El departamento de Estado de los Estados Unidos registró el retiro de la pauta estatal del Banco Popular y Kölbi al programa El Chinamo, de Teletica, en el apartado sobre “censura por parte de gobiernos” dentro de su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica. El reporte precisa que la cancelación se produjo luego de la publicación de los contenidos satíricos del segmento El Chinaoke sobre supuestas problemáticas pendientes de solucionar por parte del gobierno.
En el texto divulgado de este año, el Departamento de Estado expresó que la decisión de retirar la pauta a la televisora costarricense “suscitó preocupación entre algunas organizaciones, que la consideraron un posible intento de utilizar fondos estatales para influir en el contenido editorial”, añade.
“Algunos periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el hecho de que los intercambios públicos entre funcionarios gubernamentales y determinadas entidades mediáticas contribuyeran a que los periodistas se mostraran más cautelosos a la hora de cuestionar al Gobierno sobre temas delicados”, añade el reporte.
Este tipo de informes abarcan la situación de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores a nivel internacional.
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Cada año, la autoridad norteamericana presenta al Congreso de EE. UU. reportes sobre todos los países que reciben asistencia y todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, de conformidad con la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y la Ley de Comercio de 1974.
Fallo de la Sala IV
El retiro de pauta del Banco Popular y Kölbi a Televisora de Costa Rica ocurrió a finales de diciembre del 2024 y llegó a estrados judiciales.
El pasado 8 de julio, la Sala Constitucional condenó al Banco Popular (BP) y al ICE por tomar represalias contra el programa El Chinamo, debido al contenido crítico del Chinaoke, un segmento de parodias sobre la situación del gobierno y de Costa Rica.
Al resolver dos recursos de amparo, los magistrados concluyeron que ambas entidades tomaron la decisión expresa de imponer consecuencias, debido al contenido de los videos presentados durante el programa.
En este caso, la Sala Constitucional resaltó la función medular de la libertad de expresión en un régimen republicano y democrático, requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática.
Los magistrados precisaron que la libertad de expresión tiene una dimensión colectiva; esta consiste en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, así como a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenas y a estar bien informada.
Asimismo, la sentencia consideró el papel de la sátira política como una de las formas más antiguas de manifestación de la libertad de expresión.
El presidente del Banco Popular, el exdiputado del PUSC Jorge Eduardo Sánchez, alegó que su marca no puede relacionarse con “imágenes inapropiadas o que incluso pudiesen fomentar conductas ajenas a la moral y el orden público”.
Además, lamentó el debate público que se generó “a partir de algunos contenidos emitidos en la sección El Chinaoke”.
Por otro lado, Leda Acevedo, gerente de Telecomunicaciones del ICE, alegó que los valores de Kölbi no concordaban con el segmento de parodias.