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La Defensoría de los Habitantes detectó deficiencias en dos albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), de la Dirección Regional Chorotega, como parte de una serie de inspecciones que realiza la institución durante este 2026 en distintos centros de protección institucional.
Entre los hallazgos más relevantes, la Defensoría señaló que un albergue no reúne las condiciones adecuadas para la atención de adolescentes, debido a fallas en el sistema eléctrico, inestabilidad del terreno, hacinamiento en las habitaciones y el incumplimiento de parámetros técnicos establecidos en la Ley 7600.
Según la entidad, estas condiciones representan un riesgo tanto para las personas menores de edad, como para el personal encargado de su cuido.
A raíz de estos hallazgos, se determinó la necesidad de reubicar temporalmente a la población del albergue en otro inmueble, mientras se realizan las mejoras necesarias. Posteriormente, se confirmó que el centro fue clausurado y sus ocupantes trasladados.
Además, la institución indicó que en otro albergue de la misma región se realizaron obras menores, como la corrección en la disposición del tablero eléctrico, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad.
Respecto a lo señalado por la Defensoría el PANI indicó que “con el fin de elevar los estándares de infraestructura y acatar las disposiciones de mejora del Ministerio de Salud, se decidió trasladar temporalmente a la población a un nuevo espacio físico en la zona. Esta decisión busca garantizar que las personas menores de edad habiten en entornos que cumplan con los más altos niveles de calidad".
“El albergue mantiene su funcionamiento habitual, el personal asignado y todos sus protocolos de atención, simplemente bajo un nuevo techo mientras se define la ruta de mejoras permanentes para la sede anterior”, añadieron.
Además, indicaron que están elaborando, en tiempo y forma, el informe para la Defensoría.
Inspecciones forma parte de plan
Las inspecciones forman parte de un plan que incluye visitas a centros ubicados en Liberia, Guácimo, Desamparados, Puriscal y Heredia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad y las condiciones en que laboran los funcionarios.
Tras cada evaluación, la institución gestiona ante el PANI la implementación de medidas correctivas y da seguimiento a su cumplimiento.
Durante las diligencias, también se realizaron entrevistas al personal mediante instrumentos de verificación para evaluar aspectos como atención profesional, alimentación, educación, higiene, recreación y espacios de descanso para las personas menores de edad.
La Defensoría enfatizó la importancia de garantizar condiciones adecuadas en estos centros, al tratarse de espacios destinados a la protección de población en situación de vulnerabilidad.
