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La Contraloría General de la República (CGR) admitió cuatro recursos de apelación contra el acto de adjudicación del ICE para la adquisición de bienes y servicios destinados para implementar su red 5G, informó este viernes la Contraloría General de la República.
El 28 de abril, la Junta de Adquisiciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adjudicó a la empresa sueca Ericsson ese contrato. Además, la empresa Coasin-Nokia fue adjudicada para proveer los equipos y los servicios de conectividad de las radiobases, como parte de un contrato por $220 millones.
El gerente asociado de la División de Contratación Pública de la CGR, Fernando Madrigal Morera, confirmó que las empresas Nokia de Costa Rica S. A., Samsung Electronics de México S. A., IT Servicios de Infocomunicación S. A. y SISAP Infosec S. A. impugnaron ante el ente contralor la adjudicación de la Licitación Pública No. 2025XE-000492-0000400003.
El ICE adjudicó las partidas 1, 2 y 3 —correspondientes a la red de acceso por radio (RAN) y al núcleo móvil (Core 5G)— al Consorcio Ericsson, y las partidas 4, 5 y 6 —referidas al Backhaul IP— a la empresa COASIN Costa Rica S. A. en asocio con Nokia de Panamá S. A.
Un quinto recurso, presentado por Datasys Group S. A., fue rechazado de plano.
Según la CGR, Datasys no acreditó en el formulario del recurso cómo resultaría excluida del concurso la empresa adjudicataria, requisito indispensable para demostrar que sería la eventual nueva adjudicataria.
Superada la fase de admisibilidad, la Contraloría dispone de 30 días hábiles para resolver los cuatro recursos que sí fueron admitidos. Madrigal Morera señaló que, mientras el proceso continúe en trámite, el ente contralor no se referirá al fondo de los argumentos planteados.
Las partidas 1, 2 y 3 del concurso comprenden bienes, licenciamiento y servicios de radiofrecuencia y Core Móvil (esto es el corazón de la red) referido a la gestión de la conectividad, autenticación de usuarios, manejo de la movilidad de usuarios y garantizar la calidad del servicio.
Las partidas 4, 5 y 6 se refieren a los equipos, licencias y servicios de backhaul. Ese backhaul móvil es la red de transporte que conecta la Red de Acceso de Radio (RAN) —es decir, las antenas y estaciones base 5G— con la red central (Core Móvil), mueve el alto volumen de datos generado por los usuarios desde la antena hasta el núcleo de la red del operador por lo cual requiere una capacidad inmensa y latencia ultrabaja en la experiencia del usuario para cumplir con las promesas de la 5G.
Qué alega cada apelante
Nokia cuestiona al Consorcio Ericsson por tres frentes: una presunta modificación ilegal de la oferta durante la subsanación, precios ruinosos —descuentos de hasta un 68% sobre una utilidad declarada del 33%— e incumplimientos técnicos que, a su juicio, hacen inalcanzable la disponibilidad del 99,999% exigida para una red Carrier Class.
Por su parte, Samsung advierte que Ericsson debía ser inhabilitada para participar en el concurso, porque esa empresa fue contratada previamente por el ICE para capacitar a su propio personal sobre la solución 5G de Ericsson, durante la fase de preparación del cartel.
Según sus alegatos, adjudicar la red estatal al mismo proveedor que ya opera las redes de Liberty y Claro supuestamente concentraría en un solo actor el control tecnológico de las telecomunicaciones móviles del país.
IT Servicios de Infocomunicación impugna la adjudicación del Backhaul a COASIN por presupuestar cargas sociales patronales inferiores al mínimo legal del 26,67%, por utilidades globales de hasta un 50% que califica de precio excesivo, y por una arquitectura de mitigación de DDoS centralizada que el cartel prohíbe expresamente.
Los ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuido) es un ciberataque que busca dejar un sitio web, servidor o red fuera de línea.
SISAP Infosec argumenta que la plataforma Nokia Deepfield, ofertada por COASIN, no puede monitorear el tráfico de datos encapsulado que transitaría por la red de transporte de datos, lo que dejaría supuestamente un punto ciego crítico ante ataques desde dispositivos internos comprometidos.
Señala, además, que la arquitectura propuesta desviaría el tráfico sospechoso hacia un sistema externo centralizado, en contravención directa del cartel.
