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Este 25 de noviembre, en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 20 organizaciones y colectivos de mujeres marcharon en el centro de San José para denunciar el aumento de la violencia contra las mujeres y los femicidios en Costa Rica.
En los últimos cuatro años se contabilizan 126 femicidios, cifras que, según los colectivos, muestran la magnitud del problema que atraviesa Costa Rica.
La convocatoria inició a las 5 p. m. en el Parque Central y reunió a una amplia cantidad de personas que, con pancartas y consignas, reclamaron lo que consideran una escasa acción del Gobierno de Rodrigo Chaves contra la violencia diaria que viven miles de mujeres.
Durante la marcha, exigieron que se declare emergencia nacional ante el incremento de los femicidios y pidieron acciones inmediatas y recursos para implementar programas públicos especializados, así como para cumplir los compromisos internacionales asumidos bajo la Convención de Belém do Pará.
También criticaron la gestión del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el desfinanciamiento de programas sociales y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Asimismo, denunciaron que entre 2022 y 2025 los casos de violencia doméstica e intrafamiliar aumentaron un 107%, afectando a mujeres, niñas, adolescentes, personas mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Las manifestantes señalaron al Poder Ejecutivo por impulsar un proyecto que aumentaría las penas por aborto y por la derogación de la ya restrictiva norma técnica del aborto terapéutico mediante un decreto que, según ellas, pretende pasar por encima de la ley e incumple lo establecido en el Código Penal.
Además, rechazaron el texto sustitutivo del proyecto de ley “Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio” (Ley 10.263), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. Sostienen que el planteamiento representa un grave retroceso en los derechos de las familias sobrevivientes de femicidios y debilita los mecanismos de reparación, acompañamiento y justicia.
Las participantes también alertaron sobre la situación laboral: en 2024, un 58% de las mujeres en Costa Rica no tiene empleo, según el INEC, principalmente por responsabilidades de cuido. Por ello pidieron una política pública de empleo y un sistema robusto de servicios de cuidados que permita mayor independencia económica.
El recorrido culminó en la Plaza de la Democracia, donde criticaron al Estado por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos. Exigieron educación sexual integral, laica y con enfoque de género.
Finalmente, expresaron preocupación por la violencia y el despojo que enfrentan los pueblos indígenas, en particular en los territorios ancestrales recuperados del sur-sur, y denunciaron la falta de protección estatal hacia las personas defensoras. Los colectivos exigieron el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en esta materia.
