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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los gremios judiciales pujan por una reforma a sus pensiones que no les eleve tanto la edad de retiro y que no les aumente el porcentaje que cotizan de su salario, aunque están dispuestos a aceptar que la pensión se les calcule sobre el promedio de los salarios de los últimos 10 años en vez de los últimos 24 meses.
Así se desprende del texto que los sindicatos y la cúpula del Poder Judicial consensuaron entre ellos, para deponer la huelga que mantuvieron durante 13 días, y que ahora procuran negociar con el presidente Luis Guillermo Solís y en todos los ámbitos posibles.
Tanto magistrados como empleados judiciales pretenden que su texto sustituya el que los diputados dictaminaron el 27 de julio, el cual reduciría los altos beneficios jubilatorios con el fin de tapar el hueco de ¢5,3 billones que un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR detectó en este régimen.
A solicitud de la Corte Suprema, el IICE recomendó dos escenarios con los cuales se podría cerrar el déficit actuarial, evitando que el Gobierno y los contribuyentes paguen por las ventajas de los pensionados judiciales que quedan desfinanciadas.
Los diputados, en una sesión de la Comisión Especial de Pensiones, acogieron la mayoría de las recomendaciones del IICE, pero hicieron cambios en dos de estas.
En consonancia con el estudio de la UCR, el texto dictaminado eleva de 60 a 65 años la edad de retiro para jubilarse de manera ordinaria, impone un tope máximo de ¢4 millones y exige un aporte solidario a los actuales pensionados cuyas jubilaciones superen esa cifra. La contribución equivaldría a un 50% del exceso sobre los ¢4 millones.
En cambio, los gremios solicitan que la edad de jubilación se mantenga en 60 años para mujeres y que solo suba a 62 años para los hombres, además de que el aporte solidario sea de solo un 20% sobre el exceso.
En cuanto al monto de la pensión, el IICE había recomendado pagar entre el 72,5% y el 85% del promedio de los últimos 24 meses, dependiendo de si se elevaba el porcentaje de cotización del salario, que hoy es de un 11%. Si se elevaba a un 15%, el estudio proponía pagar el 85% y, si no, el 72,5%.
Actualmente, los empleados judiciales reciben el 100% de los últimos 24 salarios.
Los diputados se decantaron por pagar el 85% del promedio de los últimos 240 salarios y establecieron que la cotización oscilará entre un 11% y un 15% cuanto más altos sean los sueldos.
La Corte y los gremios, en el proyecto que ahora promueven, proponen que se les pague el 85% del promedio de los últimos 120 salarios y que la cotización se quede en un 11%, a menos de que un futuro estudio actuarial demuestre que haya que subirlo.
De acuerdo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Carlos Chinchilla, la razón para aceptar un cálculo menor a la pensión actual, con base en 120 salarios, es el compromiso adoptado por él para apegarse al estudio actuarial de la UCR, el cual recomendó la posibilidad de que se tome como salario de referencia el percibido durante los últimos 10 años de labores, pero traídos a valor presente.
"Hay una diferencia entre los 120 y los 240 salarios, pero nosotros seguimos el estudio actuarial. Deseamos cumplirlo en su totalidad, pero hay aspectos que deberían revisarse siempre y que podrían darse con un análisis distinto, por ejemplo el rendimiento de las inversiones, que es del 4% y ha sido sostenido durante ocho años", comentó Chinchilla.
De acuerdo con uno de los voceros del Frente Gremial del Poder Judicial, el fiscal Ronald Segura, seguir calculando las pensiones sobre los últimos 24 salarios genera una distorsión, porque hay personas que trabajan ocho años como oficinistas, por ejemplo, llegan a un puesto de juez y se van jubiladas con los dos últimos años de su salario.
"Calcular sobre 120 salarios significa retroceder diez años atrás y es un cálculo más objetivo. No estamos de acuerdo en hacerlo con los últimos 24, porque eso nos afecta y es una de las reformas que queremos", comentó el vocero gremial.
Segura añadió que, tal vez, los diputados decidieron calcular la pensión sobre 240 salarios para asimilarlo al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Consultadas al respecto, Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguraron primero que trataron de apegarse al estudio actuarial de la UCR, aunque este no dijera exactamente que debían calcularse los montos de pensión sobre 20 años de servicio.
Más tarde, Guerrero apuntó que fue una decisión tomada en la Comisión Especial de Pensiones, el día en que dictaminaron la iniciativa de ley.
"El tema de los 20 años salió por el asunto de la gente que tiene más de 28 años de servicio y se les respeta el cálculo con los 24 últimos mejores salarios, que eso va a tener un impacto. Luego, al aceptar que se deje el monto de la pensión en un 85% y no subir de un solo el porcentaje de cotización, entonces se necesita un colchón, para no impactar la sostenibilidad financiera, por eso lo pusimos a 240 salarios", comentó la legisladora oficialista.
La libertaria Natalia Díaz apuntó que la intención de algunos era acercar el cálculo a lo establecido en el régimen de pensiones de la CCSS.
Solís: 'no es posible desconvocar el proyecto'
Ante la petición de la Corte de que se desconvocara el proyecto de ley de la agenda de las sesiones legislativas extraordinarias, que se iniciaron este 1.º de agosto, el presidente Solís declaró que de plano esa no es una opción y, solamente, le encomendó al primer vicepresidente, Helio Fallas, que haga un análisis de la iniciativa.
"Sin ser actuario ni nada, le he encomendado esta tarea al primer vicepresidente. (...) Hay en la Asamblea Legislativa un proceso que durará varias semanas y que como Poder Ejecutivo debemos respetar. No parece oportuno desconvocar ese proyecto porque hay varias etapas que permitirán a las diferentes fuerzas políticas trasladar las propuestas de este texto de consenso a la Asamblea Legislativa", explicó Solís.
Por su parte, el magistrado Chinchilla destacó la posibilidad que encontraron de presentarle al mandatario la propuesta que facilitó el acuerdo entre la Corte y los gremios judiciales, y que también determinó el fin de la huelga de 13 días en todos los servicios del Poder Judicial.
Mientras que la propuesta de la mayoría de legisladores está en el dictamen de mayoría de la Comisión, la propuesta consensuada entre magistrados y empleados llegó al Congreso de la mano del diputado del Frente Amplio Jorge Arguedas, quien presentó ese texto como un dictamen de minoría y alegó que él está del lado de los gremios de la Corte.
