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Un estudio de la auditoría interna del Ministerio de Educación Pública (MEP) identificó debilidades en la supervisión, seguimiento y evaluación de los programas de equidad del MEP, establecidos para que los estudiantes con más necesidades reciban de manera óptima la alimentación, las becas y el transporte requeridos para permanecer en el sistema educativo.
El Informe 24-2025 Supervisión y Evaluación de los Programas de Equidad, publicado el 10 de febrero, señala la ausencia de un modelo eficaz de los procesos que debe seguir la Dirección de Programas de Equidad (DPE) del MEP, creada para garantizar que los estudiantes en condiciones “de mayor vulnerabilidad” tengan acceso a esos servicios esenciales.
El informe identifica lineamientos desactualizados, poca efectividad en la atención de denuncias, baja cobertura de las visitas de supervisión y revisión de informes económicos, así como ausencia de articulación y coordinación entre el Departamento de Supervisión y Control (DSyC) y el Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto (DPEI) con los departamentos operativos.
A esto se añade la carencia de evaluaciones periódicas y la falta de un sistema de información propio para los procesos de supervisión, seguimiento y evaluación.
“Las debilidades observadas generan riesgos concretos que derivan en que las personas estudiantes con más necesidades no reciban de manera óptima y eficaz los beneficios que requieren para mantenerse en el sistema educativo. Adicionalmente, revelan una brecha considerable entre el marco normativo vigente y la capacidad real de gestión de la DPE, lo que compromete tanto la efectividad institucional como el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la prestación eficiente y equitativa de los servicios educativos”, señala la Auditoría.
También advierte que lo encontrado perjudica la misión de los programas de garantizar igualdad de oportunidades, apoyar la permanencia en el sistema educativo y contribuir al desarrollo integral de la niñez y juventud costarricense.
Entre las consecuencias mencionadas está el riesgo de un uso ineficiente, inadecuado o indebido de los recursos destinados a alimentación, transporte y los demás programas de equidad. Esto, ante la ausencia de criterios de selección eficientes para definir las visitas de supervisión, la atención de denuncias y la revisión de informes económicos por parte del Departamento de Supervisión y Control.
Supervisión ínfima
El proceso de supervisión y control de los programas de equidad implica visitas a los centros educativos, revisión de informes económicos y atención de denuncias, a partir de los cuales se elaboran informes con la finalidad de cumplir con las funciones establecidas para el DSyC; sin embargo, estas acciones son mínimas.
Entre los hallazgos, la auditoría encontró que en el 2024 las visitas de supervisión solamente abarcaron un 5% del total de la población estudiantil beneficiaria del país. Una estimación del estudio señala que se requerirían 20 años para alcanzar el 100% de cobertura.
Asimismo, se encontró una revisión casi nula de los Informes de Valoración Periódica e Informes Económicos, pues “abarcó un 1% para 2024”, lo que fue considerado como un dato irrelevante considerando que son más de 4.500 centros educativos con estudiantes beneficiarios.
“En general, es un proceso de verificación poco efectivo y despropósito”, indica el documento.
El estudio explica que los informes de visitas, atención de denuncias y los informes económicos y de valoración son recurrentes y se mantienen en el tiempo sin solución, según verificó el equipo de auditoría. También señala que el DSyC emite los informes con serios vacíos de documentación de respaldo, sobre todo, los económicos.
Asimismo, el 43% de los informes de atención de denuncias, el 69% de los informes de visitas de supervisión y el 90% de los informes de valoración e informes económicos no son atendidos.
El documento reconoce que el DSyC cuenta en promedio con ocho funcionarios para fiscalizar los más de 4.500 centros educativos que se benefician de los diferentes programas de equidad y que en cinco años, entre el 2018 y el 2023, el DPEI estuvo sin jefatura, lo que pudo haber frenado el giro de instrucciones.
La Dirección de Programas de Equidad también justificó la imposibilidad de realizar procesos de supervisión y fiscalización debido a que los funcionarios realizan una serie de trámites relacionados con el subsidio de compra de alimentos, contratación de servidoras, compra de equipamiento, desarrollo de huertas estudiantiles y transporte estudiantil.
La Nación envió consultas al MEP para conocer qué planea hacer para resolver esta problemática y cómo justifica el ministerio no contar con una supervisión y seguimiento adecuado de los programas de equidad. Sin embargo, al cierre de edición no se había recibido respuesta.
Recomendaciones
El informe recomienda al ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, instruir a las instancias requeridas del MEP a brindar la colaboración que corresponde para el desarrollo del modelo de supervisión, seguimiento y evaluación de los programas de equidad.
A su vez, se recomienda analizar, aprobar y oficializar el modelo de supervisión, seguimiento y evaluación de los programas de equidad junto con los lineamientos, manuales de procedimientos, instrumentos y la normativa relacionada con la actualización del nuevo modelo.
