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San José.
En un esfuerzo por asignar más responsabilidad a las instituciones públicas sobre cómo gastan y ejecutan sus proyectos, la Contraloría General de la República (CGR) presentó, este miércoles, tres proyectos de ley para redefinir la figura del refrendo en contrataciones públicas, la aprobación de presupuestos de entes desconcentrados y eliminar funciones inadecuadas para el ente contralor.
Marta Acosta, contralora general de la República, presentó esta mañana en la Asamblea Legislativa las tres iniciativas ante diputados del Congreso y el vicepresidente, Helio Fallas.
En su exposición, Acosta presentó los planes de ley como un esfuerzo de modernización del control hacendario por el cual las entidades del Estado asumirían más responsabilidades en cuanto a la ejecución de sus proyectos.
La primera es la llamada Ley sobre el refrendo de la contrataciones de la administración pública el cual, en esencia, propone que en adelante sean las instituciones públicas, desde sus propias instancias legales y administrativas, quien otorguen el refrendo a las contrataciones y proyectos que se propongan hacer.
Se supone, según Acosta, que esta medida reforzaría los controles internos y externos, de forma que cada ministerio o entidad pública asuma la "responsabilidad que le corresponde por sus decisiones". Así, según la visión de Acosta, ya los jerarcas públicos no podrán acusar a la Contraloría de atrasar la aprobación de sus proyectos o bien, si estos presentan luego deficiencias, culparla por no haber previsto el error.
Acosta enfatizó que el plan no cercena a la Contraloría General de un ejercicio sustantivo de revisión, sino que este se traslada al control posterior.
El segundo proyecto, llamado Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central, propone que los diputados, en vez de la CGR, sean quienes aprueben los presupuestos de los órganos desconcentrados del Estado como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Superintendencia de Telecomunicaciones, entre otros.
De nuevo, explicó Acosta, la lógica del cambio es darle más dirección política a los controles ante un entorno público donde, a su juicio, hay más fragmentación y duplicidades en estas labores, lo cual genera un desempeño pobre. La contralora recordó que, en los últimos cinco años, los órganos desconcentrados apenas lograron una ejecución presupuestaria del 32%, respecto al promedio de los ministerios rectores.
Según la funcionaria, esta deficiencia ha venido aumentando el déficit fiscal en 0,33% del Producto Interno Bruto.
Por último, el proyecto Reformas del Marco Legal para la Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública, aspira a liberar a la CGR de una serie de funciones que, según la entidad, en realidad no le corresponden por ser atípicas.
Acosta afirma que en el ordenamiento jurídico actual, con el paso de los años, aparecieron en diversas leyes una serie de actividades de control sobre los entes y órganos públicos que han venido propiciando que algunas decisiones sobre el manejo de los recursos y el logro de los objetivos de la administración, estén supeditadas a aprobaciones, autorizaciones, duplicidades de funciones o especies de arbitrajes de órganos de control externo como la Contraloría.
"Esto ocasiona distorsión de los controles sobre el manejo de los fondos públicos o la prestación de servicios, desencadenando en limitaciones en el actuar de la administración y por consecuencia diluyendo su responsabilidad", recalcó Acosta.
Parte de las propuestas del plan consisten en dar a jerarcas y demás funcionarios del sector público la potestad gerencial necesaria en sus entidades, bajo la responsabilidad que la toma decisiones implica.
El propósito es provocar mejoras en la coordinación, dirección y toma de decisiones en procura de mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
Las reformas propuestas en el documento se supone que contribuirán a deslindar con claridad los roles entre los diversos actores del sistema democrático, enfocando el control como una actividad que garantiza razonablemente la adecuada utilización de los recursos públicos y promoviendo la transparencia en la elaboración y la aplicación de las regulaciones y los procedimientos que rigen el accionar del Estado costarricense.
Antonio Álvarez, presidente de la Asamblea Legislativa, alabó las inciativas, las cuales calificó de "excelentes como ejemplos de una marcha hacia la modernización en el control de Hacienda, más orden y responsabilidades más clarificadas para las instituciones".
El liberacionista agregó que invitará esta semana a diputados de las otras fracciones políticas del Congreso para crear una comisión especial en la cual se empiece a analizar cada uno de los proyectos con el fin de ver si es posible darles a los planes trámite prioritario en la corriente legislativa.
