Escuchar
El truncado proyecto de construcción del hospital de Cartago de nuevo fue motivo de controversia entre la ministra de Salud y vicepresidenta de la república, Mary Munive Angermüller, y los legisladores de aquella provincia.
La jerarca fue convocada este 27 de enero a la Comisión Especial de la Provincia de Cartago para que se refiriera al retiro de la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. del plan para levantar el nuevo Max Peralta.
Sin embargo, su exposición trató sobre las razones por las cuales ella no considera apto el terreno en el cantón de El Guarco escogido para la obra, dadas las cercanías con empresas químicas.
Al terminar su presentación, los diputados Antonio Ortega Gutiérrez, Paulina Ramírez Portuguez y Rosaura Méndez le recordaron la razón de su llamado, pues los otros temas ya se habían abordado.
“Supuse que necesitaban refrendar la visión del Ministerio y por eso presenté los avances. Yo no puedo referirme a lo que opina una empresa y el Ministerio de Salud no tiene ninguna vinculación en una contratación que fue gestionada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, expresó.
Ortega le preguntó cómo se enteró el gobierno de la salida de la empresa antes de que esta lo hiciera público, el pasado 19 de setiembre.
La jerarca respondió: “Le puedo decir cómo me enteré yo. Por los medios de prensa”.
Ortega insistió: “¿Pero el gobierno sabía que la empresa se iba? Le pregunto porque usted es ministra, pero también vicepresidenta”.
Munive evadió responder al indiciar que había sido citada a ese foro legislativo en su calidad de ministra. “Como vicepresidenta, con muchísimo gusto, cuando ustedes me citen con esa investidura”, puntualizó.
La manifestación de la funcionaria molestó al legislador, quien describió la conducta de Munive como “contorsionismo legal”. Para él, dijo, era inédito que alguien se acogiera a uno de los roles que ejercía.
LEA MÁS: Nuevo hospital de Cartago: empresa constructora se retira de proyecto
“Respete su mismo reglamento, señor diputado”, contestó la jerarca de Salud y vicepresidenta.
Ortega justificó su pregunta recordando que el 12 de setiembre, una semana antes del anuncio de la retirada de la empresa, la entonces jerarca de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, declaró que no había seguridad de que el hospital se construyera. Dos días después, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, dijo en su discurso en Las Ruinas de Cartago que se venían “noticias sobre el hospital”.
“Uno podía intuir que había conocimiento, habría que hacer convocatoria a la Mary Munive vicepresidenta, sobre si ellos sabían que el proceso del hospital no seguía. (...) A partir de la carta de la misma empresa, que habla de un mal clima político, hay indicios de persecución política. Leyendo entre líneas la carta de la empresa, parece que eso sucedió. Su silencio deja más preguntas”, aseveró el legislador frenteamplista.
Munive pidió preguntar directamente al presidente y a Marta Esquivel.
La ministra alegó que ella tiene respeto a su investidura como vicepresidenta.
Esto motivó a los diputados a convocar a Munive nuevamente a la Comisión “como funcionaria pública desde sus diferentes cargos públicos”. La moción fue votada al finalizar la sesión.
“No hemos de dejar pasar lo que aquí se dio. Creo que es inédito el nivel de contorsionismo que un funcionario público diga que no se va a referir porque se le convocó en otro cargo. Todos aquí tenemos diferentes cargos y otros ministros con doble puesto ya han respondido de ambos cargos”, dijo Ortega, luego de leer la moción.
Contradicciones y ambiente político motivaron salida
Los congresistas reclamaron que acciones del Ministerio de Salud y el Gobierno Central fueron motivos de la empresa para renunciar a la construcción del centro médico.
La diputada Johana Obando Bonilla recordó que dentro de las razones que indicó la firma mexicana estaban “el montón de contradicciones” que existían por parte de la ministra en relación con el proyecto.
“Lo que usted creó fue una incerteza jurídica que ahuyenta a los inversores, y eso surgió desde el Ministerio de Salud”, dijo la diputada del Partido Liberal Progresista,
La verdiblanca Paulina Ramírez Portuguez coincidió al señalar que la empresa hablaba de incertidumbre política, “se han esgrimido criterios encontrados de la CCSS y el Ministerio de Salud que les hicieron dudar de la construcción del Hospital”.
Ramírez hizo alusión a declaraciones que Munive dio a la prensa en las que adelantó que no avalaría el permiso sanitario de funcionamiento si el centro hospitalario se construía en el terreno de El Guarco.
Para la ministra, las alusiones de la incertidumbre y el clima político “es una hermosa justificación ante un incumplimiento contractual” y lo interpreta como un pretexto de la empresa para dejar el trabajo.
Ortega le preguntó insistentemente si ella había dado esas declaraciones, a lo que Munive respondió respondió que si una edificación incumple no se le da el permiso. Para Ortega y Ramírez esto es adelantar criterio, dado que la construcción no ha empezado.
“Usted, al adelantar criterio, asusta a los inversores. Y el presidente, con esas manifestaciones, terminaron con la retirada de la empresa”, detalló Ramírez.
La jerarca de Salud rechazó que hubiera adelantado criterio, porque desde 2012 el terreno tenía una categorización de riesgo que no lo hacía viable.
“Los criterios del Ministerio de Salud son vinculantes para la salud pública”, resumió.
Para Rosaura Méndez, de Liberación Nacional, era de más riesgo el terreno que estaban considerando en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), pues estaba al lado del laboratorio de plasma.
‘CCSS tiene autonomía’
Méndez consultó si hay soluciones a la vista para la construcción del nuevo hospital.
Munive insistió en que había dado documentación a Mónica Taylor, nueva presidenta de la CCSS, sobre cómo está la situación del centro médico.
Sin embargo, aclaró que solo la CCSS tiene competencia en su relación con la empresa y eso escapa de la rectoría del Ministerio de Salud. Por ello, es a la Caja la que le compete hacer valer multas por incumplimiento de contrato.
“Si se tienen preguntas sobre la contratación y gestión, es con la CCSS. No tenemos competencia en las gestiones de la CCSS”, añadió.
Al finalizar la sesión, también se aprobó una moción para llamar a la jerarca de la CCSS, Mónica Taylor. Aún no hay fecha para esta comparecencia ni para la nueva fecha de Munive como funcionaria pública en todos sus roles.
