Molestos por el manejo del gobierno frente a la ola de violencia contra las mujeres, un grupo de 640 personas dirigió una carta a la ministra Cindy Quesada Hernández para hacer una serie de exigencias.
La primera de sus demandas es precisamente la renuncia de Quesada como ministra de Condición de la Mujer debido a sus recientes declaraciones en relación con la seguidilla reciente de femicidios. Para los firmantes, la gestión en la defensa de los derechos de las mujeres ha sido un fracaso.
El grupo reprocha comentarios que la funcionaria hizo al Semanario Universidad, el pasado 27 de enero, en los que afirmó que no promovería la declaratoria de emergencia nacional por los femicidios porque, según ella, “lo que está ocurriendo no es un hecho fortuito que no se pudo prever”.
Según la misiva, la jerarca dio a entender que la ola de femicidios es esperable y está prevista estadísticamente.
“Tal declaración naturaliza la masacre, pasando por alto que la declaratoria de emergencia también aplica para eventos que, aunque previsibles resultan inevitables, en tanto no han logrado ser controlados mediante medidas ordinarias de que dispone el gobierno”, señalan.
Para los firmantes, los hechos evidencian una incapacidad ética y técnico-política para asumir un compromiso real con la defensa y el avance de los derechos de las mujeres.
El grupo insiste además en la necesidad de que se declare estado de emergencia nacional, para que se instruya a las instituciones incorporar acciones, medidas y recursos para prevenir la violencia y atender a las víctimas. En esta labor, deben incluirse tanto las entidades del Poder Ejecutivo como las municipalidades.
La ministra rechazó emitir esa declaratoria el 10 de julio del año pasado, en respuesta a la solicitud planteada por 22 legisladoras.
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El grupo considera que la gestión de Quesada Hernández y la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Yerlyn Zúñiga Céspedes, lejos de fortalecer las políticas públicas contra la violencia, las han debilitado. Como ejemplo, citan el recorte de financiamiento a esas políticas para destinarlo a iniciativas como Puntos Violeta, las cuales, según afirman, no han representado un apoyo real para las mujeres.
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“Los resultados de su gestión, después de tres años en el Ministerio, están a la vista: entre 2022 y 2024, los femicidios de pareja aumentaron. A esto se suman los siete femicidios registrados en 2025”, indica la carta.
Los firmantes también critican que, en lugar de reconocer el impacto de estos crímenes en la vida de las mujeres, sus familias y el país, se ha descalificado a las organizaciones y actores sociales que denuncian la situación, tildándolos de radicales.
Entre sus demandas, el grupo clama por transparencia y rendición de cuentas, así como por la recuperación y fortalecimiento de políticas contra la violencia, que también atienda las causas estructurales de la desigualdad, como el acceso al trabajo digno y la autonomía de las mujeres.
