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Trece familias pobres quedaron fuera del proyecto de interés social El Faro, en Guararí de Heredia, debido a que no pagaron cuotas mensuales de ¢5.000 a la Asociación de Vivienda Las Orquídeas, administradora del proyecto.
Los vecinos fueron excluidos de las listas de potenciales beneficiarios pese a que tienen más de 20 años de vivir en el precario, que mide 5.864 metros cuadrados.
En su lugar, la presidenta de la asociación, Ligia Murillo, incluyó a familias que acceden a pagar las cuotas y que no pertenecen a Guararí de Heredia, según se desprende de la lista de potenciales beneficiarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Algunas de las personas enlistadas registran como lugar de residencia Pérez Zeledón y León XIII de Tibás, San José.
“Sí se hacen esos cobros, pero no tengo por qué decirle cuánto se cobra. Ya si usted ve algo incorrecto en eso o dice que las familias no son de Guararí, vaya y le pregunta al INVU. Ellos son los que tienen que fiscalizar eso. Yo no puedo ponerme a ver si mintieron o no.
”Las familias que se excluyeron es porque no quieren participar del proceso”, contestó Murillo.
El artículo 35 del Reglamento de Producción de Soluciones de Vivienda dicta que “no podrá haber cláusulas o disposiciones de la asociación que impongan el pago de sumas de dinero o cuotas a la asociados para su eventual selección como beneficiarios ”.
Desalojo. En noviembre del 2012, el INVU envió cartas de desalojo a las 13 familias que no estaban incluidas en la lista de beneficiarios. Les concedió un plazo de 15 días para desocupar el terreno.
“Que voluntariamente usted desaloje y demuela su estructura habitacional (...). Se le concede un plazo improrrogable de 15 días para que desaloje el terreno que ocupa”, dice la carta que recibió la familia de Shirley Cubero en el 2012.
Ante la amenaza de perder su casa, las familias interpusieron demandas ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, y hay una medida cautelar contra el proyecto El Faro que tiene frenada la obra. En la demanda consta el condicionante de las cuotas de ¢5.000 para poder formar parte del proyecto.
“Nosotros veníamos pagando cuotas de ¢5.000. Los cobros venían desde el 2008; yo le pagué. En el 2012 ya no podía pagarle a Ligia Murillo y entonces decidió sacarme de la lista. Para uno, que vive en esta pobreza, ¢5.000 significa mucho”, manifestó Margarita Martínez, vecina que fue excluida.
Así como ella, las otras familias se quejan ante la falta de soluciones y los anuncios de Murillo de que serán desalojadas.
“La presidenta Ligia Murillo nos dice que, si no pagamos, quedamos fuera. Somos gente humilde y es una injusticia que si tenemos 20 años de vivir aquí, nos vayan a sacar y traigan a familias que ni son de este lugar”, manifestó Shirley Cubero, otra de las afectadas.
Para evitar que el proyecto siga sin avance, el INVU pidió levantar una nueva lista de los beneficiarios del proyecto de bien social.
“El INVU pidió hacer un nuevo censo para presentar una nueva lista. Hemos empezado a reunirnos con abogados de las familias afectadas para conciliar porque el proyecto está frenado”, dijo el presidente ejecutivo Álvaro González.
El proyecto tiene un costo de ¢1.000 millones y será levantado por la empresa Construcciones Modulares de Costa Rica, pese a que la Comisión de Revisión de Ofertas del INVU dijo que esa compañía carece de capacidad financiera para asumir la obra.
En el Registro Nacional consta que la presidenta de la Asociación Las Orquídeas, Ligia Murillo Quirós, también preside otras dos agrupaciones de vivienda de interés social: la Asociación de Vivienda y Desarrollo Radial Los Sauces (Heredia) y la Asociación Pro Vivienda La Unión (San Carlos).
“Si se incumplió con algo del reglamento, el INVU decidirá qué va hacer. Yo no le puedo responder ”, concluyó la presidenta Murillo.
