La denuncia, presentada por in sindicato del ICE, se centró en que Arias Arias tiene asignada una vivienda del Instituto, en Liberia, por la que no paga alquiler. Esto, a pesar de haber sido trasladado a un puesto en San José, mientras figura públicamente como un coordinador de signos externos en Guanacaste por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).
En un perfil social en Facebook, incluso aparece posando con el presidente Rodrigo Chaves.
La denuncia consta en el oficio ACOTEL-045-2025, interpuesto por la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL) el 1.º de octubre anterior ante la Contraloría General de la República (CGR).
En su oficio DFOE-DEC-6164 del 20 de octubre, el ente contralor indicó que archivó la denuncia tras conocer que la Auditoría Interna del ICE conoce el caso y lo investiga. Esa gestión confirmó la Contraloría, se encuentra en etapa final y presta a emitir productos.
Así, la desestimación no exonera al ICE, pues esa decisión respalda la primacía de los controles internos y, por lo tanto, la investigación debe seguirla y resolverla la Auditoría Interna o un órgano disciplinario del propio Instituto.
La Nación envió consultas sobre el tema tanto al Instituto como a Arias Arias sin que, al momento de esta publicación, se hayan referido o respondido a las preguntas enviadas.
En primera instancia, la Asociación solicitó a la CGR investigar si existe enriquecimiento sin causa, conflicto de interés político-electoral y daño a la Hacienda Pública.
Ahora la responsabilidad disciplinaria recae en el ICE, que deberá confirmar o descartar violaciones al deber de probidad y el principio de neutralidad política por el posible uso de un bien público para sostener su labor partidaria.
La casa en cuestión, en la urbanización Alaska de Liberia, le fue asignada a Arias Arias el 10 de setiembre de 2020, mediante un contrato de Uso de Casa de Habitación o Casa Puesto.
Conforme la denuncia, el contrato dicta que el uso es gratuito y se otorga únicamente porque el funcionario es necesario en la zona por sus “actividades estratégicas para la organización” y su “disponibilidad”, siendo requerido que “pernocte en la zona”.
La cláusula tercera del arreglo reafirma que el beneficio se mantiene solo “mientras permanezca como trabajador del ICE, nombrado... para la atención de una obra, proyecto o actividad”.
No obstante, desde el 29 de junio de 2022, Arias Arias fue trasladado de la División de Generación, Región Chorotega, a un puesto de asesor de presidencia ejecutiva en San José.
Este es un cargo de confianza con vigencia hasta mayo de 2026.
A pesar del traslado a la capital, el ICE mantuvo la asignación de la vivienda. La propiedad, adquirida mediante expropiación para proyectos de transmisión, posee un valor base de ¢1,7 millones.
Justificación del ICE
En una nota con fecha 12 de julio de 2024 ( oficio 0510-0915-2024 en poder de La Nación), la Gerencia de Electricidad del ICE justificó la permanencia de la asignación de la casa, argumentando que el rol actual de Arias Arias conlleva una “carga de compromiso muy alto en la región”.
Según la entidad, las funciones del asesor tienen “alcance nacional” y mantienen un “rol clave de apoyo a la Presidencia Ejecutiva” en el manejo comunal e institucional de proyectos en Guanacaste, lo que respalda la necesidad de que “se mantuviera pernoctando en la zona”.
Sin embargo, la denuncia de Acotel denuncia un hecho que contrasta con la justificación institucional: Arias tiene participación activa en una estructura partidaria.
Una publicación del Partido Pueblo Soberano (PPSO) lo identifica como Coordinador de Signos Externos en Guanacaste.
Acotel argumenta que esta situación evidencia que el bien público del ICE está siendo utilizado para sostener la permanencia territorial de un funcionario que desempeña “paralelamente labores político-electorales” en la provincia.
Ante ello, Acotel solicita revocar el contrato de uso de la vivienda asignada a Arias Arias. Además, que se reporte al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la posible violación al principio de imparcialidad y neutralidad política de un funcionario de confianza adscrito a la Presidencia Ejecutiva, por la incompatibilidad entre el uso de un bien estatal y la militancia político-electoral en la misma zona geográfica.
