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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó el 16 de abril una reforma que modifica la forma en que se otorgan las incapacidades médicas en Costa Rica. A partir de ahora, será obligatorio aplicar un criterio único para definir la cantidad de días según cada diagnóstico, con el fin de eliminar diferencias entre médicos y centros de atención.
La medida establece que todas las incapacidades deberán regirse por el Catálogo de diagnósticos más frecuentes en incapacidades, el cual fija rangos de días según la enfermedad. Este parámetro será obligatorio tanto en consulta externa como en servicios de emergencias.
La decisión busca corregir una situación en la que personas con una misma condición recibían incapacidades con distinta duración. Esto ocurría según el médico tratante, el establecimiento de salud o si la recomendación provenía del sector privado.
Con el cambio, la duración ya no dependerá del criterio individual del profesional. Se aplicará un estándar nacional uniforme.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, indicó que la institución tiene la responsabilidad de garantizar equidad y coherencia en decisiones que afectan a las personas trabajadoras y al sistema de seguridad social. Señaló que la reforma ordena y clarifica el otorgamiento de incapacidades.
Alcance incluye sector privado
Uno de los cambios más relevantes es que la regulación ahora también abarca incapacidades recomendadas fuera de la CCSS. Esto incluye la medicina privada, la medicina de empresa, aseguradoras y otros proveedores externos.
Según la doctora Paula Villalobos Solano, coordinadora de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades, la falta de criterios uniformes generó diferencias difíciles de justificar desde el punto de vista técnico. Indicó que el catálogo establece parámetros claros para asegurar duraciones similares ante un mismo diagnóstico.
Auditoría detectó inconsistencias
La reforma responde a hallazgos de la Auditoría Interna de la institución. Estos evidenciaron falta de uniformidad y posibles inequidades en el otorgamiento de incapacidades debido a la discrecionalidad médica.
Además, la Gerencia Médica asumirá la potestad de actualizar o modificar el catálogo. Este proceso requerirá análisis técnico previo y busca fortalecer el control interno y la trazabilidad de las decisiones.
Antes de entrar en vigencia, el acuerdo deberá someterse a un proceso de audiencia pública, como lo establece la normativa vigente.
