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Preocupación por el impuesto propuesto
La propuesta contempla gravar productos esenciales para animales de compañía, como alimentos, desparasitantes y otros artículos. De acuerdo con el Colegio, esta medida podría desincentivar la medicina preventiva, ya que los tutores priorizarían el alimento por encima de las consultas médicas. Esto provocaría un deterioro en la salud animal y una posible afectación a la salud pública.
Además, cuestionaron la viabilidad económica del plan. Consideraron que el 10% propuesto no alcanza para cubrir los costos iniciales de equipamiento, infraestructura y personal de una red de clínicas en todos los cantones del país.
Senasa con más funciones, pero menos recursos
La iniciativa asigna al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) la administración de las clínicas estatales y de los fondos generados por el nuevo impuesto.
Sin embargo, el Colegio indicó que Senasa ya opera con serias limitaciones presupuestarias y no cuenta con la capacidad logística ni humana para asumir nuevas funciones.
Según el gremio, las sedes regionales del Senasa no están ubicadas en zonas remotas y carecen de infraestructura como quirófanos, salas de recuperación o laboratorios. Agregaron que imponerle nuevas funciones a una institución con presupuesto reducido generaría ineficiencia en el sistema.
Críticas técnicas y conceptuales
El Colegio señaló que el proyecto utiliza el concepto de “razas menores”, una clasificación sin fundamento científico. También advirtió sobre la complejidad de brindar atención multi-especie sin diferenciar entre perros, gatos o animales exóticos como hámsters o conejos.
Explicaron que los consultorios deben cumplir con los mismos estándares de calidad que la medicina humana, lo que eleva su costo. Por ejemplo, un consultorio básico requiere una inversión de al menos ¢5 millones y un quirófano sencillo puede superar los ¢25 millones.
Como parte de su análisis, el Colegio de Veterinarios propuso reemplazar el término “razas menores” por “animales de compañía”, una denominación más técnica y apropiada.
Además, recomendó modificar el esquema de financiamiento del proyecto, mediante una combinación de fondos provenientes del presupuesto nacional, multas por maltrato animal y otras fuentes, con el fin de asegurar la sostenibilidad económica del plan.
Otra de sus sugerencias fue la creación de un sistema de subsidios focalizados, determinado según el nivel socioeconómico de los tutores, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Hogares para dirigir mejor los recursos públicos. Plantearon también que en lugar de instalar clínicas en cada cantón del país, se inicie con centros piloto en diferentes regiones, lo cual permitiría medir de forma gradual la efectividad de la iniciativa.
Asimismo, consideraron más adecuado desarrollar un modelo mixto que incluya unidades móviles veterinarias y la colaboración con clínicas privadas ya existentes, bajo la supervisión de Senasa.
Finalmente, propusieron trasladar la gestión de estas clínicas a las municipalidades, de manera que cada gobierno local se encargue de la administración con la presencia de un médico veterinario como regente.
Esto, según el Colegio, garantizaría mayor accesibilidad para las comunidades más vulnerables.
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