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El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las áreas protegidas más emblemáticas del Caribe costarricense, fue escenario de una tala indebida de 59 árboles, producto de un permiso autorizado erróneamente por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La corta se autorizó bajo el argumento de “seguridad humana”. La situación, calificada como alarmante por la Contraloría General de la República (CGR), expone fallas estructurales en los procesos de autorización forestal en Costa Rica, indicó este lunes el ente contralor.
Según un informe de auditoría de la CGR divulgado este lunes, el Sinac autorizó este permiso con base en un informe técnico sin análisis de campo riguroso, lo que permitió una intervención forestal en una zona de alta protección ambiental sin la debida justificación.
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Permiso con serias anomalías
El caso del Refugio, detallado en el informe de auditoría, se originó en noviembre de 2023, cuando un solicitante pidió la tala de 23 árboles alegando que representaban un riesgo para la construcción de una vivienda nueva.
Posteriormente, en febrero de 2024, un informe del Sinac aumentó la cifra a 59 árboles, alegando un “peligro potencial para la vida humana”, precisa el reporte.
Con base en ese documento, el Juzgado Agrario emitió dos sentencias (202400096 y 202400095) que autorizaron la tala dentro de un área silvestre protegida.
Sin embargo, en setiembre de 2024, luego de que un particular denunciara irregularidades, el propio Sinac revisó el caso y concluyó que el informe técnico carecía de sustento, ya que los árboles no estaban próximos a edificaciones, ni representaban un peligro inminente, cita la Contraloría.
Además, se descubrió que los árboles talados no coincidían con la lista original, y que algunos fueron cortados cerca de un cuerpo de agua y en áreas de protección, sin contar con los dictámenes técnicos requeridos.
Ante estos hallazgos, el Sinac recomendó suspender las guías de transporte de madera, investigar la veracidad del permiso e interrumpir las actividades de aprovechamiento.
El Refugio Gandoca-Manzanillo alberga ecosistemas de altísimo valor ecológico, como bosques tropicales, manglares, humedales, y zonas costeras, donde anidan tortugas marinas en peligro de extinción.
La autorización incorrecta de una tala en este sitio no solo genera daños ambientales, sino también un precedente peligroso para otras áreas protegidas, advierte la CGR.
“La falta de controles técnicos y administrativos sólidos en el Sinac compromete seriamente la legalidad de las intervenciones forestales, incluso dentro de zonas donde debería existir máxima protección”, advierte el informe.
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Caso que evidencia un problema mayor
El caso de Gandoca-Manzanillo no es un hecho aislado.
Según el informe de la Contraloría, más del 83% de los permisos de aprovechamiento forestal analizados en 2024 incumplieron con controles técnicos y de gestión documental, lo que impide la trazabilidad del recurso y facilita irregularidades como la ocurrida en el refugio caribeño.
La auditoría también expuso que el 90% de los expedientes forestales del SINAC no están digitalizados, y que la plataforma tecnológica SIREFOR es inoperante, pese a que se habían presupuestado ¢325 millones en 2024 para su modernización. Esos fondos fueron redirigidos a otros fines.
Además, la CGR criticó la falta de una estrategia institucional para prevenir la corrupción, señalando que el 52% de los procesos analizados están en una etapa incipiente en la gestión de riesgos. Esta situación debilita el control ciudadano y la rendición de cuentas.
