A pesar de que tras el hundimiento que provocó el cierre de la ruta 27 hace casi un mes, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) advirtieron que activarían los procedimientos para cobrar una multa de $50.000 por cada día de interrupción en el paso, la imposición de esa multa estaría en veremos, debido a las ambigüedades bajo las cuales se firmó el contrato de concesión en el 2001.
El pasado 28 mayo, un día después del colapso de la carretera, el jerarca del MOPT Efraím Zeledón aseguró en el sitio de la falla, que el contrato permitía aplicar una sanción económica a la empresa por cada día de cierre, por lo que ordenaría al Consejo Nacional de Concesiones iniciar el procedimiento administrativo para analizar esa sanción.
A la fecha, la carretera acumula ya 29 días con un cierre parcial en Coyolar de Orotina, lo que implica que la multa ya superaría más de $1,4 millones.
¿Qué dice el contrato?
En el capítulo 6 del contrato, donde se advierten las distintas cláusulas penales o multas, se detalla en el artículo 6.4.4 lo siguiente:
“La interrupción voluntaria total o parcial del servicio sin previa autorización de la Administración concedente será sancionada con $50.000 por cada día calendario. Esta multa será ajustada y aplicada proporcionalmente si el incumplimiento se realiza únicamente en una fracción de día calendario, según la cantidad de horas de interrupción”.
En un apartado posterior, el contrato también hace referencia a los “casos fortuitos” que eximen a la concesionaria de las multas o responsabilidades en algunos casos.
Dicho texto advierte que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, no sería considerado como tal si dicha situación se debe a cualquier circunstancia que se encuentra fuera de su control por razones de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.
El pasado 28 de mayo, también durante la primera inspección al hundimiento, el gerente de Globalvía Claudio Pacheco, explicó que el colapso de la vía se dio debido al taponamiento de una alcantarilla a causa de las fuertes lluvias que afectaron la zona.
Pacheco además dijo que cuando ocurrió la emergencia, la alcantarilla ya estaba siendo sustituida por una de mayor diámetro como parte de las labores de mantenimiento periódico que ejecutan en la vía e insistió en que el colapso respondió a un caso fortuito.
En esa misma oportunidad, el ministro advirtió que el hecho de que la empresa reconociera que estaban realizando la sustitución de la alcantarilla por una de mayor diámetro, podría implicar que ya tenían identificado que la alcantarilla colocada no estaba dando la capacidad y que “si hubieran trabajado más rápido esto no habría sucedido”, de ahí que insistieron en el análisis de la multa.
Debilidades en el contrato
Dos exsecretarios de Concesiones, aseguraron que esta no es la primera vez que el contrato mediante el cual se entregó la gestión de la carretera a la empresa Globalvía (antes Autopistas del Sol) deja dudas respecto a la aplicación de multas.
Eduardo Chamberlain, quien estuvo al frente de ese consejo en el 2022 -a inicios de la anterior Administración- sostuvo que a su criterio ve poco posible que se pueda cobrar la multa, principalmente porque el contrato en la cláusula citada establece que esta aplica en casos donde el cierre es voluntario y el evento puede ser calificado como imprevisible o fortuito.
No obstante, lo que sí recaería sobre la empresa es el costo de las reparaciones que ejecuta actualmente, sin recargar dicha inversión en tarifas de peajes.
“Sí creo que es responsabilidad del concesionario la reparación aunque posiblemente ellos después de que hagan todo van a tratar de alegar un evento de fuerza mayor o condiciones preexistentes, pero en principio para mí la multa no aplica, lo que sí definitivamente es la responsabilidad de la reparación”, explicó.
De acuerdo con Chamberlain, el hecho de que la empresa alegue que el hundimiento obedeció a un evento mayor, no solamente los libraría de la multa, sino que a futuro podrían reclamar el costo de las obras, como ocurrió con el puente que se construyó en el km 44. Este caso incluso, está siendo discutido en un arbitraje internacional.
El exsecretario de Concesiones, reconoció que el contrato de concesión no tiene bien definidos los criterios de aplicación de multas, además contempla procedimientos engorrosos que conllevan vencimientos en los procesos.
José Manuel Saénz, quien estuvo al frente del CNC entre el 2019 y 2022, considera que si bien la cláusula contractual es débil, hay varios aspectos que deberían considerarse e incluso no descarta que deberían ser aclarados en un Tribunal Contencioso.
“El cierre es involuntario, pero deriva de una acción de Globalvía, es decir, la concesionaria sabía del posible colapso de esa alcantarilla y por esa razón la estaba interviniendo”, agregó.
Saénz dijo que aunque la alcantarilla había sido construida por el MOPT hace ya varios años, el concesionario contractualmente asumió el riesgo de mantenimiento, el cual a su criterio no estaba siendo el más adecuado.
Sin embargo, el ingeniero agregó que esto debería ser sometido a una auditoría técnica para determinar la causa del colapso y sentar las responsabilidades.
Además, recordó que una situación similar ya había sido gestionada en el 2014, cuando se multó a la empresa por el cierre de la vía a causa de deslizamientos en taludes que no habían sido intervenidos. Ese caso aún está en el Contencioso.
Federico Villalobos, experto en Alianzas Público Privadas, agregó que más allá del tema de las multas, el contrato presenta otras debilidades en relación a “incentivos”, que obliguen al concesionario a agilizar las obras en procura de rehabilitar el paso cuando ocurren situaciones como estas, debido a que por el tipo de fórmula para el cálculo de los ingresos, al final cualquier pérdida que sufran en la actualidad será compensada al final de la concesión.
Villalobos agregó, que se debe tener en consideración que el contrato mediante opera la concesión, fue aprobado hace más de 25 años, de ahí que es esperable que tuviera estas debilidades dada la poca experiencia en este modelo que se tenía en ese momento, por lo que recalcó que es importante que los temas que han ido surgiendo con los años sean considerados tanto para futuras concesiones, o bien en caso de que resulte necesario renegociar ese proyecto en procura de una ampliación de la vía.
Este medio dirigió consultas a la actual secretaria téćnica de Concesiones, Paula Reyes, para conocer si ya se inició el procedimiento para determinar las posibles sanciones, así como los posibles análisis sobre la pertinencia de dicha sanción en relación con lo que indica la cláusula contractual en la que se sustentaría, no obstante al cierre de esta publicación no se tuvo respuesta.
El paso por el sector del hundimiento, se habilitó de manera provisional el pasado 30 de mayo, mediante la construcción de un relleno a un lado de la vía, pero solo se mantiene habilitado un carril que se alterna entre ambos sentidos y únicamente está disponible para vehículos livianos. Los vehículos pesados deben viajar por la ruta 1 (Cambronero).
Cuando se presentó la emergencia, las autoridades y representantes de la concesionaria habían anunciado que el paso a dos carriles se habilitaría en un lapso de dos semanas tras la colocación de una nueva alcantarilla, no obstante eso no ocurrió.
El pasado 10 de junio la empresa informó mediante un comunicado, que no se podía brindar una fecha estimada de apertura, debido a que las labores en el sitio resultaron más complejas de lo previsto, posteriormente el jerarca del MOPT indicó durante una gira a Puntarenas, que la solución definitiva se completaría a finales de este mes.
La Nación también consultó a la concesionaria para conocer la fecha estimada de la apertura definitiva. También se les preguntó si ya fueron notificados de parte de la Administración, sobre las posibles multas. La consulta aún se encuentra en trámite.
En redes sociales, la empresa informó en horas de la tarde que este miércoles se completó la construcción del primer tramo de la losa de concreto para cimentación, que será la base para la instalación de la nueva alcantarilla de 3,2 metros de diámetro.