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La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Universidad Estatal a Distancia (UNED) tomar medidas para ajustar los pagos por dedicación exclusiva y anualidades efectuados a su rector, Rodrigo Arias Camacho, luego de determinar que se le aplicaron porcentajes superiores a los establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).
La decisión consta en un oficio del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría, emitido a raíz de una denuncia relacionada con una posible infracción a la Ley 9635 por los reconocimientos salariales otorgados al rector.
Arias fue nombrado jerarca de la UNED a partir del 9 de marzo de 2019 y posteriormente fue reelegido para el periodo 2024-2029. La Universidad suscribió con él un contrato de dedicación exclusiva desde el 1.° de mayo de 2019, el cual fue prorrogado de manera continua.
Según determinó la Contraloría, en ese contrato y sus prórrogas se le reconoció un 45% sobre el salario base por concepto de dedicación exclusiva.
El problema señalado por el órgano contralor radica en que la Ley de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia el 4 de diciembre de 2018, ya estaba vigente cuando Arias asumió como rector y suscribió ese contrato.
Esa legislación estableció una compensación por dedicación exclusiva de 25% sobre el salario base para funcionarios con licenciatura u otro grado académico superior y de 10% para bachilleres universitarios.
La Nación intentó contactar al rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp para conocer su posición sobre lo señalado por la Contraloría. Sin embargo, al momento de esta publicación, no respondió a las consultas.
Contraloría determinó que no había continuidad laboral
La Contraloría verificó que Arias había trabajado anteriormente en el Ministerio de Gobernación y Policía, donde estuvo sujeto a un régimen de dedicación exclusiva que le reconocía un 55%. Sin embargo, esa relación laboral terminó el 7 de mayo de 2018.
Según el documento de la Contraloría, cuando comenzó a desempeñarse como rector de la UNED, en marzo de 2019, había transcurrido más de diez meses desde que dejó aquella institución.
La CGR concluyó por ello que no existió continuidad laboral, pues la normativa considera que esta se rompe después de un mes calendario sin prestar servicios al Estado. En consecuencia, determinó que a Arias debían aplicársele los porcentajes establecidos por la Ley de las Finanzas Públicas.
Pese a ello, las sucesivas prórrogas de su contrato mantuvieron una compensación del 45% por dedicación exclusiva.
“Lo anterior resulta contrario a lo establecido a nivel legal, pues los nuevos porcentajes se aplican desde la entrada en vigencia de la norma, no desde que la UNED actualiza su reglamento interno”, concluyó la Contraloría.
Contraloría también cuestiona anualidades
El órgano fiscalizador encontró una situación similar con el reconocimiento de las anualidades del rector.
Cuando Arias fue nombrado, la Unidad de Servicios al Personal y la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Universidad consultaron si debía aplicársele el porcentaje establecido en el Estatuto de Personal de la UNED, equivalente a un 2% o el previsto en la Ley de las Finanzas Públicas, de 1,94% para clases profesionales.
El Consejo de Rectoría decidió en mayo de 2019 autorizar el reconocimiento conforme a la normativa interna, es decir, utilizando el 2%.
La Contraloría concluyó que esa decisión era contraria al marco jurídico vigente, porque los nuevos parámetros de anualidades establecidos por la la Ley de las Finanzas Públicas eran aplicables desde diciembre de 2018.
UNED deberá actuar sobre pagos improcedentes
Como consecuencia, la Contraloría ordenó al Consejo Universitario “definir, oficializar e implementar las acciones necesarias para ajustar los pagos por anualidad y dedicación exclusiva” de Arias a los porcentajes establecidos legalmente.
Además, ordenó instruir a las dependencias competentes para ejecutar las acciones que legalmente correspondan “ante los pagos improcedentes que se determinen”, siempre respetando el debido proceso.
En seguimiento a esa orden, el Consejo Universitario de la UNED acordó el 4 de febrero de 2026 aplicar un ajuste salarial temporal al rector, de manera que sus pagos se calcularán con los porcentajes establecidos en la Ley 9635 a partir de febrero y mientras se realiza la investigación correspondiente.
La Administración de la Universidad solicitó posteriormente una prórroga para cumplir con lo ordenado, pero la Contraloría la rechazó.
Por ello, el órgano contralor estableció que el Consejo Universitario deberá remitir, a más tardar el 30 de septiembre de 2026, la documentación que acredite el cumplimiento de la orden y las acciones adoptadas respecto de los pagos cuestionados.
