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La Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), que agrupa a la mayor parte de radiodifusores del país, confirmó este lunes que ninguna de sus 58 emisoras afiliadas participó en la subasta para adjudicar frecuencias de radio y televisión que instruyó el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y ejecuta la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La confirmación fue dada por Andrés Quintana, presidente de la Comisión de Gobierno de Canara y presidente honorario de la agrupación, quien explicó que la no participación se debió a “una combinación de factores: precios base exorbitantemente altos, complejidades técnicas y consideraciones legales que impregnan todo el proceso”.
“Estamos hablando de un concurso que impuso condiciones imposibles para la mayoría de emisoras del país, particularmente para las regionales y comunitarias. El resultado es que todas las emisoras afiliadas a Canara quedaron fuera de la subasta”, declaró Quintana.
El proceso de subasta constituye el mayor cambio regulatorio en la radiodifusión de señal abierta en décadas. Por primera vez, los concesionarios deben pagar por participar en la puja y, posteriormente, por el uso del espectro.
Los precios base fijados por la Sutel son: $386.000 por una frecuencia de radio FM nacional en modalidad IBOC (radio digital híbrida) y $1,6 millones por una frecuencia nacional de televisión
A esto se suma que el concurso es de sobrecerrado con fase de puja, lo que implica competir por dinero contra nuevos oferentes con mayor músculo financiero.
“Para muchas emisoras pequeñas y medianas, simplemente no es viable competir bajo estas reglas”, agregó Quintana.
Canara mantiene la posición de que la subasta es “ilegal e inmoral” porque —según sus argumentos— incluye frecuencias cuya prórroga ya había sido aprobada técnicamente por la Sutel y estaba en proceso final ante el Micitt.
Quintana recordó que la radiodifusión de acceso libre no es un servicio de telecomunicaciones, según dictámenes de la Procuraduría General de la República, y por tanto debe seguir regulada por la Ley de Radio, que establece prórroga automática mediante pago de derechos.
“Incluir en la subasta frecuencias que ya tenían solicitudes de prórroga aprobadas viola derechos adquiridos y constituye un daño de imposible reparación”, subrayó.
