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El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) acumula multas de tránsito sin cobrar desde hace más de 35 años, cuyo monto supera los ¢117.391 millones.
Una auditoría de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 revela que ese consejo, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mantiene entre sus cuentas por cobrar una partida por concepto de multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario por un monto de ¢117.391 millones, de los cuales califica como “cuentas de difícil recuperación” una previsión de ¢32.836 millones.
De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria a junio de 2026, analizado durante la misma reunión del Consejo, los ingresos por multas de tránsito e intereses moratorios que recibe ese órgano rondan los ¢8.000 millones al año.
El presupuesto total del Cosevi aprobado para 2026 fue de poco más de ¢21.000 millones. Eso significa que el saldo registrado de multas sin cobrar equivale a más de cinco veces ese plan de gastos, aunque la Auditoría advirtió que una parte de la cartera presenta una recuperación difícil.
Montos millonarios
Durante la presentación de ese informe, que fue visto en la sesión de la Junta Directiva del Cosevi del 21 de julio, se detalla que esa partida de cuentas por cobrar por multas contempla registros desde 1990 hasta 2025.
El representante legal del despacho que realizó la auditoría, Gerardo Montero, explicó que ese monto estimado de ¢32.836 millones podría incluso ser insuficiente, considerando los montos que la institución podría recuperar.
“El tema aquí es que ese neto de cuentas por cobrar es lo que en teoría, la institución va a recuperar, por lo tanto, quedamos en esta situación de incertidumbre de si vamos a recuperar ese neto totalmente, ¿por qué?, porque son muy antiguas, hay partidas desde 1990”, explicó.
Esa dificultad, dijo, surge porque las bases de datos de esas cuentas presentan una serie de inconsistencias. Por ejemplo, hay 12.948 registros de boletas en las que no se indica el nombre del infractor. De ese total, 6.272 registros corresponden a boletas condenadas por más de ¢145 millones.
Además, existen 291.592 registros donde el nombre del infractor aparece como “NA NA NA”. De estos, un total de 176.169 corresponde a boletas condenadas que, al no estar acreditadas a una persona, dificultan la gestión de cobro. En el caso de esa partida, las infracciones representan más de ¢11.623 millones por cobrar.
Como tercer punto, el auditor agregó que existen más de ₡11.521 millones correspondientes a multas pendientes de ser condenadas; sin embargo, en ese grupo hay boletas que datan desde 2002.
En esa misma sesión, el director financiero del Cosevi, Sergio Valerio, afirmó que “hay cualquier cantidad de miles que son boletas difíciles de recuperar, más todas las que tienen siete años, que tampoco se van a recuperar”.
Por esa razón, dijo, no se puede hacer una previsión de cuentas por cobrar por ¢117.391 millones.
“Lo que tenemos es una política contable que aprobó la Junta Directiva en el año 2024, que nos facilita ajustar esos registros y se ha ido reglamentando paulatinamente. Lo que dice esa política es que de los registros contables podemos excluir aquellos rubros que nosotros consideramos incobrables para que el reflejo de la cuenta por cobrar sea un poco más real”, aseguró.
Sin embargo, pese a que eso se ha ido aplicando, aún hay boletas condenadas con inconsistencias que datan desde hace años.
Aunado a esa política de exclusión de los registros contables, el funcionario aseguró que también se han venido depurando los registros de multas.
El director del Cosevi, Jeffrey Cervantes, aseguró durante la misma sesión que, en conjunto con el director financiero, ha trabajado en una serie de recomendaciones para atender el tema de las cuentas incobrables, cuyo registro, dijo, se ha vuelto “engorroso” debido al poco avance que se ha tenido, a pesar de que es un problema que mantienen desde hace años.
Cervantes propuso realizar un análisis a fin de determinar el “costo-beneficio” de mantener estos registros o hacer que estos ya no continúen con los procesos de cobro, y más bien arrancar un nuevo inventario o llevar el proceso con mejores bases de datos.
¿Por qué no se cobran las multas?
El director jurídico del Cosevi, Carlos Rivas, explicó que las multas que permanecen sin cobrar responden a varios factores, pero principalmente a personas que simplemente no pagan las infracciones.
Entre estos casos mencionó a conductores que fueron sancionados cuando no tenían licencia y nunca llegaron a obtenerla, por lo que no tienen la necesidad de realizar trámites que los obliguen a cancelar la deuda.
Además, figuran casos de vehículos decomisados que nunca son reclamados por sus propietarios. Esa situación es usual, principalmente cuando se presentan sanciones a motociclistas cuyos vehículos acumulan infracciones que superan el valor de ese bien, por lo que las boletas nunca son canceladas y las motos tampoco son recuperadas.
Rivas añadió que también podrían incluirse entre estos registros multas que presentaron algún defecto en su confección o en la información consignada debido a que años atrás los oficiales de tránsito las realizaban a mano, lo que habría impedido incorporarlas correctamente al sistema.
¿Por qué no prescriben?
De acuerdo con el abogado, a pesar de que miles de estas sanciones llevan años, no se consideran prescritas, debido a que la prescripción no opera de oficio en la Administración Pública, por lo que debe ser alegada por la persona interesada para que pueda ser declarada.
Eso significa que si el infractor no realiza el trámite, las infracciones pueden continuar apareciendo como pendientes de pago en los sistemas. Incluso señaló que algunas personas terminan cancelando multas muy antiguas cuando necesitan realizar algún trámite, como renovar la licencia.
Rivas aseguró que las boletas sin cobrar no generan en sí un costo para la Administración, pues no se generan acciones de cobro individuales, sino que permanecen activas en los sistemas y solo se activan en el momento en que el usuario requiere realizar una gestión.
El director legal reconoció que sí se ha analizado la posibilidad de utilizar mecanismos de cobro más directos. Sin embargo, explicó que la relación costo-beneficio dificulta este tipo de medidas. Uno de los problemas es que algunas personas no mantienen actualizada su dirección, lo que dificulta notificarlas.
