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Cuatro personas, que ingresaron ilegalmente al Parque Nacional Volcán Arenal, se exponen a las nuevas y elevadas multas que impone el Estado por desplazarse en puntos no autorizados dentro de las áreas silvestres protegidas.
Los invasores fueron detectados a inicios de mes en la cima del volcán, a 1.670 metros sobre el nivel del mar, en una zona restringida para visitantes por las emanaciones de gases tóxicos, bombas incandescentes y el terreno inestable y rocoso que facilita caídas y lesiones severas.
Los implicados fueron descubiertos durante un operativo de guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
“El ingreso a zonas no autorizadas no solo representa un riesgo significativo para la integridad de las personas, sino que también genera impactos negativos en ecosistemas altamente sensibles.
“Es fundamental que la ciudadanía comprenda que estas regulaciones existen para proteger tanto la vida humana como el patrimonio natural del país. El respeto a las normas es clave para garantizar la conservación de nuestras áreas silvestres protegidas”, comentó Yeimy Cedeño, jefe del Departamento de Prevención, Protección y Control del Sinac.
Al hablar de regulaciones, Cedeño se refiere a la reciente entrada en vigencia de la Ley 10.861, que reforma la Ley del Servicio de Parques Nacionales.
La normativa establece que quienes entren a zonas en que el área silvestre protegida no lo permita o a sitios autorizados sin cumplir con la normativa vigente deberán pagar una multa equivalente a tres salarios base. Para el 2026, esto representa ¢1.386.600, ya que el salario base fijado por el Poder Judicial es de ¢462.200.
La misma sanción se aplicará a quienes realicen o promuevan actividades no autorizadas en áreas silvestres protegidas mediante medios digitales.
En el caso de los operadores turísticos, la ley endurece aún más las sanciones. Aquellos que promocionen o vendan tours hacia sitios donde el acceso no está permitido, o bien en lugares autorizados pero incumpliendo la normativa vigente, enfrentarán multas de siete salarios base, es decir, ¢3.235.400.
Además, si los operadores turísticos o sus guías ingresan con turistas a zonas catalogadas como de alto riesgo dentro de las áreas silvestres protegidas, la multa ascenderá a diez salarios base, equivalente a ¢4.622.000. A esto se suma el decomiso del equipo utilizado. Cuando estos cuenten con declaratoria turística, el caso también será comunicado al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para que actúe conforme a su normativa.
La normativa, que entró en vigencia a finales de abril pasado, también contempla sanciones más severas para quienes reincidan.
En cualquiera de las infracciones mencionadas, la multa aumentará en un 50%. Si el infractor vuelve a incumplir después de haber sido multado, se le prohibirá el ingreso a las áreas silvestres protegidas durante un año.
El elevado costo de un rescate
Cuando una infracción obligue a realizar operaciones de rescate especializado, se impondrá una multa adicional de cinco salarios base por cada persona rescatada que haya cometido la infracción y de diez salarios base al guía u operador turístico responsable. Los recursos recaudados en estos casos se distribuirán en un 60% para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y en un 40% para la Cruz Roja Costarricense.
La normativa también dispone que todas las multas deberán pagarse en la cuenta bancaria habilitada por el Sinac y autorizada por el Ministerio de Hacienda.
Con excepción de las multas provenientes por la atención de infracciones que requieran rescate especializado, la totalidad de los recursos recaudados deberá ser reintegrada al Sinac.
“Todos los fondos que por concepto de multas ingresen al Sinac serán destinados al Fondo de Parques Nacionales, los cuales serán utilizados para fortalecer los programas de prevención, protección y control y turismo sostenible del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”, dice la legislación.
Finalmente, la ley establece que, si el infractor no cancela la multa, el monto adeudado se convertirá en una deuda líquida exigible por parte del Sinac. La certificación emitida por la institución tendrá carácter de título ejecutivo, lo que permitirá iniciar un proceso de cobro judicial en la vía ejecutiva.
Durante los operativos realizados en el cierre del 2025 e inicios del 2026, el Sinac detectó a 408 personas ingresando de forma ilegal a áreas silvestres protegidas.
Notas previas de La Nación indican que organizadores de tours clandestinos cobran unos ¢40.000 por llevar a turistas a las cimas de volcanes activos.
