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La directora del Semanario Universidad, Laura Martínez, afirmó que, detrás de una consulta de información solicitada por la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz, se esconde un “evidente interés” por “atacar al medio”.
“Hay un interés por controlar aquellos medios de comunicación que son combativos, que no dependen ni están a merced de los objetivos y los fines que tiene un gobierno. Creo que aquí el principal y clarísimo objetivo es controlar la narrativa que tiene el periódico Universidad y que no es solo de ahora, ha sido su trayectoria a lo largo de estos 56 años de existencia”, denunció Martínez.
Guadamuz, legisladora del Partido Pueblo Soberano (PPSO), envió un oficio al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, solicitando un informe detallado sobre los recursos financieros y la estructura presupuestaria del Semanario Universidad.
El pedido abarca los años 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026. Pidió conocer el presupuesto total, los principales gastos, las remuneraciones (incluida la veracidad de una cifra de ¢418 millones anuales), la cantidad y estructura de puestos, los costos de operación y los ingresos propios del medio.
Además, pidió conocer los criterios con los que la UCR determina los puestos y recursos asignados al Semanario, así como si se han realizado auditorías, estudios de costos o evaluaciones de eficiencia.
La directora del Semanario señaló que toda persona tiene derecho a solicitar información de interés público y calificó de “legítimo” lo pedido por Guadamuz.
Sin embargo, dijo que desde el gobierno “hay una arremetida” contra los medios de la UCR, en particular contra el que ella dirige.
“Tras esta solicitud legítima, se esconde un evidente interés por atacar al medio (...) por ser medios independientes y críticos. Eso no es un secreto”, dijo Martínez.
A las 5:50 p. m. Nayuribe Guadamuz envió un mensaje de respuesta a las consultas planteadas por La Nación, y en él asegura que “el objetivo de la solicitud es muy claro: conocer con transparencia cómo se administran los recursos públicos destinados al Semanario Universidad. No estamos cuestionando su existencia, su función informativa ni su línea editorial”.
“No existe ningún interés en controlar contenidos ni en intervenir en la libertad editorial del Semanario. El propio oficio establece expresamente que la autonomía universitaria y la libertad editorial son plenamente compatibles con la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. Esa es la discusión: rendición de cuentas, no contenidos.
”Por eso, atribuirle a esta solicitud un interés de ataque o de control de la narrativa no corresponde con lo que está planteado en el documento. La solicitud nace de la necesidad de conocer cómo se utilizan esos recursos y cómo se valoran frente a otras necesidades de la Universidad, como becas, alimentación, transporte, alojamiento, docencia, investigación y regionalización”, manifestó.
‘¿Por qué no se hacen estos mismos cuestionamientos a otros medios públicos?’
La directora cuestionó por qué el oficialismo no consulta los datos financieros ni cuestiona a otros medios públicos, como el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), al que calificó como afín al gobierno.
¿Por qué no se hacen estos mismos cuestionamientos?“, se preguntó.
“El cuestionamiento viene para quienes tienen una visión crítica, combativa e independiente con la labor que realiza el gobierno y el poder en general, porque el Semanario nunca ha escatimado en cuestionar a los distintos gobiernos y el poder político y económico”, dijo Martínez.
La directora recordó críticas recurrentes de figuras oficialistas contra ese medio de la UCR.
A inicios de setiembre, en el programa La Octava TV de Multimedios, al diputado oficialista Ariel Mora le consultaron sobre que el Semanario “usa recursos públicos para atacar al gobierno”, Mora dijo: “Es un tema muy interesante. Se ve una ideología y son recursos públicos. El Semanario Universidad debería tener una línea editorial balanceada (...) Si quieren tener una línea ideológica marcada y descarada, háganlo con recursos privados”.
Martínez defendió que recibir recursos públicos no implica control editorial: argumenta que un medio de servicio público universitario no es lo mismo que un medio estatal o gubernamental y que quienes aportan recursos no deberían decidir qué publica.
La directora fue clara en que estas presiones no modificarán la línea editorial del medio y señaló que, si por recibir recursos públicos, se pretendiera decidir qué publica el medio, sería una clara violación a la libertad de prensa.
“(Seguiremos con una línea crítica) sobre el gobierno y sobre el poder. Somos un medio de servicio público, universitario, que deberá tener como misión principal informar, generar corriente de opinión pública, sin fines comerciales, y contribuir con el proceso de democratización de un país”, dijo.
La directora admitió que han recibido mensajes agresivos durante aproximadamente los últimos 20 meses, que existen denuncias y que hay una preocupación dentro de la redacción de que el tono de los ataques pueda escalar.
Martínez reivindicó la función académica del Semanario Universidad. Señaló que funciona como laboratorio de la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR y que continuará cumpliendo esa función formadora.
