Universalizar el currículo completo en primaria, incluyendo contratación de docentes y construcción de escuelas; atender las órdenes sanitarias de los centros educativos, capacitar docentes, contratar profesores de informática, entre otros, serían acciones que ayudarían a atender el rezago educativo de Costa Rica en tan solo un año.
El Décimo Informe del Estado de la Educación (EE) estimó cuánto necesita invertir el país para atender los principales vacíos del sistema.
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Aunque el mandato constitucional dicta que Costa Rica debe destinar un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, esto no se cumple y para el 2026 se destinaría menos del 5,04%. Según un proceso de costeo realizado por diferentes especialistas para el EE, el país podría atender 11 áreas prioritarias que mejorarían el rezago educativo si se destinara un 8,5% del PIB para el sector educativo.
Esto representa un 3,5% más que lo que se entregaría el año entrante. Pero si el mandato se cumpliera y el Ejecutivo entregara el 8% a Educación, solamente haría falta 0,5%.
El Informe del EE contempla que en un año se podría atender parte importante del rezago si se realizara un incremento de recursos para atender las siguientes necesidades educativas prioritarias.
- 1,6% del PIB al currículo completo.
- 1,3% del PIB a la atención de las órdenes sanitarias.
- 0,18% del PIB para alimentación escolar.
- 0,13% del PIB para becas Avancemos.
- 0,12% del PIB para bibliotecas escolares.
- 0,11% del PIB para juntas de educación.
- 0,03% del PIB para capacitación docente.
- 0,02 % del PIB para red de banda ancha.
- 0,02% del PIB para docentes de informática.
- 0,004% del PIB para transporte estudiantil.
- 0,002% del PIB para la prueba de idoneidad.
Para el 2026, se prevé que el MEP tendrá un presupuesto de ¢2.759.711 millones, equivalente a un 5,04% del PIB y que sería el más bajo de los últimos años.
En ese plan de gastos del MEP está contemplado destinar casi ¢39.000 millones para infraestructura. Se asignarían ¢19.000 millones más en comparación con este 2025. Gran parte de ese presupuesto, cerca de un 85%, afirmó el jerarca de Educación Leonardo Sánchez Hernández, iría a la atención de ordenes sanitarias en centros educativos. Actualmente hay 870 entre rojas, amarillas y verdes, siendo las primeras las más criticas.
En junio, el ministro de Educación comentó que crearían 400 nuevas plazas en el 2026, de esas, 150 puestos se destinarían para docentes de formación tecnológica. Con este personal, se espera cubrir entre 250 y 300 centros educativos. Actualmente, hay casi 2.500 escuelas y colegios que carecen de este tipo de profesionales.
Entre lo presupuestado por el MEP está asignar ¢870 millones para el desarrollo de la prueba de idoneidad para docentes.
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“8% no es una aspiración simbólica”
“Durante años, la meta del 8% del PIB para la educación ha sido objeto de debates políticos y fiscales. Pero el Décimo Informe Estado de la Educación, evidencia que esta cifra tiene un fundamento técnico y financiero claro. En un escenario ideal, Costa Rica necesitaría invertir alrededor del 8,5% del PIB para atender los principales rezagos del sistema educativo”, señala el informe.
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El Estado de la Educación enfatiza en que la brecha entre lo que se debería invertir y lo que realmente se asigna es cada vez mayor. Y señalan que la meta constitucional de un 8% no es una aspiración simbólica, porque con los fondos que se tendrían en el 2026 haría falta un 3,5% para cubrir las necesidades urgentes.
Andrés Fernández Arauz, investigador asociado del Informe Estado de la Educación, comentó que entre 15 expertos de distintos sectores analizaron las áreas críticas de la educación y salieron 60, de esas priorizaron 11 y las costearon, la suma dio el 3,5% del PIB.
“Tener el currículo completo en 4.000 escuelas. ¿Cuánto cuesta tenerlo? Entonces lo costeamos. O las órdenes sanitarias, que hay más de 800. Es un problema. ¿Cuánto cuesta resolverlo hoy toda de forma inmediata?”, explicó.
Fernández dijo que el porcentaje planteado es conservador y que si hubieran tomado en cuenta todas las carencias del sistema educativo, el porcentaje requerido podía llegar a 9% o 10% del PIB.
La meta del 8% del PIB para Educación
El informe indica que para llegar al 8% del PIB se necesita una decisión política orientada a definir una estrategia fiscal sostenida que amplíe el espacio presupuestario para educación, reformas institucionales que mejoren la eficiencia del MEP y una hoja de ruta plurianual que defina prioridades, metas e indicadores de seguimiento.
Tras su análisis, los investigadores del EE concluyeron que el mandato constitucional debe asumirse como una obligación programática.
“No se trata solo de asignar más presupuesto, sino de garantizar que esos recursos se utilicen con eficiencia y generen impacto. La experiencia demuestra que aumentar la inversión sin resolver las trabas institucionales puede llevar a más frustración que resultados”, advirtió Andrés Fernández Arauz.
El economista apunta que “sin reformas internas en el MEP y sin una estrategia de inversión gradual y clara el mandato del 8% difícilmente podrá cumplirse”, aunque afirma que más allá de desistir de alcanzar el mandato constitucional del 8%, el país debe avanzar hacia su cumplimiento con una hoja de ruta seria y precisa que cuente con metas graduales y capacidad de ejecución.
La Nación envió consultas relacionadas al ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández. Se está a la espera de las respuestas.