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El Tribunal Penal de Hacienda ordenó volver a analizar la validez de las pruebas procedentes de escuchas telefónicas que forman parte del expediente del Caso Diamante y que previamente había sido declarada como espuria, tras supuestos errores procesales.
La solicitud había sido planteada por la defensa e incluía la ineficacia de la orden de allanamiento, su ejecución, la orden de levantamiento de secreto bancario, la prueba obtenida, actas de decomiso, bienes decomisados, declaraciones indagatorias y otras actuaciones o elementos probatorios directamente relacionados con el producto de las intervenciones telefónicas.
No obstante, tras la resolución emitida en diciembre anterior, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación que fue declarado con lugar este 22 de abril y con esto se ordenó volver los autos ante el Juzgado Penal para que se resuelva conforme a derecho. Lo que significa que un nuevo tribunal deberá decidir sobre la legitimidad de ese material.
En el Caso Diamante se investiga al alcalde de Cartago,Mario Redondo, así como los exalcaldes Johnny Araya (San José), Alfredo Córdoba (San Carlos), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Alberto Cole (Osa) y otros funcionarios públicos y privados, quienes figuran como sospechosos de haber recibido dádivas en contratos por obras viales municipales.
Las acciones judiciales por este caso conllevaron una serie de allanamientos que terminaron con la captura de los sospechosos el 15 de noviembre del 2021, donde también se detuvo a funcionarios municipales y representantes de las firmas constructoras MECO y Explotec.
