del alcalde Miranda por vía telefónica y mensajes de texto. Sin embargo, al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
También se remitieron vía la oficina de prensa de la Municipalidad de San José. Se está a la espera de las respuestas.
Tasa para el Carmen
Desde la Alcaldía de San José se impulsó una tasa para financiar a la Policía Municipal del distrito capitalino Carmen. Se pretendía incluirla en el presupuesto ordinario de 2027.
Sin embargo, Sandoval y Fonseca lanzaron advertencias contra esa iniciativa. Los funcionarios señalaron que el proceso de formulación presupuestaria se encuentra actualmente en una etapa avanzada de elaboración y consolidación.
Recordaron que el presupuesto debe ser sometido durante setiembre al Concejo Municipal y remitido posteriormente a la Contraloría General de la República (CGR).
Según Sandoval, pese a la oposición de los órganos técnicos, Miranda ordenó realizar los estudios técnicos relacionados con la tasa. Sin embargo, no fue hasta agosto cuando pidió que fuera incorporada en el próximo presupuesto ordinario.
Según los funcionarios, eso habría implicado efectuar modificaciones al documento presupuestario, “para garantizar la debida correspondencia entre ingresos proyectados, gastos que se pretenden financiar con esos ingresos, contenido presupuestario, la estructura programática, las justificaciones y documentación de respaldo y el equilibrio de dicho documento”.
Los directores propusieron implementar un plan piloto de seis a siete meses en el distrito para evaluar el cobro de un nuevo servicio de policía municipal, sujeto a la aprobación del Concejo Municipal, para medir la sostenibilidad del proyecto.
Durante ese intercambio, Miranda habría lanzado los descalificativos.
“De ninguna manera constituye una negativa a cumplir las instrucciones impartidas por la Alcaldía, sino que responden al ejercicio del deber funcional de advertir oportunamente las limitaciones, riesgos y consecuencias técnicas que una determinada decisión puede producir dentro del proceso presupuestario”, defendieron los funcionarios.
Según el documento, posterior a la cita, la Alcaldía comunicó la decisión de suspender las actuaciones relacionadas con la implementación de la denominada tasa del servicio de Policía Municipal para el ejercicio presupuestario 2027.
Advertencias desde 2022
En un oficio emitido el 20 de junio de 2022, la abogada de la Municipalidad de San José, Heidy Campos Ramírez, advirtió que no es posible financiar el servicio de la Policía Municipal mediante una tasa tras una solicitud planteada por el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano Ortiz.
Para ello, citó dictámenes de la Procuraduría General de la República (PGR) y votos de la Sala Constitucional.
“Como bien lo ha dicho la Sala Constitucional, la seguridad pública es una necesidad general, y solo se puede entender desde el punto el punto de vista de la protección de todos y cada uno de los miembros de la población, y no como una contraprestación que se brinde a persona determinada, por ello es que el financiamiento de la policía municipal para brindar seguridad a los ciudadanos solo puede hacerse por la vía del impuesto y no de la tasa”, advertía la PGR en el dictamen C-108-2021.
En ese momento, Miranda aún no era el alcalde de San José, pues arribó en 2024. Sin embargo, Sandoval explicó que las advertencias han sido comunicadas al jerarca capitalino.