Escuchar
La Defensoría de los Habitantes alertó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el deterioro en la infraestructura de la escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, ubicada en Barrio Carit, tras detectar condiciones que representan riesgos para estudiantes y personal.
Durante una inspección reciente, la entidad identificó múltiples problemas en el centro educativo, especialmente en varias aulas que presentan señales evidentes de desgaste.
Entre los hallazgos se encuentran pisos de madera con deformaciones y flexión al tránsito de personas, lo que genera una sensación de inestabilidad y compromete la seguridad de quienes utilizan las instalaciones.
La Nación consultó al MEP sobre el informe y la alerta realiza por la Defesoría. No obstante, al cierre de este artículo no se recibió respuesta.
La institución también reportó agrietamientos en paredes, ventanas en estado ruinoso, daños en cielorrasos y un sótano que incumple con la Ley 7600 sobre accesibilidad. Además, en el costado este del edificio se identificó un socavamiento.
De acuerdo con el informe, estas condiciones no solo representan un riesgo estructural, sino que ya han tenido consecuencias, pues el año pasado se registró un accidente con personal docente.
El centro educativo, que está catalogado como patrimonio, alberga a aproximadamente 1.200 estudiantes y cerca de 150 funcionarios, entre personal docente y administrativo.
La Defensoría señaló que existen informes del propio MEP, la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud que recomiendan atender la situación a la mayor brevedad posible.
Sin embargo, según información remitida por el MEP, la institución aún no cuenta con una valoración técnica integral, ni claridad sobre los insumos disponibles, por lo que no ha definido un cronograma de obras ni responsables específicos para intervenir el centro educativo.
La entidad indicó que, una vez completado ese proceso, se procederá con la planificación correspondiente, en función de la viabilidad técnica, legal y financiera.
Esta inspección forma parte del seguimiento que realiza la Defensoría en distintos centros educativos del país que requieren intervención urgente, con el fin de garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil y el personal.
